Frutas podridas, alimentos con presencia de bacterias y materia fecal, utensilios contaminados, porciones de comida miserables y explotación laboral. (¿Usted comería con estos cubiertos?)
Esto fue lo que reveló esta semana la Defensoría del Pueblo tras auditar el Programa estatal de Alimentación Escolar (PAE), en manos del Ministerio de Educación, en colegios de La Guajira, Atlántico y Chocó.
Las conductas, bajo investigación penal, recaen sobre cuatro empresas que, según estableció EL TIEMPO, se vienen ganando desde hace años jugosos contratos con entidades del orden local y nacional. Se trata de Fungescol, Fundaenlace, Cooseheroica y Corporación Corazón País.
A la primera de ellas, Fungescol, la acusan de darles comida descompuesta a niños de Unguía (Chocó) dentro de un contrato por 4.800 millones de pesos que firmó en abril con la gobernación.Esta le encomendó entregar raciones en 30 municipios, por 45 días, y se comprometió a darle una adición por 2.400 millones de pesos que ya está lista. Pero la firma no cumplió.
De hecho, distribuir alimentos escolares es solo una de las múltiples actividades que ofrece a la par con estudios epidemiológicos, fomento piscícola, reforestación e importación de medicamentos.
En el área de raciones escolares tiene otro contrato, por 5.000 millones de pesos, con Turbo (Antioquia), municipio al que Fungescol se trasladó hace dos años desde Montería. Es la segunda vez que se gana ese contrato, pendiente de una adición por 2.000 millones de pesos. La primera vez, se lo entregó William Palacio, alcalde de Turbo capturado por nexos con ‘paras’.
El representante de Fungescol es Wilman Henry Bonilla Acosta, candidato al Concejo de Turbo en el 2004 por el Partido Liberal y amigo de varios políticos locales que aparecen referidos en sus redes sociales. Pero el dueño es Hernán Calle Corrales, propietario de un hotel spa en Arboletes (Antioquia).
Sobre la comida descompuesta, Bonilla dijo que no es su responsabilidad que los colegios no tengan infraestructura para almacenar los alimentos. No obstante, la Fiscalía llamará a esta firma, y a las otras mencionadas, a responder por los hallazgos y por presuntos delitos contra la administración.
En este caso, además de comida dañada, se probó que las raciones no les llegaban a tiempo a los pequeños. Desde hace meses, la personera de Unguía, Yoelci Murillo, venía denunciado la precariedad de la alimentación sin ser oída.
La Defensoría confirmó que el otro contrato bajo la lupa –por 12.871 millones de pesos– fue firmado en febrero entre el Ministerio de Educación y la Unión Temporal Alimentar, para brindar complemento alimentario en colegios del Atlántico.
‘Heces de ratones’
Según registros del Ministerio, Alimentar está conformada por dos empresas: la Fundación Enlace (Fundaenlace ONG), cuyo representante es Alejandro Rafael Hernández Vidal; y la Cooperativa de Servicios Generales de la Heroica (Cooseheroica), representada por David Camacho Benítez.
Ambas han firmado –en unión o individualmente– millonarios contratos con el ICBF, el Ministerio de Educación, los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba y Santander, entre otros, y con alcaldías.
Fundaenlace tiene dos contratos vigentes con el ICBF por 1.900 millones de pesos. Y ambas firmas figuran en un informe de la Contraloría de Bucaramanga, que halló irregularidades en el contrato del PAE en esa ciudad, por 7.000 millones de pesos y ejecutado en el 2014. (Además: Las graves irregularidades detectadas en la alimentación escolar)
Además de detrimento fiscal, el informe habla de supuesta falta de higiene en el almacenamiento de raciones escolares: “Se evidenció a través de registro fotográfico, heces de ratones en un lugar que previamente había sido usado para colocar canastillas con mercados”.
Mientras la Contraloría avanzaba en esa indagación, Cooseheroica se ganó otro contrato de alimentación escolar en la capital de Santander, esta vez por 9.000 millones de pesos.
Y en el contrato entregado a la Unión Temporal Alimentar, la Defensoría encontró “frutas en proceso de descomposición y almacenamiento inadecuado de los alimentos para los niños”. Además, dice que las empleadas no están afiliadas al régimen contributivo ni a riesgos laborales.
El otro contratista cuestionado es la Corporación Corazón País, encargada del suministro de alimentos a colegios públicos en municipios de La Guajira.
Su representante es María Jacquelín Pacheco Izquierdo, quien despacha desde Valledupar (Cesar). Tienen contratos con las regionales del ICBF en La Guajira, Arauca, Magdalena y Cesar. Este último fue firmado en diciembre de 2014 y vale 1.600 millones.
A pesar de su trayectoria, la Defensoría encontró demoras en la distribución de los alimentos para los niños de la Unidad Etnoeducativa Kalantainsumaná, en Manaure. Desde el 22 de junio, 180 pequeños estaban esperando sus raciones y pasaron 15 días sin que llegaran. “No hemos comido nada en la mañana, esperamos hasta las 12”, le dijo a la Defensoría un niño indígena.
Fuentes del Gobierno aseguraron que el ICBF está revisando los contratos con esas firmas. Además, que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia adelanta pesquisas sobre anomalías en la entrega de raciones en otras zonas. Pero el siguiente paso está en manos de la Fiscalía.
La defensa de los contratistas señalados en la denuncia
Henry Bonilla Acosta, representante legal de Fungescol, firma denunciada por la Defensoría, dice que los culpan de lo que ha sucedido con la alimentación escolar en Chocó en los últimos años.
“Desde hace 13 años está operando el PAE en ese departamento, y Fungescol entró a prestar el servicio hace apenas 49 días. Nos tienen de chivo expiatorio”, dijo. Y agregó que en los colegios no hay instalaciones de almacenamiento: “Por eso, inicialmente, tuvimos contratiempos. Pero a eso le está dando un manejo maquiavélico para que los antiguos operadores retomen el negocio”, dijo Bonilla. Y puntualizó que le están respondiendo a las autoridades en el Chocó y que se lamentan haber entrado a operar en ese departamento. “Nos retiramos al terminar el contrato”, aseguró.
EL TIEMPO llamó a Cooseheroica y una empleada dijo que el representante legal no estaba disponible. Tras reiterados llamados a Fundaenlace y a Corazón País nadie respondió la solicitud de que dieran su versión. En todo caso, fuentes oficiales advirtieron que las firmas cumplieron a cabalidad con los requerimientos exigidos para que se les adjudicaran los contratos, incluida la experiencia. Por eso, piden que las autoridades las escuchen.
Cuestionados surten de comida a 163 colegios
Según Henry Bonilla, Fungescol tiene el contrato para llevar alimentos a 23.792 niños de 163 planteles de Turbo. “Nunca hemos tenido problemas”, dijo. Y agregó que se arrepiente de haber participado en política.
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