La muerte de más de cuatro mil niños Wayúu en la Guajira delata la alta inequidad en las políticas del departamento, la falta de acceso a servicios básicos y las prácticas corruptas que hacen que no lleguen los recursos a las comunidades.
Por: Diana López Zuleta
@dianalzuleta
El Programa Alimentario y Nutrición (PAN), que es impulsado por la Gobernación de La Guajira y en el que se invierten cerca de $ 37 mil millones, no llega a los indígenas Wayúu, que son los más perjudicados con la problemática. Ello ya causó que en el último tiempo, miles de niños de esta comunidad hayan muerto por física hambre, sin que nadie se ocupe de esa delicada emergencia humanitaria.
Según lo precisado por NUEVO MUNICIPIO, la mencionada estrategia nunca llega a esa comunidad indígena, porque está dirigida a familias humildes que están localizadas en zonas urbanas y no en las rurales.
También se estableció que el programa alimentario no beneficia a los Wayúu, porque las familias que hacen parte del mismo, se seleccionan teniendo en cuenta una base de datos de la Red Unidos y los indígenas no están vinculados a este sistema de información.
Así lo dio a conocer César Arismendi, jefe de Planeación Distrital de la Gobernación de La Guajira, quien además alertó que no todos los que están en esa base de datos se encuentran en condiciones de pobreza extrema.
Los indígenas Wayúu ya denunciaron la grave situación humanitaria que padecen y que según ellos, obedece al olvido histórico en que el Estado los ha tenido, realidad que se evidencia en la disparidad de cifras oficiales y las que manejan otras fuentes.
Por un lado, el DANE reporta la muerte de 2.969 niños menores de cinco años entre el 2008 y 2013; y a su vez en la Gobernación de La Guajira manejan una cifra de 4.171 fallecidos por causas relacionadas con la desnutrición y otras enfermedades. Esta cifra corresponde a los niños que mueren en las instituciones y están legalmente registrados, lo que quiere decir que la cantidad es mucho mayor.
“Las estadísticas nos están diciendo que estamos haciendo muchas cosas mal, yo hablaría de ineficiencia de todo el sistema de protección, incluidos nosotros” afirmó Arismendi.
Ante este panorama tan desalentador, recordemos que La Guajira recibe por regalías más de 850.000 millones de pesos y los Wayúu como otras comunidades rurales del departamento, adolecen de agua potable, vías de acceso, servicio de energía, alimentación y centros de salud.
Según expertos, La Guajira es uno de los departamentos que más recibe regalías, pero también es de los que tiene mayor desigualdad, mayor proporción de necesidades básicas insatisfechas y alta mortalidad materna e infantil.
La líder Wayúu Matilde López Arpushona, destaca el por qué las instancias de control no realizan un seguimiento a la inversión de los recursos de esta población.
“He liderado y solicitado a través de cartas en las diferentes instituciones con el acompañamiento de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el restablecimiento de nuestros derechos fundamentales, sin embargo, la mayoría de las entidades responsables del flagelo han callado”, recalcó López Arpushona.
También manifestó que “se escuchan cifras extravagantes de la inversión que supuestamente hace el Gobierno en las comunidades, pero lo cierto es que uno va a la Gobernación o a la Alcaldía y dicen que no hay plata”.
Pero no solamente los Wayúu se han visto afectados por la desnutrición, también los Arhuacos y Wiwas, que se ubican en poblados de difícil acceso, con vías en mal estado o inexistentes.
Alimentación precaria y baja cobertura
Según la líder Wayúu, Matilde López Arpushona, el mercado que envía el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a cada niño consta únicamente de seis huevos y unos pocos víveres para un mes, lo cual a su juicio es una miseria.
Matilde contó el recorrido que tuvo que hacer con un niño enfermo de quien se hizo cargo, y en el hospital le dieron de alta porque los médicos determinaron que no tenía nada. El niño de 5 años seguía con mal estado de salud, con un 50 % de su masa corporal perdida, con un peso de 9 kilos, que es el equivalente al de un niño de 7 meses.
“Luego de ver que el niño no mejoraba fui a la Secretaría Departamental de Salud, les expliqué el caso y me mandaron para el ICBF; esta entidad lo único que ofreció fue leche y galletas, pero por el estado en que se encontraba no toleraba la lactosa. Aún lo tengo en mi casa porque si lo regreso a la ranchería se muere del hambre”, explicó.
Las autoridades departamentales informaron que la mayoría de los proyectos que se adelantan, incluyendo los del ICBF, son eminentemente asistencialistas, es decir, no incluyen la labor de valoración pre y post, por lo tanto, no hay seguimiento al crecimiento y desarrollo de niñas y niñas menores de 5 años.
Asimismo, señalaron que las actividades de las instituciones de salud se limitan a las que se hacen por consulta médica hospitalaria, pero no se coordinan con los programas de seguridad alimentaria.
Uribia, Manaure, Dibulla, Maicao y Riohacha son los municipios más críticos en cuanto al problema del hambre, que se ha agravado en los últimos meses debido a la falta de aprovisionamiento de alimentos por el cierre de la frontera con Venezuela.
Centros de salud muy alejados e ineficientes
Para dirigirse a un centro de salud, los indígenas deben caminar hasta dos y tres horas para llegar al más cercano. El problema no se limita a niños, López Arpushona explicó que en esta zona Los adultos también se encuentran en estado de desnutrición y muchos bebés vienen con esta condición desde el vientre de sus madres.
A esto hay que sumarle que debido a la demora en trasladarse a los centros de salud, muchos no alcanzan a llegar y mueren sin ser atendidos. Para la Gobernación de La Guajira, las IPS y EPS tienen responsabilidades directas. En el 2013, 15 de los 19 niños que murieron por desnutrición tenían afiliación al Sistema General de Seguridad Social.
“Las instituciones de salud en La Guajira no hacen de manera regular los seguimientos en terreno a las madres gestantes y lactantes, lo que pone en grave riesgo la salud del menor; tampoco realizan un adecuado seguimiento al crecimiento de los niños y las niñas”, sentenció una fuente de la Gobernación.
Otro de los problemas que se presenta es que la red hospitalaria pública y privada, tiene un déficit de intérpretes o hablantes de wuayuunaiki, hecho que impide una real comunicación con estas comunidades.
Vale la pena resaltar que las alcaldías son las responsables de la contratación de los centros de salud y la Gobernación tiene a su cargo verificar la calidad del servicio.
Falta voluntad política
Desde la Organización Nacional Indígena, la consejera de mujer y familia, Arelis Uriana, anunció la campaña que está haciendo esta institución para recoger donaciones para esta comunidad que se está viendo afectada.
“No podemos permitir que nuestros niños se sigan muriendo, no pueden seguir dando la excusa de que no hay fácil acceso a las comunidades y por eso no llegan allá, el Ministerio de Salud debe hacer brigadas”, afirmó.
La consejera consideró que el problema era que en el gobierno no había la suficiente voluntad política para mejorar esta situación. Así mismo, indicó que debe haber políticas públicas adecuadas con enfoque diferencial para las comunidades, con caracterizaciones de estas que permitan saber qué se necesita y así buscar las soluciones.
Finalmente, la propuesta del jefe de Planeación Distrital de la Guajira, César Arismendi, es convocar a la nación a través de sus diferentes ministerios a suscribir un gran pacto social por La Guajira, mediante un Conpes especial para intervenir pobreza extrema. Desde allí se pueden planificar y realizar acciones de mediano y largo plazo que permitan abandonar las prácticas asistencialistas y asegurar una verdadera seguridad con autosuficiencia alimentaria en la región.
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