Tomado de http://www.el-informador.com
Con lágrimas en los ojos se le observó a la alcaldesa de Villanueva Claudia Patricia Gómez Ovalle al término de la socialización que realizó la Procuraduría Delegada de un oficio del 1 de diciembre del 2014, emanado de la Procuraduría Delegada para la descentralización y entidades territoriales.
La mandataria precisó que el problema que vive el pueblo de Villanueva es insólito e inaudito, porque los concejales le han quitado las intenciones de llevar los proyectos de beneficio a la comunidad.
Indicó que ella ha podido aportar pruebas de denuncias como grabaciones en donde los concejales están negociando para poder aprobar los proyectos.
Por otro lado, asegura haber recibido de manera oficial de la Fiscalía, audios en dónde es acusada de ser la responsable de las supuestas amenazas que le hicieron a los cabildantes dándole 72 horas para salieran del municipio.
La mandataria también afirma que los concejales hicieron un complot con segundas y terceras personas para hacer denuncias temerarias ilegales en su contra.
En esas circunstancias, el alcalde de Fonseca José Moscote Pana, propuso que los concejales de la capital lideraran una asamblea de todos los concejales de La Guajira y ésta se realice en Villanueva, para buscar un punto de acuerdo y sanar las diferencias entre la mandataria y los concejales.
La mandataria indicó que existen muchas diferencias que pasaron de lo administrativo y público "a casi de carácter personal por lo que resulta irreconciliable ellos estarían cometiendo un concierto para delinquir en mi contra injustificado", añadió Gómez Ovalle.
Manifestó que esta situación que se ha presentado en Villanueva, parte la historia de La Guajira en dos, porque es la primera vez que se hace eso.
Finalmente, la primera autoridad política administrativa de Villanueva indicó que "los concejales se aliaron con una persona que está señalada del homicidio de mi escolta y eso fue algo que partió mi vida en dos".
Es preciso recordar las profundas diferencias entre la mandataria y los concejales parece haber tocado fondos, porque ambos se han denunciado en la Procuraduría General de la Nación.
La Alcaldesa desde el 25 de octubre de 2013 ha celebrado más de 45 contratos apegándose a la ley a la Ley 1551 de 2012; sin tener de acudir a los concejales para que la faculten.
Precisamente para eso fue la socialización del Ministerio Público, en donde se les advirtió a los alcaldes la imposibilidad de celebrar contratos sin que exista previamente autorización expresa de la corporación de elección popular.
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