Los contratistas y el Estado

"Ha llegado el momento de ponerle punto final a los episodios vergonzosos que a diario pululan por las administraciones de la geografía nacional. Estamos en el instante preciso de recuperar la confianza indispensable para demostrar la solidaridad a las gestiones del gobierno de turno".

José Fontalvo De La Hoz

El revuelo que ha causado los contratos celebrados por la administración de la ciudad de Bogotá con algunas empresas y consorcios han puesto de manifiesto la evidente debilidad de la legislación colombiana referente a contratos, en especial, para el sector público. Las normas existentes son para una sociedad en ciernes y con pocos poros de corrupción; hoy necesitamos legislaciones que cierren todos los orificios susceptibles de ser espernancados por la sagacidad y malicia de los que quieren arrebatarle indoloramente los bienes al estado.

Las sociedades todas están integradas por hombres, no por Ángeles. Ha sido una constante el deseo de negociar con los estados porque en la mayoría de las ocasiones son unos muertos sin dolientes, es decir se dan los desfalcos y negociados más monstruosos y nadie se inmuta porque a quien se le roba es al estado y eso no es robo, robarle al estado es una virtud, no un delito. Esta es la concepción de la generalidad de las personas, muy equívoca, por cuanto todos contribuimos con el erario y a todos nos pertenece no para hacer mal uso de él sino procurando que los recursos se inviertan de la mejor manera aplicando así una redistribución social de los recursos a través de las distintas obras e inversiones en los campos de la educación, la salud, la tecnología, la ciencia y, algo muy importante, creando en forma permanente frentes de trabajo o empleo seguro para todos los asociados.

Un estado como Colombia con un alto índice de desempleo debe comportarse de otra manera haciendo respetar sus intereses con instrumentos jurídicos que comprometan a todos sus habitantes por igual, tal como ocurre con los impuestos de los que nadie puede excluirse, y de alguna manera contribuyen según posean pertenencias.

Es ilógico que al haber contribuido todos los colombianos con el erario por medio de los impuestos resulten favorecidos tres o cuatro, solo por el hecho de la celebración de contratos leoninos e incumplidos en muchas ocasiones.

Estas personas, futuros contratistas, sin méritos ni suficientes recursos económicos por sus buenas conexiones con los politiqueros de turno, se hacen adjudicar excelentes contratos que en un abrir y cerrar de ojo amasan una fortuna inimaginable para una mente del común.

Sería conveniente detectar con precisión cuáles son las fallas de la legislación de contratos para encausar enhorabuena las administraciones municipales, distritales, departamentales y por ende de la nación que manifiestan una atmósfera de tribulación y desencanto.

Ojala se pudiera develar toda la verdad de los contratos con el estado desde veinte años atrás. La nación tendría la oportunidad de conocer a sus buenos o malos miembros y ella misma tendría facultades para exaltarlos o despreciarlos por la afrenta que les ha causado.

Para que se solidifiquen las bases de la Tercera Vía y la Unidad Nacional, es preciso un buen gobierno que garantice el cambio y el progreso, que de veras, le hace mucha falta al estado colombiano. Ese buen gobierno lo podríamos conseguir moralizando las instituciones y profundizando la revolución educativa para que todos los colombianos seamos partícipes de las transformaciones necesarias que nos inserten en el concierto mundial.

Ha llegado el momento de ponerle punto final a los episodios vergonzosos que a diario pululan por las administraciones de la geografía nacional. Estamos en el instante preciso de recuperar la confianza indispensable para demostrar la solidaridad a las gestiones del gobierno de turno. Todo esto se consigue con ejecutorias beneficiosas tanto para incluidos como excluidos.

Que bueno ponerle un torpedo a toda la política de las contrataciones nacionales con la resuelta determinación de aplicarle un hemostático al desangre del erario de la nación que encoge, aun mas, la esperanza, riqueza universal de los humanos.

Frenar el festín de los contratos con las entidades públicas reduciría la brecha entre pudientes e insolventes, germen de todas las expresiones de violencia, y nos colocaríamos como nación pionera contra la corrupción. No cuesta nada, intentémoslo.

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