Reunidos en la Ciudad de Cartagena,
en el marco de la asamblea del Sistema Universitario Estatal, los rectores de
las universidades públicas emitieron un comunicado a la opinión pública y a la
comunidad académica, donde en cinco puntos, solicitan al gobierno nacional y al
Congreso de la República acciones para superar la crítica situación financiera
que enfrentan las 32 universidades públicas, reflejada en un déficit
histórico acumulado en funcionamiento de 3.2 billones de pesos y 15 billones de
inversión.
En el comunicado los rectores
expresan:
1. Solicitamos a los parlamentarios
del Congreso de la República la no aprobación del proyecto de Ley No 052 y
059 de 2018, tal como está concebido en este momento en virtud de las
siguientes razones:
- Ante la crisis estructural de
financiamiento de las 32 universidades públicas, no se contemplan incrementos
reales para el funcionamiento y la inversión indispensables para continuar
cumpliendo con nuestras labores misionales de investigación, docencia y
proyección social. El proyecto de presupuesto solo contempla el ajuste por
concepto del IPC y los recursos adicionales de 2 billones de pesos previstos
para el Ministerio de Educación Nacional no tienen destinación alguna para
las universidades públicas.
- Se contempla cerca de 1.97 billones
de pesos para calidad y fomento de la Educación Superior; sin embargo, por
información del Ministerio de Educación Nacional, este monto se distribuirá
para los costos operacionales del Sistema de Aseguramiento de la Calidad,
financiación a la demanda de las cohortes del Programa Ser Pilo Paga,
estampilla UN y fomento a la Educación Superior. Es claro que no hay un
recurso concreto adicional que haga base presupuestal de las demás
universidades públicas.
2. Es necesario que los recursos
contemplados en la ley 1819 de 2016 en materia de impuesto complementario a la
renta, excedentes de cooperativas e IVA social, se destinen al SUE como fue
previsto.
3. Solicitamos al Congreso de la
República recursos adicionales para el 2019 por un monto de 500 mil millones para
la viabilidad y sostenibilidad del SUE. Recursos que debieron haber ingresado
en el 2018 a las universidades públicas y terminaron financiando becas Icetex
y el Programa Ser Pilo Paga.
4. Manifestamos nuestro categórico
desacuerdo frente la continuidad del Programa Ser Pilo Paga o su posible
reestructuración, ya que ha significado un aumento muy reducido de la
cobertura -calculado en 1,97%-, con un costo muy alto que se estima en 3,5
billones para financiar a tan sólo 40.000 jóvenes. En contraste para el 2017,
las universidades públicas atendieron 611.800 estudiantes con un aporte de la
nación de 2,93 billones. A todas luces avanzaríamos mucho más en acceso a la
educación superior si destináramos estos recursos para las universidades
públicas. Asimismo, se puede señalar que más allá de financiar la demanda a
través de créditos-becas, se trataría en primer lugar de resolver el tema de
la financiación de las universidades públicas para garantizar la atención de
la cobertura en estas entidades orientada especialmente a los estratos 1 y 2 de
la población.
5. Acompañamos, en el marco de la
Constitución y las normas, la movilización social que se lleve a cabo por la
superación de la crisis de financiación del Sistema Universitario Estatal.
Invitamos a participar en el gran Foro Nacional por la Dignidad de la
Educación Pública Superior que se realizará el 10 de octubre a las 3 p.m. en
el Congreso de la República.
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