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| Hernando Deluque, Jorge Pérez y Alvaro Cuello, ex gobernadores de La Guajira |
Desde que se implementó
la elección para gobernadores y alcaldes en el país, La Guajira se ha
convertido en cuna de la corrupción por las improvisaciones y actuaciones de
los elegidos en los entes territoriales del departamento y los municipios que
la componen.
Históricamente La Guajira
ha vivido de bonanzas y actividades ilegales, la marihuana, por ejemplo, el
contrabando, el libre comercio con Venezuela durante décadas, la explotación
carbonífera y la llegada de la multinacional Cerrejón a la península, la explotación
de sal y gas, riquezas naturales que no han favorecido en ningún aspecto el
desarrollo social y económico del departamento. Posterior a esto la guerra de
familias y clanes por la dignidad de sus familias mutó con la llegada de grupos
guerrilleros y paramilitares que aprovecharon la ubicación geográfica de La
Guajira, por un lado su amplia frontera con Venezuela (263 kms.) camuflada en
la extensa serranía del Perijá. Por otro sus 649 kilómetros de costas con
puertos naturales que la distinguieron como idóneas para la salida de droga de
los clanes aliados con los grupos irregulares. Sin embargo, mientras los titulares se enfrascaban en la ya muy conocida cultura
guajira; la política silenciosamente se convertía en el flagelo que
contribuiría a la miseria departamental.
Muestra de ello es que
desde 1995, ya con gobernadores elegidos popularmente, las maniobras corruptas
se apoderaron de la cosa pública. En esos años estas actuaciones no eran
evidentes por el manejo de los hilos del poder, al tener de su lado líderes,
concejales, diputados, periodistas que se dedicaron a ocultar la realidad del departamento. Aún más; la influencia comercial de Venezuela, los recursos de
regalías de las multinacionales y la práctica del contrabando hacían de La
Guajira en todo su territorio un sitio barato para las familias, todos obtenían su
sustento por lo económico que era vivir en el departamento y consumir productos
venezolanos o de contrabando. La sociedad se mantuvo de ésta forma por décadas, la palabra escasez no se aplicaba para los habitantes de la península. En el informe “Política e ilegalidad en La Guajira” de Luis
Fernando Trejos, se resume todo esto con la frase: “En la Guajira, la ilegalidad
permite satisfacer las necesidades básicas”.
La Guajira fue el departamento
de mayor crecimiento en la década de los ochenta (1980 – 1990), con una tasa
promedio anual de 12,42%. Entre 1985
y el año 2011, la mina de carbón del Cerrejón, produjo 508,8 millones de
toneladas, y generó US$2.006 millones en regalías. Por este rubro, en el 2011
(Fecha en la que se sancionó la nueva ley de reforma a las regalías), le giró a
la Nación y a La Guajira US$ 336,6 millones. Igualmente, el
Producto Interno Bruto departamental entre 1980 y 2000, creció a una tasa
promedio anual de 5,3% debido al decrecimiento en la década de los noventa; el
cual bajó su incremento promedio anual a 2%, entre 1990 y 2002. En ese período El
PIB per cápita en pesos pasó de $715.355 en 1980 a $2.059.580 en 1990 (el segundo
más alto del país después de Bogotá que fue de $2.753.380).
Mientras económicamente
se vislumbraba una luz de esperanza para el desarrollo del departamento, pasaban
gobernantes que se convirtieron en amos, señores y dueños de los recursos de
los guajiros y que hoy tienen líos con la justicia.
A continuación, la historia de los gobernadores y sus procesos jurídicos.
A continuación, la historia de los gobernadores y sus procesos jurídicos.
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| Jorge Pérez Bernier |
JORGE
PÉREZ BERNIER (1995/1998 – 2008/2011) En su campaña en su segundo período apareció
incurso en el escándalo de apoyo por parte de DMG a su candidatura después de
una reunión realizada en Playa Mendoza, Atlántico.
Según la Fundación Paz y
Reconciliación (2014) estaba vinculado a Dilger Becerra (asesinado el 9 de
agosto de 2011), reconocido lavador de activos de la banda criminal los
Rastrojos y posteriormente enlace entre Pablo, excomandante paramilitar y
exjefe de la banda criminal que opera en la alta Guajira (después de la
desmovilización del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia) y el
movimiento Nueva Guajira. La esposa de Becerra, Claudia Mesa,
fue secretaria de Salud departamental durante la segunda administración de
Pérez Bernier, y el mismo Becerra fue asesor de transporte de la gobernación
durante el mismo periodo (Fundación Paz y Reconciliación, 2014; Elheraldo.com,
2012).
Investigado por la
Procuraduría por posibles irregularidades presentadas en seis contratos de
prestación de servicios de salud.
Jorge Pérez, actualmente se
encuentra recluido en el bunker de la Fiscalía en Bogotá, por la firma en 2009 del
contrato 770 con la Unión Temporal del Norte para el mejoramiento de 57
instituciones y la construcción de cinco, por valor de $90.000 millones. Con
las adiciones posteriores aprobadas por otros gobernadores, la contratación
ascendió a $134.973 millones.
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| Álvaro Cuello Blanchar |
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| Hernando Deluque Freyle |
En fallo de
segunda instancia de la Procuraduría, también lo destituyó del cargo y lo
inhabilitó por celebración y ejecución de los contratos de obras 132, 06, 02,
151, 395, 498 del año 2001.
En mayo de
2016, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a nueve años de prisión por los
delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por
apropiación.
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| José Luis Gonzalez Crespo |
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CRESPO (2003 - 2005)
En un fallo de primera y única instancia proferido el 30 de abril de 2010 por
la Procuraduría General de la Nación, fue destituido e inhabilitado por doce
años, al encontrarlo responsable de haber violado los principios de selección
objetiva y transparencia durante la licitación del contrato de suministro 003
BIS de julio 25 de 2005 con la empresa Gescop Ltda.
La Corte
Suprema lo condenó a diez años de prisión. Fue encontrado responsable de haber
suscrito quince contratos de manera irregular con empresas de servicios
públicos. Los líos fueron por varios contratos y diferentes obras, una de ellas
la línea de conducción del acueducto regional que llega hasta el municipio de
Hatonuevo. La obra se finalizó, pero hubo irregularidades en la contratación.
JUAN FRANCISCO “KIKO” GÓMEZ (2011 – 2013) La Procuraduría General lo destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos por su responsabilidad en las irregularidades que rodearon el proceso de contratación en el departamento.
De acuerdo a la Procuraduría, Kiko Gómez tuvo responsabilidad
en cuatro cargos disciplinarios en relación con las supuestas fallas en la
planeación y por la suscripción de cuantiosos contratos.
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| Juan Francisco "Kiko" Gómez |
La Procuraduría halló
disciplinariamente responsable a Gómez Cerchar por irregularidades en una
licitación en el 2012 para la vigilancia y seguridad privada en el departamento
en la que se exigía que los proponentes tuvieran como domicilio principal o
sucursal en la ciudad de Riohacha, hecho que privilegió a una empresa en particular
que fue la única que presentó propuesta.
El juzgado octavo
especializado, después de tres años de proceso, condenó a 55 años a Juan
Francisco, ‘kiko’ Gómez. Según la
justicia, Gómez es culpable del asesinato de la exalcaldesa de Barrancas,
Yandra Brito; su esposo, Henry Ustariz y su escolta Wilfrido Fonseca.
El exgobernador, que fue capturado en 2013, fue
condenado por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y
tráfico, fabricación y porte de armas.
JOSÉ
MARÍA “CHEMITA” BALLESTEROS (2013 – 2015)
Reemplazó a Kiko Gómez. Se decía
que era el candidato de su grupo político y primo del extraditado Samuel
Santander “Santa” Lopez Sierra, conocido como el hombre Malboro.
La Contraloría General de la
República, mediante el proceso 26-01-0483, le abrió juicio de responsabilidad
fiscal (junto a tres exgobernadores más) por un posible daño patrimonial por
sobrecostos estimados en $11.891 millones.
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| José María "Chemita" Ballesteros |
ONEIDA
PINTO PÉREZ (2016 )
Se
le relaciona por vínculos con Kiko Gómez. En mayo de 2016, la sección quinta
del Consejo de Estado tumbó su elección como gobernadora de La Guajira. Según
esta corporación, la funcionaria se postuló al cargo estando inhabilitada para
ejercer funciones como autoridad administrativa en esa región del país. Para el
Consejo de Estado, Pinto violó el régimen de inhabilidades por haber sido
alcaldesa de Albania (La Guajira) durante los doce meses previos a las
elecciones regionales de octubre del 2015.
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| Oneida Pinto Pérez |
Para el próximo 10 de febrero está
programada en el Tribunal Superior de Bogotá la audiencia de imputación de
cargos solicitada por la Fiscalía General de la Nación contra la
Exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto.
La exfuncionaria deberá responder por
las presuntas irregularidades en el trámite, celebración y ejecución del
contrato que tenía como objetivo reducir la mortalidad infantil en el municipio
de Albania (La Guajira), cuando ella se desempeñaba como alcaldesa.
El monto del contrato fue de dieciséis
mil ochocientos millones de pesos ($16.800.000.000,00) y fue celebrado días
antes de abandonar su cargo para iniciar su campaña como candidata a la
gobernación de La Guajira.
WILMER
GONZÁLEZ BRITO (2016 – Actual) Wilmer
González, acusado por desviar a capitalizadora Aurora dineros del sistema de
transferencia de resguardos indígenas, fue destituido de su cargo como alcalde
de Uribia por participar en política y malos manejos de recursos de regalías,
su esposa estuvo al parecer inmersa a su paso por la secretaria de asuntos
indígenas departamental en un peculado cercano a 20 mil millones.
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| Wilmer González Brito |
Se le relaciona con la hoy detenida e
investigada por concierto para delinquir, Cielo Redondo, madrina política de Wilmer González. Fue ella
quien lo propuso cuando éste fue el candidato de Nueva Guajira, en las atípicas
de hace dos años, cuando Kiko fue capturado. A Cielo la Fiscalía la señala de
haber cometido irregularidades en la compra de unos materiales de construcción,
cuando se desempeñó como alcaldesa por segunda vez entre 2007 y 2011
Este viernes
27 de enero La Fiscalía General de la Nación
constató graves irregularidades en el proceso de elección del gobernador de La
Guajira, Wilmer González Brito, adelantado el pasado 6 de noviembre de 2016.
Por esta razón solicitó al Tribunal
Superior de Bogotá audiencia para formalizar la imputación de cargos contra el
mandatario departamental por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y
corrupción al sufragante. Esta diligencia fue programada para hoy jueves 26 de
enero, pero el gobernador solicitó aplazamiento de la audiencia, la cual quedó
programada para el próximo 9 de febrero.
El Estado
colombiano no ha hecho presencia en el departamento, esto quizá, ocasionó que
la dirigencia política realizara durnate décadas malas prácticas que hoy, al
ser descubiertas y con las primeras actuaciones del aparato judicial, muestra a
La Guajira como foco de corrupción.
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