La presunción de inocencia constituye uno de los pilares básicos del sistema penal de una democracia. Demasiados periodistas y buena parte de los medios en Colombia, abusando de la libertad de informar, sistemáticamente violan el derecho a la presunción de inocencia, derecho que corresponde a todo imputado en un proceso penal a ser tratado como si fuese inocente hasta que una sentencia en firme lo declare culpable. En días pasados muchos medios, algunos guiados por tinterillos de cuarta categoría, se han ido lanza en ristre contra la jueza 11 de conocimiento, Paula Astrid Jiménez, autora del fallo que absolvió a Laura Moreno y Jessy Quintero en el caso de la muerte del joven universitario Luis Andrés Colmenares, ocurrida en octubre del 2010. Para la jueza, que no cedió ante la virulencia y presión mediática, la Fiscalía no logró demostrar la responsabilidad de Moreno en coautoría impropia de homicidio y falso testimonio ni la de Quintero en encubrimiento de homicidio.
En reciente tuit el académico Moisés Wassermann resume magistralmente el dilema: “Quienes protestan por la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero recuerden que se debe demostrar la culpabilidad, no la inocencia”. En la ley penal colombiana, por más que los medios crean, no existe la inversión de la “carga de la prueba”.
La irresponsabilidad y la saña no son exclusivas de los medios. En artículo no muy lejano (El Espectador, 16/12/16), Héctor Abad Faciolince pone en evidencia cómo las redes sociales también violan de manera sistemática la presunción de inocencia: “Hay en Colombia una extraña lógica dictada por el odio y no por los silogismos. Esa lógica, cegada por el rencor, se nutre también del chisme, las mentiras y las conclusiones delirantes. Con el caso del horrible asesinato de la niña Yuliana Samboní, en las redes sociales se ha estado aplicando la siguiente argumentación salvaje: Rafael Uribe Noguera (el sindicado del crimen) tiene un hermano, Francisco, que trabajaba en Brigard & Urrutia; uno de los Urrutia de esta firma fue embajador de Colombia en Estados Unidos durante el gobierno Santos. Dadas estas premisas, la conclusión ‘natural’ es que el Gobierno está implicado en la violación y el asesinato de Yuliana. Brillante. Como esta inferencia saca de quicio, también en las redes sociales, a los defensores del Gobierno, la argumentación deductiva con la que contestan algunos santistas no está menos cargada de odio y de locura que el silogismo anterior. Y es esta: el primer apellido del asesino de la niña es Uribe, como el del expresidente; el segundo es Noguera, como el del exdirector del DAS. Por lo tanto, es lógico que los señores de apellidos Uribe y Noguera tienen algo que ver con el crimen. Ante este nivel argumentativo, ¿qué puede hacer uno fuera de jalarse el pelo o morderse los codos?”.
Apostilla. La democracia en Colombia corre un serio peligro con la intención de varios funcionarios en el Gobierno de utilizar el fast trackpara fines distintos de aquellos directamente relacionados con el Acuerdo de Paz. El que altos funcionarios pretendan meter leyes en el fast track, con la peregrina excusa de atacar la corrupción y por ende contribuir con la paz, es una falta de respeto con la recientes aprobación de este mecanismo por la Corte Constitucional, el principio del desmoronamiento de nuestras instituciones y el preámbulo a un régimen dictatorial.
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