Por: Albeiro Sánchez R.
Fiscalía pide cambio de radicación de proceso que se adelanta
contra familiares y amigos de Marquitos Figueroa en Valledupar.
Por falta de garantías, la fiscalía 21 especializada de la capital
del país, pidió el cambio de radicación dl proceso que vincula a integrantes
del denominado grupo de Marquitos Figueroa, por los delitos de homicidio,
fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego y concierto para
delinquir, cometidos presuntamente en los departamentos de La Guajira y el
Cesar.
Son seis los procesados por el órgano acusador entre los que se
encuentra el exalcalde de Maicao Ovidio Mejía Marulanda, quien desde el año
anterior salió de Maicao y nunca más se ha conocido de su paradero, del igual
forma se encuentran investigados, José Miguel Torres Cataño, Marco Francisco
Figueroa Fonseca, Arles Johan Amaya Brito, Tirso Segundo García Márquez y
Damiler Paul Corrales Figueroa.
De acuerdo con lo que ha trascendido acerca de esta investigación,
la fiscalía busca desarraigar de su entorno familiar a los procesados a fin
evitar influencias que perturben el proceso judicial que cursa en un juzgado
penal de la ciudad de Valledupar.
En La Guajira no funcionan soluciones para suministro de agua a
las comunidades indígenas de Maicao, Manaure, Uribía y Riohacha.
Durante tres días una comisión de funcionarios de la Defensoría
del Pueblo, en cabeza del jefe de la entidad Carlos Negret, quienes pudieron
constatar que las inversiones millonarias para el suministro de agua potable,
para las comunidades indígenas cobijadas por las medidas cautelares de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional, no funcionan.
“Me voy preocupado porque encontré supuestas soluciones para el
suministro de agua que no funcionan”, dijo el alto funcionarios del
estado a las comunidades nativas que escucharon las conclusiones de la visita,
en una reunión realizada ayer en las instalaciones del SENA.
En Defensor del Pueblo, quien también se reunió con los
corregidores, para plantearles sus preocupaciones, señalo que propondrá una
reunión con el gobierno nacional y entregará los resultados de esta visita para
que se mejoren las condiciones de agua potable. “Tenemos que trabajar con los
ministerios de Agricultura, de Vivienda y la Unidad Nacional de Gestión del
Riesgo, entidades responsables de la contratación para la construcción
de los pozos y molinos a fin de tracen los correctivos y los pongan
a funcionar.
Para las comunidades wayuú las entidades gubernamentales no están
cumpliendo, con las medidas ordenadas por la Corte.
En la reunión de ayer en las instalaciones del SENA, las
autoridades tradicionales y líderes naturales de las comunidades indígenas,
reiteraron su inconformidad por el incumplimiento de las autoridades con las
soluciones que disminuyan las muertes por desnutrición ocasionados por la falta
de agua y alimentos.
Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, dijeron que el
gobierno nacional y las entidades territoriales, tienen en sus respectivas
dependencias más de 200 propuestas de iniciativa comunitaria, pero que serán
las autoridades quienes definan cuales de esas iniciativas se aplican para la
inversión y puesta en funcionamiento.
Todos los incumplimientos a las órdenes judiciales, han causado el
incremento de las muertes de niños en los cuatro municipios objeto de las
medidas cautelares, de La Corte Interamericana y la Corte Constitucional.
Es de anotar que el cumplimiento de las órdenes judiciales tiene
seis meses de atraso y solo hasta ahora con el informe de la defensoría del
pueblo, se iniciaran las acciones en el territorio indígena.
El Defensor del Pueblo hablo sobre la alerta temprana
de mayo del año anterior por los riesgos de las comunidades de Sierra Nevada.
Defensoría del Pueblo hace seguimiento a la alerta temprana dada a
conocer en mayo de 2018, por los posibles riesgos a los que
están expuestos los pueblos indígenas y las comunidades ubicadas en el Distrito
Turístico de Santa Marta y los municipios de Ciénaga y
Dibulla debido a la presencia de grupos armados en estas zonas.
Según la información dada a conocer por el organismo, el grupo que
representa la mayor amenaza para la población civil es el denominado “Los
Pachencas”, conformado, según la Defensoría, por reductos de las
desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia que actuaban en la región bajo
las órdenes de Hernán Giraldo Serna (Clan Giraldo u Oficina Caribe).
El documento de Alerta temprana hace énfasis en la situación que
enfrentan las comunidades indígenas Kogui, Malayo, Arhuaco y Kankuamos que se
asientan en la zona montañosa de la Sierra Nevada de Santa Marta.
“Estamos en terreno conversando con la comunidad, hablando con los
líderes sociales para conocer qué están viviendo en sus veredas y en las
comunidades”, el defensor del pueblo, quien también escuchó a la comunidad de
Wimpeshi, en Uribia, donde le contaron sobre sus necesidades en esa zona
limítrofe con Venezuela.
Plan de contingencia para afrontar la temporada de sequía por
fenómeno del niño en La Guajira.
Ayer se reunió el Consejo Departamental de la Unidad para la
Gestión del Riesgo, con objetivo fue pasar de la declaratoria de calamidad
pública por la pasada ola invernal, a la normalidad; también que el Gobernador
(e) Wilson Rojas Vanegas y el Director Departamental de la Unidad de Riesgo,
Gregorio Rincones Plata, presentaron el plan de contingencia para afrontar la
temporada de sequía y posible fenómeno del niño.
El plan se centra en dos grandes temas: incendios forestales y
desabastecimiento de agua. La zona con mayor probabilidad para que se presenten
incendios forestales son; los municipios de Riohacha, Dibulla, Albania, Maicao,
Fonseca, Distracción y San Juan Del Cesar.
Dentro de las acciones de intervención están: realizar los
estudios de riesgo de desastre que permitan las zonas con mayor número de
conflagraciones, implementar una red comunitaria de monitoreo del sistema de
alerta temprana (SAT), para emitir alertas tempranas.
El gobernador Wilson Rojas, dijo, “Tenemos la voluntad de trabajar
con los diferentes alcaldes, para prepararnos ante la temporada de sequía que
se avecina, además tenemos la experiencia de temporadas anteriores, para
afrontar estas crisis, también resaltar el valioso apoyo constante de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y su enlace Nacional, Hernando
Gómez Ricciulli” afirmó el Gobernador encargado.
Con una inversión de 5 mil 690 millones se construirá un nuevo
internado indígena en Uribía.
Con el propósito de brindar una mejor cobertura y un servicio
educativo con calidad para todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la
Administración Temporal de educación ha unido esfuerzos en común acuerdo con la
alcaldía de Uribía para lograr la construcción de un nuevo Internado indígena
en el casco urbano de este municipio, cuyo proyecto ha avanzado con las
primeras visitas del Fondo de Infraestructura del Ministerio de Educación
Nacional para valorar el impacto de esta acción.
Para la consecución de esta obra la Administración Temporal de
Educación ha realizado una inversión de 5.690.220.000 (cinco mil seiscientos
noventa millones doscientos veinte mil pesos) y la alcaldía de Uribía aportó el
predio para la construcción del nuevo Internado.
Con esta nueva residencia escolar se espera beneficiar
aproximadamente a 1.700 estudiantes incluyendo 400 internos, esta obra es
catalogada infraestructura 10, es decir que contará con toda la dotación
adecuada para un Internado de calidad, con espacio para los internos, áreas
pedagógicas de estudio y laboratorios de aprendizaje.
Publicar un comentario
Gracias por su comentario