La Guajira azul

Por: Camilo Cañón*

La denominada Guajira Azul del Gobierno Duque es la repetición del modelo que ya fracasó con el mismo nombre en 2012.  El Gobierno no sólo repite la estrategia fallida de suministro de agua en ese departamento, sino que también le pone el mismo nombre que está relacionado con la corrupción, la ineficiencia y los desaciertos en diseño e ingeniería del pasado. 

La inauguración de Casa Azul 2.0 se llevó a cabo el pasado 20 de febrero en el municipio de Manaure. Contó, entre otros, con la participación de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez; el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, y el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, José Luis Acero. En dicho evento se presentó el modelo de “Pilas Públicas”, que se caracteriza por carecer de innovaciones tecnológicas y conceptuales.

Este mismo día se puso en funcionamiento la planta desalinizadora durante dos horas aproximadamente (período determinado por la duración diésel), se llenó un tanque de agua potable de 5000 litros y se invitó a todas las autoridades de la región a presenciar una demostración de cómo se iba a cambiar la historia del agua en la Guajira. El ejercicio funcionó tal y como se había planeado: se abrió el grifo y fluyó el agua, se tomaron fotografías con sonrientes indígenas wayú, y posteriormente se dio paso a los discursos de las autoridades frente a los medios comunicación convocados para cubrir esta gran noticia. El problema se evidenció tan sólo dos días después cuando ya se habían ido las autoridades del gobierno y los medios de comunicación: ya no había agua potable en la primera solución. El panorama fue desolador.

La inauguración de la nueva planta es la repetición o “el reencauche” del evento que se realizó en abril de 2016, donde se entregó un contenedor donado por el Gobierno de Corea del Sur en Piedras Blancas, ubicado en el municipio de Manaure, con el que se pretendía abastecer a cerca de 7.500 personas; la noticia se popularizó con por la presencia del presidente de la República y del embajador de Corea. Se habló de una inversión de $1.034 millones por parte de ambos gobiernos, para desarrollar en el marco de la cooperación entre ambos países. Sin embargo, esta bien intencionada iniciativa terminó como una planta más de las tantas que se encuentran enterradas en cualquier parte del desierto de la Guajira; su fracasó se evidenció a tan sólo dos meses por falta del suministro constante de energía y por su elevado costo de operación y mantenimiento.

Comparar es inevitable. Si se confronta el modelo del 2016 con el de 2019 de la Casa Azul, se puede evidenciar que la nueva tecnología costó cerca de $4.108 millones, unas cuatro veces más que la de 2016. Se cometieron los mismos errores de diseño y planeación. Nótese que para llegar a abastecer un número similar de personas se incrementó significativamente su costo. El proyecto 2.0 incluye el uso de carrotanques para la distribución, lo que aumenta la probabilidad de fallar en el proceso y en los costos de operación y mantenimiento.

¿Es acaso una gran innovación tecnológica llevar el agua desde la Casa Azul a las comunidades en lugar de llevarla desde Riohacha? No se evidencia un cambio de modalidad en el suministro, sólo se modifica el punto de abastecimiento.

La Guajira no es el único escenario en donde confluyen diferentes intereses y lógicas más bien “ilógicas” frente al acceso y el suministro de agua potable. En Pakistán, por ejemplo, se negocia con el agua de forma similar y existe una mafia alrededor del transporte. Detrás de este sistema están los dueños de los carrotanques que llevan años transportando el líquido vital por la Guajira y que no tienen ningún interés en que se cambien las formas de distribución o se genere un modelo distinto, uno que sea mejor para la gente.

Frente al suministro de energía el panorama tampoco está claro. ¿Quién pagará por el diésel o por el costo del suministro de la energía?, ¿es acaso una solución sostenible en el tiempo? El mismo 20 de febrero el equipo electrógeno diésel que suministraba la energía a la Casa Azul contrastaba con los paneles solares de un proyecto que se implementó antes en la Guajira. Una alternativa que tendría más lógica en la búsqueda de la sostenibilidad del proyecto. Sin embargo, los paneles que estaban allí disponibles no fueron usados porque se eligió pagar el diésel para la operación de la nueva desalinizadora. 

Desaciertos que se repiten y contrastan como lo que ocurrió con la planta móvil donada en 2015  de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de 68.000 litros-día entregada a la Cruz Roja y hoy totalmente inservible y deteriorada. Esta planta está ubicada exactamente al lado de la nueva del 2019 de la Guajira Azul 2.0, que en la visita también estaba apagada.

¿Es lógico seguir invirtiendo en nuevas plantas sin entender de verdad por qué no funcionaron los proyectos anteriores? La apuesta de la Guajira Azul de hoy aumentará el costo de distribución de las plantas, entre otras porque incluirá el costo del diésel en la operación del proyecto. Se siguen adquiriendo plantas ineficientes, sin sistemas de recuperación de energía (que son comúnmente utilizados en las desalinizadoras de gran tamaño debido a su gran consumo energético), no se involucra a las comunidades en el modelo de operación y sostenibilidad, y no hay evidencia de un estudio de viabilidad del proyecto a largo plazo.  La pregunta es por qué escoger un modelo que implica un mayor gasto en la operación y el mantenimiento cuando es posible optimizar el proceso.

Albert Einstein decía que, si se tenía una hora para resolver un problema, se debía invertir 55 minutos en entenderlo y 5 minutos en solucionarlo. Por supuesto, este no ha sido el caso del Ministerio de Vivienda. Si bien no se evidencia mala fe del gobierno en el proceso, el desconocimiento y sobre todo la improvisación, son innegables. Se trata de recorrer más la Guajira, conocerla y entenderla, preguntarse por qué los proyectos anteriores han fracasado y entender los factores que han generado un impacto negativo en los procesos, es contundente decir que la solución debe estar enfocada a la eficiencia en la operación y al mantenimiento y no debe contener solo inversión como ha existido en los últimos quince años.  Después de eso, sí es posible proponer nuevas alternativas, plantear nuevas estrategias e impulsar proyectos para desarrollar una solución sólida a largo plazo.

La Casa azul nace en el 2012 mediante el proceso fallido de contratación directa en el Municipio de Manaure, con una inversión de $6.600 millones en abril del 2011 (Código Secop 11-12-483344), a estas inversiones se les suman las cuantiosas ampliaciones y mejoras de reservorios de la alta y media Guajira por valor de $1.637 millones en el mismo Municipio en julio del 2018 (Código SECOP 18-1-193384). Adicionalmente, la inversión de otra planta por 9.381 millones en junio del 2015 (Código Secop 15-12-3990645) inversiones realizadas, pagadas y que no funcionan al día de hoy. Cuantiosas inversiones que no generaron cambios ni soluciones.

Es momento de parar y plantear modelos diferentes que eviten el sufrimiento de los indígenas por sequías, el desaprovechamiento de recursos públicos cuantiosos y de cambiar la dinámica enceguecedora en la que estas poblaciones pasan desapercibidas ante las miradas indiferentes de los demás ciudadanos del país, aquellos que no quieren escuchar las cifras alarmantes de la desnutrición y la mortandad infantil en la Guajira. El derecho a la vida digna es de todos, y por eso no podemos seguir enterrando plantas de tratamiento para que nadie vea el tamaño del error. Colombia no puede seguir protagonizando más casos desalentadores, y la Guajira no tiene que convertirse en el mayor cementerio de desalinizadoras del país o de Suramérica.  

Esta situación se vive en el silencio más profundo. No hay pronunciamientos sobre la inyección del dinero en proyectos poco estructurados e inservibles desde su concepción. Se sigue manejando el problema del agua en La Guajira a control remoto desde Bogotá, y en el mejor de los casos, bajo la modalidad “apagando incendios” con poco profesionalismo por parte de los estructuradores, los gobernadores y de los directores que sólo miran sus propios intereses.

La mala noticia es que no existe una señal que indique que las cosas van a cambiar. En 2016 se realizó un proyecto piloto con la cooperación alemana, basado en el modelo de sostenibilidad que se ha implementado exitosamente en Etiopía. Este proyecto funciona hoy y desde hace tres años en la Guajira involucrando a la comunidad en todo el proceso y no obedece ni a los intereses de los políticos locales ni a los de los dueños de carrotanques. ¿Por qué no visibilizar y robustecer más este tipo de iniciativas? 

Igualmente, se podrían implementar otras alternativas como los contrato tipo BOMT (por sus siglas en inglés Build, Operate, Manage and Transfer) que son modelos de construcción, operación y transferecnia tecnológica aceptados para bienes públicos y que, además de aplicarse para la contratación pública, tienen el atributo de atraer cooperantes que no solo estén alineados con la inversión sino también con el costo de la operación y el mantenimiento del modelo. Hoy Casa Azul tiene tres responsables AAA, EPM y PAINWAJIRAWA´A ASSA WUIN. La responsabilidad global del proyecto puede quedar diluida, el número de trámites puede ser mayor y la desarticulación e intereses de cada actor, pueden impedir la implementación óptima del proyecto, así como la transferencia tecnológica a la comunidad wayú en un período de cinco años.

Si bien es cierto que el modelo de distribución de las Pilas Públicas sigue siendo la única opción viable para la Guajira, el proyecto de Casa Azul está destinado a fracasar por el diseño, la implementación y el camino que deja abonado para la corrupción. Una prueba de ello es que el decreto 1898 de noviembre de 2016 referente a los esquemas diferenciales y las pilas públicas se ha quedado en el papel y, después de más de dos años no se ha implementado el primer proyecto que cumpla con lo establecido en esta normatividad. 

Objetivos similares, plantas de tratamiento similares y posiblemente todos con los mismos resultados. Parece que no se aprende de la experiencia, se sigue intentando hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Casa Azul 2.0 nace desahuciada y puede vaticinarse que pronto terminará como las demás plantas, enterrada bajo la arena de la hermosa Guajira. Hoy después de un mes de la inauguración, la meta de entregar 10 galones por familia está muy lejos de cumplirse, de los 19 puntos identificados como pilas públicas solo se tienen cinco puntos definidos, no hay caracterización de la calidad del agua en su mayoría, de las 7.370 personas que se intentaban abarcar con la primera pila pública no se alcanza ni el 6% de su público objetivo. La planta funciona de vez en cuando con el diésel y está muy lejos de ser un proyecto sostenible.

Nota: Este artículo invita a que las buenas intenciones del Ministerio de Vivienda se vean plasmadas en la práctica y en la ejecución de proyectos de suministro sostenible de agua potable en la Guajira. Cuando no se diseña bien una solución, la ejecución se traduce en errores, sobrecostos y en este caso, una mala imagen del Gobierno que ya cuenta con recursos considerables para ejecutar durante este Gobierno.

 *Gerente general de Colenergy, una empresa de diseño y ejecución de proyectos en energías renovables y tratamiento de agua, incluido el realizado con cooperación alemana y mencionado en la columna.