El próximo ranking de Forbes de los
empresarios más ricos del mundo ya no le servirá a Eike Batista como
carta de presentación. Su nombre no aparecerá entre los diez primeros
billonarios y ni siquiera figurará como el hombre más rico de Brasil.
Sus empresas están en crisis. Su petrolera estrella, OGX, ha perdido más
de 98% de valor bursátil. Su sueño de ser el hombre más rico del mundo,
como lo prometió a sus amigos hace 24 años, se ha derrumbado cual
castillo de naipes.
Poco se ha hablado, sin embargo, del impacto de estos eventos sobre las operaciones de Batista en Colombia. Batista es considerado uno de los grandes inversionistas extranjeros en el país y sus proyectos de inversión superan los US$4.000 millones. Como consecuencia de la caída del millonario brasileño, CCX Colombia, su más ambicioso proyecto carbonífero, ha visto menguadas sus expectativas y necesita encontrar cuanto antes un socio estratégico. Si dicho socio no aparece, la operación podría ser desmantelada. Lamentablemente, las operaciones de Batista en Colombia no van a dejar un recuerdo favorable.
CCX es hoy objeto de múltiples demandas por incumplimientos en negocios con empresas que le cedieron títulos mineros en la Guajira, por valores que podrían superar los US$200 millones. Adicionalmente, algunas evidencias demostrarían desorden administrativo y falta de control dentro de la empresa. En particular, desde el despacho de Leyla Rojas, responsable del tema de sostenibilidad en CCX y exviceministra de Aguas, se habrían manejado operaciones cuestionables en referencia a relaciones que mantenía la empresa con actores políticos regionales. El colapso de las empresas de Batista tiene una cara desconocida en su operación colombiana.
Las semillas de la discordia
El ascenso y caída de las operaciones de Eike Batista en Colombia ocurrió en un periodo extraordinariamente corto. En agosto de 2012, las perspectivas para CCX parecían ser excepcionales. En la mina subterránea San Juan se habían detectado 5,6 billones de toneladas de recursos de carbón mineral de alta calidad. Según Golder Associates INC. y AMEC Americas Limited, certificadoras del volumen de las reservas y del total de los recursos, se trata de uno de los cinco mayores depósitos de carbón en el mundo. El entonces presidente de la empresa en Colombia, Moretzsohn de Andrade, hacía anuncios plenos de optimismo., al presentar uno de sus balances trimestrales. “Creemos”, afirmó Moretzshon, “que el hallazgo y la creación de un proyecto minero integrado permitirán que el producto alcance el creciente mercado transoceánico global de carbón mineral y hará de CCX una gran jugador de este mercado”.
Por esos mismos días estaba ya concluido el proceso de escisión de activos de minería de carbón de MPX en Colombia y la nueva CCX entraba al exclusivo mercado de BM & Fbvespa, operadora de la Bolsa de Valores de Brasil. Se iniciaba también, con buenos augurios, el trámite para buscar la concesión para construir un puerto privado de aguas profundas. Este puerto, junto con una vía férrea de 150 kilómetros, sería el pivote logístico alrededor del cual giraría la futura explotación de la mina de San Juan del Cesar y de los yacimientos a cielo abierto de Cañaverales y Papayal, en La Guajira. El entusiasmo crecía. Cuatro días después de la presentación de Moretzhon, la comisionista de InterBolsa llamaba la atención de sus clientes sobre el presente y futuro de la minera brasilera, con una “recomendación de compra especulativa equivalente a un potencial de valorización de 134%”.
CCX fue presentada allí como futura abastecedora de carbón, no solo de su hermana corporativa EBX, proveedora de energía en Brasil y Chile, sino en China y otros mercados asiáticos. Sin embargo, tan solo dos meses más tarde Moretzhon presentó su renuncia. No solo dejaba su cargo en CCX, sino que le decía adiós a la organización de Batista, donde había trabajado como uno de los más altos consejeros financieros. Algunos medios de Brasil se refirieron al tema y a los rumores que circularon en ese momento y se hablaba de “malquerientes internos” que días atrás se referían a su inminente salida, días antes que Moretzhon hiciera cualquier anuncio al respecto.
Moretzhon había insistido en que se reforzara un sistema de alertas de riesgos reputacionales en CCX, después de que, por iniciativa de ejecutivos colombianos, la organización de Batista invitara a un grupo de alcaldes y concejales de La Guajira para una gira turística a Rio de Janeiro con todos los gastos pagos. El paseo, que ocurrió antes de que él llegara a la compañía, dio pie a un escándalo, tanto en Brasil, donde fue revelado por el diario La Folha de Sao Paulo, como en Colombia, donde el diario El Heraldo de Barranquilla y la columnista María Jimena Duzán se ocuparon del tema. No tenía presentación este evento, cuando los invitados serían precisamente los funcionarios encargados de aprobar beneficios fiscales y establecer excepciones a normas de los planes de ordenamiento territorial en beneficio del proyecto carbonífero.
Por otra parte, el retiro de Moretzhon coincidió con la preparación de un informe interno de auditoría que señalaba anomalías en el trámite, aprobación y cumplimiento de contratos y desafueros por parte de algunos de los funcionarios con atribuciones para ordenar gastos. El pasado viernes 5 de julio, Dinero llamó a Moretzhon a Brasil para preguntarle si esa auditoría, que revelaba vicios que él había combatido, había pesado en su salida. “El informe reveló cuellos de botella indeseables, pero mi retiro obedeció sobre todo a desacuerdos con decisiones tomadas por la matriz para enfrentar una crisis relacionada con el operación petrolera, que terminó desfinanciando proyectos paralelos como el nuestro”, explicó. “Las decisiones eran inconvenientes en momentos en que ya se advertía la caída en los precios del carbón”, agregó.
Tras la abrupta salida de Moretzhon se ha desatado una cascada de reclamos sobre incumplimientos en los contratos de cesión de derechos de títulos mineros. Mientras unos se quejan de incumplimiento en los pagos convenidos sobre el total de “reservas minables”, otros acusan a CCX de entregar información falsa sobre la inexistencia de carbón en las áreas objeto de negociación. Estos litigios extienden hoy una sombra de duda sobre las negociaciones para acordar la eventual entrada de un socio estratégico que permita salvar la operación de CCX. De hecho, podría convertirse en un pasivo contingente.
Lluvia de demandas
Durante este año ha salido a la superficie una serie de conflictos de CCX con empresas que le cedieron títulos mineros para conformar su explotación en la Guajira. Estas empresas argumentan que CCX no cumplió con sus compromisos y ahora reclaman importantes sumas como compensación. Uno de estos litigios fue iniciado por la sociedad C.I Minispecial y Cía. sociedad en comandita. Esta empresa argumenta que CCX incumplió un compromiso de pago de un adelanto sobre rentas mineras por US$25 millones. La empresa, que es asesorada jurídicamente por el exprocurador Edgardo Maya Villazón, propuso a CCX que, para no ir a un tribunal de arbitramento, la firma de Batista pagara una suma no inferior a un millón de dólares, “por perjuicios irrogados como consecuencia del incumplimiento y US$500.000 más como pena pecuniaria”.
La eventual diferencia litigiosa surge por la manera como estaban siendo manejados los contratos de cesión de los derechos de explotación de los títulos mineros números GDI-081 y GDI-082, celebrados el 26 de noviembre de 2008 y con obligaciones vencidas desde el 26 de mayo de 2011. Esta reclamación implica una cuenta que crece con los días como en un taxímetro, e incluye el pago de 20% del total de las reservas minables a cielo abierto, a razón de US$2,30 por tonelada; más el pago de 13,33% de las rentas liquidadas sobre las reservas técnicas.
El acuerdo propuesto fue rechazado mediante un correo electrónico por Bernardo Perseke, representante legal de CCX. Perseke, un joven que tuvo que sortear dificultades en Colombia por falta de homologación de sus títulos de pregrado y maestría en leyes, actuaba como consejero general. Tras el retiro de Moretzhon, asumió buena parte de sus funciones. Otro litigio ha sido planteado por Jorge Arturo Toca Díaz. En asocio con Lubdin Fortunato Amézquita Satoba, en un caso, y con Juan José Castillo López, en otro, Toca firmó en noviembre de 2008 y septiembre de 2009 dos contratos en los que CCX se comprometía a pagarles US$700.000. Hoy, Toca siente que ha sido defraudado y decidió interponer una demanda arbitral, apoderado por el abogado Gustavo Alemán Badel, del bufete del penalista Abelardo De la Espriella.
Según los demandantes, CCX buscó desestimular la ejecución del contrato mostrando una información sobre la inexistencia de carbón en las áreas negociadas. La compañía contrató a los ingenieros Luis Fernando Giraldo, Jaime Tabares y Luis Eduardo Huertas para que refrendaran sus informes sobre la ausencia de carbón en aquellas áreas de La Guajira. Sin embargo, el informe de estos tres abogados es totalmente opuesto al que presentó la firma especializada John T. Boyd Company –también contratada por CCX en su momento– , el cual detallaba las cantidades y calidades de los mantos de carbón que se encontraban en el subsuelo de cada placa estudiada y calificaba a estas áreas como “de suma importancia” por su riqueza carbonífera.
Por lo demás, los títulos de los demandantes serían los únicos improductivos en el sector que ocupan. La empresa brasilera pagó a la mayoría de sus vecinos sumas superiores por la cesión de los títulos y se comprometió un royalty o participación en la producción, que oscilaría entre UD$1,80 o US$3,20, según se tratara de una reserva a cielo a abierto o de material proveniente de áreas subterráneas. Estos son dos de los casos más destacados de posibles incumplimientos, pero se avecina una catarata de demandas similares que, de acuerdo con De la Espriella, incluyen pretensiones totales por encima de los US$200 millones.
Esta suma es sustancial, si se tiene en cuenta que las inversiones que alcanzó a hacer CCX en Colombia acumularon cerca de US$434 millones. “El país no conoce todavía los niveles de incumplimiento del señor Batista en La Guajira, pero no dudo en afirmar que estamos en presencia de un InterBolsa en el sector minero”, sostiene el polémico abogado De la Espriella.
Dinero buscó al abogado Carlos Gerardo Mantilla Gómez, actual representante legal de CCX Colombia en materia jurídica, para conocer la posición de la compañía frente a estas acciones legales. Mantilla solo acepto responder un cuestionario cuyas respuestas serían consultadas previamente con Brasil. Según él, en algunos casos la compañía es la verdadera perjudicada. “En cuanto a los requerimientos judiciales, tenemos procesos rutinarios normales de una compañía minera que busca realizar un proyecto viable, responsable y organizado”, dijo.
Campañas y helicópteros
Aparte de las demandas, CCX, al parecer, presentaba desajustes administrativos que resultarían reveladores sobre la forma como la empresa operaba y su aparente tolerancia frente prácticas poco ortodoxas en las relaciones con actores externos en las regiones y en el gobierno central. Alejandro Arias, abogado y comunicador que asesora a las comunidades indígenas asentadas en el área del proyecto, afirma que después de que Moretzson asumió como CEO él lo visitó para denunciar que durante las últimas elecciones regionales CCX estaba promoviendo una de las campañas a la Gobernación de La Guajira. “Le demostré”, asegura Arias, “que la exviceministra Leyla Rojas, en ese momento directora de sustentabilidad, estaba contratando con mano amplia a personas afectas a esa campaña”.
Los directivos de CCX se mostraron preocupados, pero al parecer Rojas manejaba una influencia especial ante la matriz en Brasil. Posteriormente, aparecieron nuevas evidencias sobre aparentes actuaciones irregulares de ella. Tras el informe de auditoría de la empresa para 2011, circuló entre los miembros del directorio de CCX uno clasificado como confidencial que mostraba cómo la directora de sostenibilidad había suscrito varios contratos que parecían incluir irregularidades en su cumplimiento. Uno de estos fue un contrato por US$1,4 millones con la sociedad Melia para un licenciamiento especial.
Aunque el objeto consistía en asesorías sobre esa temática, no había ninguna evidencia de que se estuviera ejecutando. Los recursos destinados a su pago, entre tanto, eran girados a cuentas en Panamá cuyos titulares se desconocen hasta el sol de hoy. Alexandre Wagner, ejecutivo encargado de verificar los procesos de revisión contractual y ordenación del gasto, acopió información sobre serios desangres financieros en otras áreas de contratación. Documentos en su poder mostraban que otro contrato con la firma Integral, cuyo valor inicial superaba los US$680.000, venía siendo adicionado pese a que no mostraba avances.
Otro contrato, suscrito con Ingetec, dejaba en claro que varios trabajadores de planta eran pagados bajo la modalidad hora-hombre, lo que inflaba los costos. Un contrato duplicado con la empresa CRA Colombia y CRA Canadá pagaba dos veces por el mismo servicio. En otro caso se hizo evidente que con recursos de CCX había sido prácticamente sostenida la firma operadora social Control Ambiental Consulting, a la que la multinacional brasileña le dotaba desde bicicletas hasta carros último modelo y le pagaba costos de operación “por varios millones de dólares”, según se lee en el informe.
La existencia de cerca de 50 contratos multimillonarios que no correspondían a los criterios de “pertinencia, oportunidad y austeridad” despertó alertas en los sistemas de control en Brasil. Sin embargo, Paulo Monteiro y José Gustavo de Souza Costa, máximas autoridades internas en el área de la sostenibilidad en Brasil y el segundo nuevo CEO en Colombia, pero ausente del país, se negaron a atender las reuniones urgentes que les pedían los directivos desde Colombia.
En 2012, una alerta reputacional que llegó a Río de Janeiro advirtió que Leyla Rojas pretendía alquilar un helicóptero con recursos de la compañía para llevar a un alto funcionario del gobierno nacional y a su familia a un recorrido por la Sierra Nevada de Santa Marta. Por orden de la matriz se realizó una teleconferencia en la que la señora Rojas fue requerida para que explicara el objeto del viaje. Ella insistió en la conveniencia del viaje para dar una nueva dinámica a las consultas con las comunidades indígenas que, según ella, estaban frenando el proyecto. Sin embargo, las dependencias que generaron la alerta, sostuvieron que el objetivo del viaje era distinto al planteado y el asunto generaba el riesgo de un escándalo, que sería muy costoso en términos de imagen. Pocos minutos después de concluida la teleconferencia llegó un mensaje desde Río que desautorizaba la contratación del helicóptero.
Posteriormente, los críticos de la exviceministra salieron de la empresa durante la ejecución de recortes de personal que redujeron la nómina, que inicialmente fue de más de 300 personas, a cerca de 30. Entre tanto, Leyla Rojas fue trasladada a un alto cargo en la compañía AUX, otra operación del grupo Batista en Colombia que se dedica al negocio del oro. Así, por un lado CCX gastaba grandes recursos, mientras por otro acumulaba incumplimientos. Por ejemplo, realizó un acuerdo con el Ejército para la protección, en las áreas donde están sus yacimientos, de las instalaciones donde había ingenieros y asesores europeos y costosos taladros. El convenio con la fuerza militar, firmado a finales de 2011 por US$800.000, nunca fue pagado, pese a que no suponía desembolso de dinero sino obras para mejorar la moral y el bienestar de la tropa. Recientemente, la empresa entregó un carro en calidad de “compensación”.
Las crecientes dudas sobre los malos manejos administrativos llevaron al gerente de operaciones, Ricardo Miranda, a tomar una decisión desesperada: intervenir los correos y las comunicaciones para identificar a los responsables de desfalcos sistemáticos. “Pudimos constatar –advirtió un informe correspondiente a 2010 o 2011– que había compromisos con soporte documental por valor de US$6’058.981 millones, cuyo incumplimiento ha estado generando malestar en el área de influencia del proyecto, tanto en las comunidades como en las autoridades y en los medios de comunicación regionales”. El informe solo se refería a incumplimiento de pagos tales como las compras de predios, por lo cual gestores fueron atacados o amenazados. No incluía el espinoso capítulo de los títulos.
Gigante con pies de barro
La evolución de CCX en Colombia podría ilustrar una de las principales causas de la caída del imperio de Eike Batista. Un grupo que creció aceleradamente, impulsado por un empresario fuertemente carismático con acceso a un creciente apalancamiento financiero, que mantuvo una estructura administrativa distante y que no aceptaba malas noticias. Esa era la regla en CCX. De acuerdo con numerosas fuentes consultadas, las contingencias judiciales no eran llevadas a las juntas y es posible que Perseke y otros ejecutivos hayan preferido manejarlas en el ámbito local o subestimar su importancia. “Todos sabemos bien”, explicó un exdirectivo de la multinacional, “que Eike siempre manejó un optimismo frente al cual los riesgos quedaban minimizados y el solo hecho de que alguien se los mencionara lo hacía sentir incómodo”.
La suerte de la operación de CCX en Colombia está sujeta a lo que ocurra con los restos del imperio Batista. La consecución de un socio estratégico dependerá no solamente del estado de los pasivos y las contingencias legales en Colombia, sino también del desenlace de esta crisis para la matriz de Brasil. La deuda del grupo se acerca a los US$11.000 millones y los bancos rondan, buscando apoderarse de los activos que aún tengan valor. El BTC Pactual, que hace pocos meses fue anunciado como socio estratégico para sacar adelante las empresas de Batista, es al parecer el jugador más importante y habría avanzado a través de su figura de aliado hacia una toma de poder sobre los activos.
El triste final de esta aventura deja en su camino grandes preguntas sobre el desarrollo futuro de las áreas mineras concedidas a la empresa en nuestro país y su impacto sobre las posibilidades de crecimiento de esas regiones.
Poco se ha hablado, sin embargo, del impacto de estos eventos sobre las operaciones de Batista en Colombia. Batista es considerado uno de los grandes inversionistas extranjeros en el país y sus proyectos de inversión superan los US$4.000 millones. Como consecuencia de la caída del millonario brasileño, CCX Colombia, su más ambicioso proyecto carbonífero, ha visto menguadas sus expectativas y necesita encontrar cuanto antes un socio estratégico. Si dicho socio no aparece, la operación podría ser desmantelada. Lamentablemente, las operaciones de Batista en Colombia no van a dejar un recuerdo favorable.
CCX es hoy objeto de múltiples demandas por incumplimientos en negocios con empresas que le cedieron títulos mineros en la Guajira, por valores que podrían superar los US$200 millones. Adicionalmente, algunas evidencias demostrarían desorden administrativo y falta de control dentro de la empresa. En particular, desde el despacho de Leyla Rojas, responsable del tema de sostenibilidad en CCX y exviceministra de Aguas, se habrían manejado operaciones cuestionables en referencia a relaciones que mantenía la empresa con actores políticos regionales. El colapso de las empresas de Batista tiene una cara desconocida en su operación colombiana.
Las semillas de la discordia
El ascenso y caída de las operaciones de Eike Batista en Colombia ocurrió en un periodo extraordinariamente corto. En agosto de 2012, las perspectivas para CCX parecían ser excepcionales. En la mina subterránea San Juan se habían detectado 5,6 billones de toneladas de recursos de carbón mineral de alta calidad. Según Golder Associates INC. y AMEC Americas Limited, certificadoras del volumen de las reservas y del total de los recursos, se trata de uno de los cinco mayores depósitos de carbón en el mundo. El entonces presidente de la empresa en Colombia, Moretzsohn de Andrade, hacía anuncios plenos de optimismo., al presentar uno de sus balances trimestrales. “Creemos”, afirmó Moretzshon, “que el hallazgo y la creación de un proyecto minero integrado permitirán que el producto alcance el creciente mercado transoceánico global de carbón mineral y hará de CCX una gran jugador de este mercado”.
Por esos mismos días estaba ya concluido el proceso de escisión de activos de minería de carbón de MPX en Colombia y la nueva CCX entraba al exclusivo mercado de BM & Fbvespa, operadora de la Bolsa de Valores de Brasil. Se iniciaba también, con buenos augurios, el trámite para buscar la concesión para construir un puerto privado de aguas profundas. Este puerto, junto con una vía férrea de 150 kilómetros, sería el pivote logístico alrededor del cual giraría la futura explotación de la mina de San Juan del Cesar y de los yacimientos a cielo abierto de Cañaverales y Papayal, en La Guajira. El entusiasmo crecía. Cuatro días después de la presentación de Moretzhon, la comisionista de InterBolsa llamaba la atención de sus clientes sobre el presente y futuro de la minera brasilera, con una “recomendación de compra especulativa equivalente a un potencial de valorización de 134%”.
CCX fue presentada allí como futura abastecedora de carbón, no solo de su hermana corporativa EBX, proveedora de energía en Brasil y Chile, sino en China y otros mercados asiáticos. Sin embargo, tan solo dos meses más tarde Moretzhon presentó su renuncia. No solo dejaba su cargo en CCX, sino que le decía adiós a la organización de Batista, donde había trabajado como uno de los más altos consejeros financieros. Algunos medios de Brasil se refirieron al tema y a los rumores que circularon en ese momento y se hablaba de “malquerientes internos” que días atrás se referían a su inminente salida, días antes que Moretzhon hiciera cualquier anuncio al respecto.
Moretzhon había insistido en que se reforzara un sistema de alertas de riesgos reputacionales en CCX, después de que, por iniciativa de ejecutivos colombianos, la organización de Batista invitara a un grupo de alcaldes y concejales de La Guajira para una gira turística a Rio de Janeiro con todos los gastos pagos. El paseo, que ocurrió antes de que él llegara a la compañía, dio pie a un escándalo, tanto en Brasil, donde fue revelado por el diario La Folha de Sao Paulo, como en Colombia, donde el diario El Heraldo de Barranquilla y la columnista María Jimena Duzán se ocuparon del tema. No tenía presentación este evento, cuando los invitados serían precisamente los funcionarios encargados de aprobar beneficios fiscales y establecer excepciones a normas de los planes de ordenamiento territorial en beneficio del proyecto carbonífero.
Por otra parte, el retiro de Moretzhon coincidió con la preparación de un informe interno de auditoría que señalaba anomalías en el trámite, aprobación y cumplimiento de contratos y desafueros por parte de algunos de los funcionarios con atribuciones para ordenar gastos. El pasado viernes 5 de julio, Dinero llamó a Moretzhon a Brasil para preguntarle si esa auditoría, que revelaba vicios que él había combatido, había pesado en su salida. “El informe reveló cuellos de botella indeseables, pero mi retiro obedeció sobre todo a desacuerdos con decisiones tomadas por la matriz para enfrentar una crisis relacionada con el operación petrolera, que terminó desfinanciando proyectos paralelos como el nuestro”, explicó. “Las decisiones eran inconvenientes en momentos en que ya se advertía la caída en los precios del carbón”, agregó.
Tras la abrupta salida de Moretzhon se ha desatado una cascada de reclamos sobre incumplimientos en los contratos de cesión de derechos de títulos mineros. Mientras unos se quejan de incumplimiento en los pagos convenidos sobre el total de “reservas minables”, otros acusan a CCX de entregar información falsa sobre la inexistencia de carbón en las áreas objeto de negociación. Estos litigios extienden hoy una sombra de duda sobre las negociaciones para acordar la eventual entrada de un socio estratégico que permita salvar la operación de CCX. De hecho, podría convertirse en un pasivo contingente.
Lluvia de demandas
Durante este año ha salido a la superficie una serie de conflictos de CCX con empresas que le cedieron títulos mineros para conformar su explotación en la Guajira. Estas empresas argumentan que CCX no cumplió con sus compromisos y ahora reclaman importantes sumas como compensación. Uno de estos litigios fue iniciado por la sociedad C.I Minispecial y Cía. sociedad en comandita. Esta empresa argumenta que CCX incumplió un compromiso de pago de un adelanto sobre rentas mineras por US$25 millones. La empresa, que es asesorada jurídicamente por el exprocurador Edgardo Maya Villazón, propuso a CCX que, para no ir a un tribunal de arbitramento, la firma de Batista pagara una suma no inferior a un millón de dólares, “por perjuicios irrogados como consecuencia del incumplimiento y US$500.000 más como pena pecuniaria”.
La eventual diferencia litigiosa surge por la manera como estaban siendo manejados los contratos de cesión de los derechos de explotación de los títulos mineros números GDI-081 y GDI-082, celebrados el 26 de noviembre de 2008 y con obligaciones vencidas desde el 26 de mayo de 2011. Esta reclamación implica una cuenta que crece con los días como en un taxímetro, e incluye el pago de 20% del total de las reservas minables a cielo abierto, a razón de US$2,30 por tonelada; más el pago de 13,33% de las rentas liquidadas sobre las reservas técnicas.
El acuerdo propuesto fue rechazado mediante un correo electrónico por Bernardo Perseke, representante legal de CCX. Perseke, un joven que tuvo que sortear dificultades en Colombia por falta de homologación de sus títulos de pregrado y maestría en leyes, actuaba como consejero general. Tras el retiro de Moretzhon, asumió buena parte de sus funciones. Otro litigio ha sido planteado por Jorge Arturo Toca Díaz. En asocio con Lubdin Fortunato Amézquita Satoba, en un caso, y con Juan José Castillo López, en otro, Toca firmó en noviembre de 2008 y septiembre de 2009 dos contratos en los que CCX se comprometía a pagarles US$700.000. Hoy, Toca siente que ha sido defraudado y decidió interponer una demanda arbitral, apoderado por el abogado Gustavo Alemán Badel, del bufete del penalista Abelardo De la Espriella.
Según los demandantes, CCX buscó desestimular la ejecución del contrato mostrando una información sobre la inexistencia de carbón en las áreas negociadas. La compañía contrató a los ingenieros Luis Fernando Giraldo, Jaime Tabares y Luis Eduardo Huertas para que refrendaran sus informes sobre la ausencia de carbón en aquellas áreas de La Guajira. Sin embargo, el informe de estos tres abogados es totalmente opuesto al que presentó la firma especializada John T. Boyd Company –también contratada por CCX en su momento– , el cual detallaba las cantidades y calidades de los mantos de carbón que se encontraban en el subsuelo de cada placa estudiada y calificaba a estas áreas como “de suma importancia” por su riqueza carbonífera.
Por lo demás, los títulos de los demandantes serían los únicos improductivos en el sector que ocupan. La empresa brasilera pagó a la mayoría de sus vecinos sumas superiores por la cesión de los títulos y se comprometió un royalty o participación en la producción, que oscilaría entre UD$1,80 o US$3,20, según se tratara de una reserva a cielo a abierto o de material proveniente de áreas subterráneas. Estos son dos de los casos más destacados de posibles incumplimientos, pero se avecina una catarata de demandas similares que, de acuerdo con De la Espriella, incluyen pretensiones totales por encima de los US$200 millones.
Esta suma es sustancial, si se tiene en cuenta que las inversiones que alcanzó a hacer CCX en Colombia acumularon cerca de US$434 millones. “El país no conoce todavía los niveles de incumplimiento del señor Batista en La Guajira, pero no dudo en afirmar que estamos en presencia de un InterBolsa en el sector minero”, sostiene el polémico abogado De la Espriella.
Dinero buscó al abogado Carlos Gerardo Mantilla Gómez, actual representante legal de CCX Colombia en materia jurídica, para conocer la posición de la compañía frente a estas acciones legales. Mantilla solo acepto responder un cuestionario cuyas respuestas serían consultadas previamente con Brasil. Según él, en algunos casos la compañía es la verdadera perjudicada. “En cuanto a los requerimientos judiciales, tenemos procesos rutinarios normales de una compañía minera que busca realizar un proyecto viable, responsable y organizado”, dijo.
Campañas y helicópteros
Aparte de las demandas, CCX, al parecer, presentaba desajustes administrativos que resultarían reveladores sobre la forma como la empresa operaba y su aparente tolerancia frente prácticas poco ortodoxas en las relaciones con actores externos en las regiones y en el gobierno central. Alejandro Arias, abogado y comunicador que asesora a las comunidades indígenas asentadas en el área del proyecto, afirma que después de que Moretzson asumió como CEO él lo visitó para denunciar que durante las últimas elecciones regionales CCX estaba promoviendo una de las campañas a la Gobernación de La Guajira. “Le demostré”, asegura Arias, “que la exviceministra Leyla Rojas, en ese momento directora de sustentabilidad, estaba contratando con mano amplia a personas afectas a esa campaña”.
Los directivos de CCX se mostraron preocupados, pero al parecer Rojas manejaba una influencia especial ante la matriz en Brasil. Posteriormente, aparecieron nuevas evidencias sobre aparentes actuaciones irregulares de ella. Tras el informe de auditoría de la empresa para 2011, circuló entre los miembros del directorio de CCX uno clasificado como confidencial que mostraba cómo la directora de sostenibilidad había suscrito varios contratos que parecían incluir irregularidades en su cumplimiento. Uno de estos fue un contrato por US$1,4 millones con la sociedad Melia para un licenciamiento especial.
Aunque el objeto consistía en asesorías sobre esa temática, no había ninguna evidencia de que se estuviera ejecutando. Los recursos destinados a su pago, entre tanto, eran girados a cuentas en Panamá cuyos titulares se desconocen hasta el sol de hoy. Alexandre Wagner, ejecutivo encargado de verificar los procesos de revisión contractual y ordenación del gasto, acopió información sobre serios desangres financieros en otras áreas de contratación. Documentos en su poder mostraban que otro contrato con la firma Integral, cuyo valor inicial superaba los US$680.000, venía siendo adicionado pese a que no mostraba avances.
Otro contrato, suscrito con Ingetec, dejaba en claro que varios trabajadores de planta eran pagados bajo la modalidad hora-hombre, lo que inflaba los costos. Un contrato duplicado con la empresa CRA Colombia y CRA Canadá pagaba dos veces por el mismo servicio. En otro caso se hizo evidente que con recursos de CCX había sido prácticamente sostenida la firma operadora social Control Ambiental Consulting, a la que la multinacional brasileña le dotaba desde bicicletas hasta carros último modelo y le pagaba costos de operación “por varios millones de dólares”, según se lee en el informe.
La existencia de cerca de 50 contratos multimillonarios que no correspondían a los criterios de “pertinencia, oportunidad y austeridad” despertó alertas en los sistemas de control en Brasil. Sin embargo, Paulo Monteiro y José Gustavo de Souza Costa, máximas autoridades internas en el área de la sostenibilidad en Brasil y el segundo nuevo CEO en Colombia, pero ausente del país, se negaron a atender las reuniones urgentes que les pedían los directivos desde Colombia.
En 2012, una alerta reputacional que llegó a Río de Janeiro advirtió que Leyla Rojas pretendía alquilar un helicóptero con recursos de la compañía para llevar a un alto funcionario del gobierno nacional y a su familia a un recorrido por la Sierra Nevada de Santa Marta. Por orden de la matriz se realizó una teleconferencia en la que la señora Rojas fue requerida para que explicara el objeto del viaje. Ella insistió en la conveniencia del viaje para dar una nueva dinámica a las consultas con las comunidades indígenas que, según ella, estaban frenando el proyecto. Sin embargo, las dependencias que generaron la alerta, sostuvieron que el objetivo del viaje era distinto al planteado y el asunto generaba el riesgo de un escándalo, que sería muy costoso en términos de imagen. Pocos minutos después de concluida la teleconferencia llegó un mensaje desde Río que desautorizaba la contratación del helicóptero.
Posteriormente, los críticos de la exviceministra salieron de la empresa durante la ejecución de recortes de personal que redujeron la nómina, que inicialmente fue de más de 300 personas, a cerca de 30. Entre tanto, Leyla Rojas fue trasladada a un alto cargo en la compañía AUX, otra operación del grupo Batista en Colombia que se dedica al negocio del oro. Así, por un lado CCX gastaba grandes recursos, mientras por otro acumulaba incumplimientos. Por ejemplo, realizó un acuerdo con el Ejército para la protección, en las áreas donde están sus yacimientos, de las instalaciones donde había ingenieros y asesores europeos y costosos taladros. El convenio con la fuerza militar, firmado a finales de 2011 por US$800.000, nunca fue pagado, pese a que no suponía desembolso de dinero sino obras para mejorar la moral y el bienestar de la tropa. Recientemente, la empresa entregó un carro en calidad de “compensación”.
Las crecientes dudas sobre los malos manejos administrativos llevaron al gerente de operaciones, Ricardo Miranda, a tomar una decisión desesperada: intervenir los correos y las comunicaciones para identificar a los responsables de desfalcos sistemáticos. “Pudimos constatar –advirtió un informe correspondiente a 2010 o 2011– que había compromisos con soporte documental por valor de US$6’058.981 millones, cuyo incumplimiento ha estado generando malestar en el área de influencia del proyecto, tanto en las comunidades como en las autoridades y en los medios de comunicación regionales”. El informe solo se refería a incumplimiento de pagos tales como las compras de predios, por lo cual gestores fueron atacados o amenazados. No incluía el espinoso capítulo de los títulos.
Gigante con pies de barro
La evolución de CCX en Colombia podría ilustrar una de las principales causas de la caída del imperio de Eike Batista. Un grupo que creció aceleradamente, impulsado por un empresario fuertemente carismático con acceso a un creciente apalancamiento financiero, que mantuvo una estructura administrativa distante y que no aceptaba malas noticias. Esa era la regla en CCX. De acuerdo con numerosas fuentes consultadas, las contingencias judiciales no eran llevadas a las juntas y es posible que Perseke y otros ejecutivos hayan preferido manejarlas en el ámbito local o subestimar su importancia. “Todos sabemos bien”, explicó un exdirectivo de la multinacional, “que Eike siempre manejó un optimismo frente al cual los riesgos quedaban minimizados y el solo hecho de que alguien se los mencionara lo hacía sentir incómodo”.
La suerte de la operación de CCX en Colombia está sujeta a lo que ocurra con los restos del imperio Batista. La consecución de un socio estratégico dependerá no solamente del estado de los pasivos y las contingencias legales en Colombia, sino también del desenlace de esta crisis para la matriz de Brasil. La deuda del grupo se acerca a los US$11.000 millones y los bancos rondan, buscando apoderarse de los activos que aún tengan valor. El BTC Pactual, que hace pocos meses fue anunciado como socio estratégico para sacar adelante las empresas de Batista, es al parecer el jugador más importante y habría avanzado a través de su figura de aliado hacia una toma de poder sobre los activos.
El triste final de esta aventura deja en su camino grandes preguntas sobre el desarrollo futuro de las áreas mineras concedidas a la empresa en nuestro país y su impacto sobre las posibilidades de crecimiento de esas regiones.
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