Policías hacen presencia en las nuevas trochas fronterizas entre Colombia y Venezuela.
El coronel William Valero, director de la Policía Fiscal y Aduanera reportó que más de 450 policías ya están en las 52 trochas ilegales entre este país y Venezuela por donde se mueven indocumentados, se pasa gasolina y alimentos de contrabando.
Los uniformados de la Policía permanecen acompañados de más de 500 militares y algunos funcionarios de la Dian y Migración Colombia que han detectado cómo controlan una trocha, pero los ilegales terminan abriendo otras rutas para cruzar comida y gasolina entre ambos países y burlar el control de las autoridades. Este año 26 trochas han sido destruidas.
El compromiso entre el gobierno del presiente Juan Manuel Santos y el de Nicolás Maduro es blindar en materia de seguridad esta línea fronteriza que divide a los dos países.
Preocupación por atentados, amenazas y terror sobre líderes wayuu.
A las puertas del proceso de construcción de paz y posconflicto en Colombia -que implica el respeto y consolidación de los derechos étnicos de nuestra nación- grupos conexos a la guerra sucia, criminalidad y delincuencia tienden fría e impunemente su poder y manto de zozobra y afectaciones de derechos humanos sobre diversos líderes wayuu de La Guajira.
Durante las últimas semanas, y en especial lo que corresponde a Diciembre de 2016, se han venido presentando una serie de capítulos de criminalidad y terrorismo sobre la vida y honra de destacados dirigentes regionales del pueblo indígena wayuu; uno de ellos, el relacionado al asesinato del líder tradicional y comunitario RAFAEL LUBO AGUILAR, facilitador de procesos de educación autónoma y miembro activo del sistema de la ONIC – Organización Nacional Indígena de Colombia. Asesinato perpetrado por un joven sicario el pasado domingo 11 de Diciembre, a plena luz del día, y en un contexto urbano y distrital recientemente provisto de todos los dispositivos tecnología y normas y medidas de seguridad necesarias para la protección de los ciudadanos.
Después de dos años de anuncios, viajes y ajustes la Guajira no tiene RED de hospitales.
Han pasado 24 meses desde que el exgobernador José María Ballesteros, reinicio la gestión para lograr que el ministerio de salud dotara al departamento de La Guajira, de su RED hospitalaria a fin de sacar de la crisis a este sector en la península.
Es de anotar que esta tarea se ha trabajado desde el año 2002 y hasta la fecha no se ha logrado el aval del gobierno nacional.
En esta última etapa el famoso documento ha servido para justificar viajes, viáticos, ajustes, estudios y unas cuantas mentiras pero nada ha sido suficiente para lograr el aval del ministerio.
Uno de los inconvenientes consiste en que, los alcaldes no aceptan fusiones, se resisten a dejar el manejo de la burocracia, el hospital San José de Maicao esta intervenido desde hace un año y sigue ahondando su crisis, el San Juan Bautista, ya entro en alto riesgo y el Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha se encuentra inmerso en ley 550. Esos factores, junto a la debilidad institucional de las entidades territoriales, se han convertido en el cuello de botella para que La Guajira después de 17 años tenga la RED pública de hospitales.
La Guajira perdió el 2016, las administraciones locales no arrancan y el departamento apenas intenta.
Otros que fracasaron durante este año próximo a terminar son los alcaldes, no se conoce de una obra emblemática de beneficio social los municipios siguen sin servicios básicos de acueducto y alcantarillado, baja cobertura en educación y arrastrando la peor crisis epidemiológica, 93 niños muertos por desnutrición, 137 casos de muerte perinatal y 38 muertes maternas, así lo indican.
Dentro de factores que han marcado el fracaso del primer año del periodo administrativo de los actuales mandatarios locales, está la deficiente estructura de las administraciones municipales, la excesiva burocracia, la inmadurez de los alcaldes y su ambición de poder lo que los lleva a priorizar los pactos políticos sacrificando el bienestar colectivo de sus gobernados.
El fracaso de los gobiernos municipales está ligado a la crisis de la gobernación, una gobernadora que solo duró seis meses en el gobierno que dedico parte del tiempo de defenderse en lo electoral y judicial hasta que la sala quinta del Consejo de Estado le anulo la elección. Complica más las cosas la interinidad por un tiempo de cinco meses y el enfrentamiento político entre el ejecutivo interino y la asamblea departamental.
Hasta el momento la administración guajira, empieza a sacudirse de la crítica situación.
El 2016 será recordado por los escándalos la dinámica actividad judicial y la cantidad de funcionarios y dirigentes investigados.
La dinámica de las investigaciones que se encuentran en curso contra, dirigentes políticos, ex gobernadores, ex alcaldes, funcionarios y ex funcionarios públicos, contratistas y organizaciones no gubernamentales, marcaron la pauta informativa en los medios nacionales, regionales y locales.
Serios cuestionamientos a la inversión de recursos públicos, se encuentran en curso en los organismos de control, casos emblemáticos como: El acueducto de Camarones, los actores en esa contratación se encuentran con detención preventiva pero sin detención en centro carcelario.
El caso de los Mega colegios que tiene investigado al exgobernador Jorge Pérez y procesados a integrantes de la firma Ávila, quienes tienen detención pero con beneficio domiciliario.
Se encuentran en curso de investigación penal, el exgobernador José María Ballesteros, por problemas de contratación para el estudio del Dengue por un monto superior a los 18 mil millones de pesos. Lo mismo ocurre contra Oneida Pinto, también por problemas de contratación; en este caso se encuentran procesados penalmente el ex alcalde Yankeler Hernández, varios ex funcionarios, contratistas e interventores.
El tema de la contratación de los programas del ICBF, también fue noticia durante el 2016, así como los contratos del programa de alimentación escolar, hay varios detenidos en centro carcelario y otros con un pie en la calle y otro en la cárcel.
Fiscalía imputa caros a implicados en corrupción de contratos de obras civiles en la Guajira.
La Fiscalía formuló imputación de cargos contra Angelo Ucros Ospino, director ejecutivo del Fondo de Desarrollo Empresarial de Barrancas y Carlos Alberto Cerchiaro Peláez, representante legal de la Asociación de Asesores y Consultores para el Desarrollo del Cesar, por hechos relacionados con corrupción en contratos en la Guajira.
Ucros Ospino y Cerchiaro Peláez son sindicados de cometer los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Esta investigación se relaciona con los hechos ocurridos el 17 de septiembre de 2009, fecha en la que el fondo y la asociación suscribieron un convenio por más de 500 millones de pesos, cuyo objeto era la construcción de algunas obras civiles, dotación de computadores para la sala de informática y suministro de bienes para la sede del mencionado fondo.
Riohacha termina el año con su primera Zona Wifi Gratis
El Coordinador de Gestores Regionales del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Gersson Castillo, en representación del Jefe de la Cartera, David Luna, encendió la primera ‘Zona Wifi Gratis para la Gente’ de Riohacha, en el Parque de la Vida.
Este municipio tendrá en total cuatro Zonas Wifi en las principales plazas, parques o sitios turísticos en el primer trimestre del 2017, las cuales funcionarán las 24 horas del día, los siete días de la semana, de forma gratuita, para que la comunidad haga un mayor uso y se apropie de la tecnología.
En el departamento de La Guajira, entre tanto, habrá 10 ‘Zonas Wifi Gratis para la Gente’, que tendrán una inversión de $1.435 millones de pesos e incluyen la entrega del servicio y los mantenimientos preventivos y correctivos para su buen funcionamiento.
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