¿Cuánta politiquería, corrupción, falta de control y desdén tienen que pasar para que un niño con hambre y desnutrido en el Chocó, La Guajira o Atlántico reciba por todo alimento escolar una porción de pasta contaminada y una galleta de soda?
Semejante menú, que, según pesquisas de la Defensoría del Pueblo, se sirve con total desfachatez en escuelas de 13 municipios de aquellos departamentos, viene adobado para estos pequeños con una dosis de humillación: muchos tienen que comer en el suelo y en recipientes que ellos mismos deben llevar, pues la otra opción es hacerlo en utensilios peligrosamente desaseados.
En La Guajira, los pequeños, algunos de los cuales no comen nada más durante el día, hasta tienen que pagar 200 pesos para costear su preparación.
Lo más indignante de todo este asunto es que los colombianos, con sus impuestos, pagan para que estos niños, que se cuentan entre los más abandonados y vulnerables del país, reciban cada día una comida balanceada, higiénica, suficiente y nutritiva, que compense el atraso nutricional de estas regiones.
Hasta los mismos niños tienen que saber que el dinero que el Estado asigna para ayudar a alimentarlos en sus escuelas y comedores comunitarios se queda en los bolsillos de políticos corruptos y de contratistas que actúan a sus anchas en las narices de las autoridades locales y nacionales, que hoy se rasgan las vestiduras ante los hallazgos de la Defensoría.
Que alguien explique, como para que estos niños y el país lo entiendan, por qué apenas ahora se anuncian auditorías rigurosas y por qué a la hora de establecer responsabilidades frente al desastre en el que está convertida la alimentación escolar en zonas como estas, las administraciones locales y el Gobierno Nacional se tiran la pelota.
Frente a lo ya visibilizado, hay que decir que lo que ocurre en tales casos raya en lo criminal. Estos pequeños, por su condición de desnutridos, están más propensos a enfermarse. Suministrarles alimentos contaminados con salmonellas, fecaloides y otro tipo de bacterias detectadas durante el análisis, constituye un claro atentado contra la integridad de una población que, se supone, está cobijada, prioritariamente, por programas sociales del Estado.
Entregar comida balanceada a los escolares es un método inventado y ampliamente probado. Requiere, sí, experticia, una mínima infraestructura, canales de distribución adecuados, un menú que supla en parte las necesidades alimenticias de un niño en desarrollo y, ante todo, transparencia y autoridades comprometidas con la salvaguarda de la salud de los menores de edad y de los recursos públicos. Ni uno solo de estos requisitos mínimos se cumple en las zonas visitadas por la Defensoría. ¿Qué pasaría si este análisis se extendiera a otros municipios?
Un país que permite a los corruptos atentar de modo tal contra la salud y la dignidad de los más necesitados no puede darse el lujo de autoproclamarse como un Estado equitativo y moderno. Antes de hacerlo, antes de proyectarse más allá de sus fronteras, debe garantizar primero que a todos sus ciudadanos, particularmente a los más vulnerables, se les respeten sus derechos y tengan cubiertas sus necesidades básicas. Remontar estos indicadores de vergüenza es una prioridad. Las disculpas no caben.
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