La verdad sobre La Guajira

Mucho se ha dicho de la crisis de La Guajira.

Se ha hablado de abandono estatal, robo de recursos e indiferencia nacional. Tal vez, muchas de estas cosas son ciertas, pero también es verdad que La Guajira recibe un jugoso rubro para sus comunidades indígenas, que alcanza los 17 mil millones de pesos anuales por municipio.

Sin embargo, estas tierras parecen suspendidas en el tiempo. Los mismos indígenas piden a gritos que alguien fiscalice en qué se invierte el dinero desembolsado, supuestamente, para evitar escenas de sequía y desnutrición. Pero a muchos líderes indígenas de esta zona del país les incomoda hablar del tema.

“Es muy triste ver rancherías llenas de lujos, con tres camionetas esperando en el garaje, mientras en otras no hay ni qué comer”, relata Guadalupe, una indígena wayuu de la zona.

Varios entes de control han alertado sobre la pérdida de más de 55 mil millones de pesos, desembolsados en los últimos tres años, y que nunca se vieron reflejados en obra alguna. Pero las autoridades indígenas solo tienen algo para responder: ellos son autónomos de invertir los recursos como ellos escojan.

“Desgraciadamente tenemos que ser honestos: más del 50 por ciento de esos dineros no se han invertido como el Gobierno Nacional y las diferentes administraciones quieren”, asegura Pedro Pablo Puerto, periodista de la zona.

Y es cierto, la ley permite que bajo su autonomía es muy difícil fiscalizar en qué se gasta el dinero. Por eso, el secretario de asuntos indígenas de Uribia, Víctor Hugo Mejía, asegura que él entrega el dinero pero hasta allí llega su responsabilidad.

“Ellos ahí establecen en qué van a invertir sus recursos, nosotros no podemos obligarlos a que inviertan en esto o en aquello porque vulneramos su autonomía”, dice.

Las imágenes en La Guajira son de pobreza y desgracia. “Pero nosotros no queremos más condolencias por parte de la gente. ¡La Guajira no es pobre! Más que plata necesitamos que alguien le haga seguimiento a los recursos que llegan acá. Que nadie sea intocable a la hora de rendir cuentas”, enfatiza la líder wayuu Deborah Barros.

¿Para dónde va la sociedad indígena?

El 27 de febrero de este año Yamiletzi Ipuani, una niña wayuu de 14 años, apareció muerta en un terreno baldío de Riohacha. Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia sexual. También estaba golpeada. Era la segunda mujer indígena wayuu asesinada en menos de dos meses.

“La niña al principio era una niña de su casa que se dedicaba a la artesanía. Pero de un momento para otro empezó a cambiar”, relata Osiris, la madre de Yamiletzi.

Su asesinato es solo la punta del iceberg de un problema social que ya no es un secreto para nadie. Las tasas de suicidio, drogadicción, alcoholismo y prostitución, son las más altas de los últimos años.

“La inversión siempre es altísima, pero lamentablemente no se ve. Los problemas sociales son muy graves, una de cada tres niñas indígenas resulta embarazada antes de los 16 años… es realmente preocupante”, explica Simón Gaviria, director de Planeación Nacional.

Indígenas sin Dios ni ley. Seres humanos quebrantados que parecieran no encontrar un lugar en el mundo.

“Nuestra cultura lucha también con la influencia de occidente. No es fácil. Antes los jóvenes se dedicaban al pastoreo, pero ahora es muy difícil mantener nuestra cultura porque ellos quieren salir al mundo pero no saben manejarlo”, comenta Maximiliano, un líder de los wayuu.

Y no es su culpa. Muchos de sus dirigentes han preferido que las escuelas no lleguen hasta sus comunidades a impartir una cultura distinta. El Estado tampoco ha hecho un mayor esfuerzo y se ha escudado en que así lo determinó la autonomía indígena. “El resultado es que más del 44 por ciento de los indígenas son analfabetas y muy pocos llegan a las universidades”, explica Deborah Barros, líder de las mujeres wayuu.

El conflicto por la tierra en el Cauca

Hace 500 años los 30 mil kilómetros cuadrados que tiene hoy el departamento del Cauca eran de los indígenas. Ellos fueron los habitantes originales que fueron despojados por los conquistadores españoles. Ellos fueron desterrados y esclavizados.

Durante décadas el pueblo Nasa ha peleado a los mestizos esa tierra ancestral. Al igual que otros grupos indígenas con la Constitución Política del 91 pudieron ser reconocidos y les fue otorgada la autonomía de sus territorios. Territorios que el Gobierno Nacional les ha ido entregando a sus resguardos a través del Incoder.

Sin embargo, a pesar de los pactos y la buena voluntad, el Cauca sigue con un creciente conflicto por la tenencia de la tierra. Y ese conflicto enfrenta a indígenas y mestizos dueños de tierras, que tienen títulos de propiedad.

Historia de “La Emperatriz”

Myriam Saavedra es propietaria de la hacienda La Emperatriz en el municipio de Caloto, departamento del Cauca. Desde el 2005 las 140 hectáreas de sus tierras han sido escenario de enfrentamientos entre indígenas y la Policía que intenta desalojarlos.

“Fue una tierra conseguida con todo el sudor. Pagamos hasta el último centavo. La tenemos con todos los papeles legales. No le debemos un peso al Estado, porque pagamos todos nuestros impuestos”, asegura Myriam en medio de su angustia por no saber qué hacer.

El calvario para Myriam comenzó el 11 de septiembre de 2005, año y medio después de la muerte de su esposo, Bernardo Jaramillo. “Comenzaron a invadirme. Fue de las peores invasiones que he tenido. En esa ocasión llegaron cerca de 3.500 indígenas”, relata.

Y agrega: “Se me robaron los cercos, los alambrados, me metieron tractores y araron los potreros. Me tocó en tres oportunidades sacar el ganado y buscar quién me lo recibiera porque el ganado se me iba a morir de hambre”

Junto con su familia tuvo que irse de su tierra y de Caloto por las amenazas que había recibido del grupo de indígenas que habían ocupado su finca.

Desde ese momento ella empezó a recibir ofertas para que vendiera sus tierras. El comprador, el Gobierno Nacional a través del Incoder, según Myriam, entidad que estaría dispuesta a pagar a un precio inferior al valor real de su hacienda invadida. Su respuesta fue contundente: “Yo no estoy interesada en vender; porqué voy a tener que vender algo que en primer lugar amo. Amo a la gente de Caloto, quiero la región y amo mi finca. ¿Yo por qué la voy a entregar?”

Hizo varios intentos con los alcaldes de turno para lograr el desalojo por las vías legales que llevaran a dirimir de manera definitiva la ocupación por parte de los indígenas que invadían su predio. Nada de eso ocurrió.

El 5 de marzo de este año decidió acudir al comandante de la Policía del Cauca, coronel Ramiro Iván Pérez. Según él, la estrategia que tienen los indígenas al ocupar un predio es muy clara: “Lo primero que hacen es armar improvisadamente cambuches, arman cocinas. Empieza a haber un mayor número de gente cada día dentro del predio y empiezan a realizar actividades propias del señor y dueño, correr cercas, hacer sembrados, pastorear ganado en la intención de legitimar la invasión”

La Policía llegó al lugar y fueron recibidos con papas bomba, caucheras y piedras. Hasta hoy no los ha podido desalojar.

Esta situación que vive la dueña de La Emperatriz en el Cauca, es el reflejo de lo que está ocurriendo con las tierras en varios sectores de este departamento.

Vea hoy el desarrollo de esta historia en la tercera entrega del especial de "Séptimo Día": "Desarmonización: la flecha del conflicto", a las 9 de la noche por el Canal Caracol.