La Alcaldía de Uribia ha sido recientemente objeto de un nuevo escándalo nacional por su implicación en un polémico contrato. El contrato, relacionado con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y los servicios de camiones cisterna, ha suscitado preocupación en medio de la actual crisis humanitaria en la región de la Alta Guajira. La crisis se ha visto alimentada por la trágica muerte de niños debido a la desnutrición.
El alcalde, Bonifacio
Henriquez, se encuentra en la mira de los medios y las entidades de control,
porque ha contratado en los últimos dos años un total de 64 mil millones de
pesos para la alimentación escolar en instituciones etnoeducativas.
Sin embargo, a pesar de estas considerables inversiones, líderes y habitantes de la zona han denunciado que los niños siguen muriendo.
Al indagar más a fondo, se encontró que entre 2022 y 2023 se adjudicaron 42 contratos, algunos que alcanzan hasta los $11 mil millones y otros por $4 mil millones de pesos, lo que llama más la atención es que todos estos contratos se han realizado a través de contratación directa.
En Uribia se mantiene la
elevada tasa de mortalidad infantil, que es del 144,5% por cada 100.000
nacimientos en esta región del departamento. Esta cifra es 17 veces superior a
la media nacional y constituye un importante motivo de preocupación.
En Uribia se mantiene la elevada tasa de mortalidad infantil, que es del 144,5% por cada 100.000 nacimientos en esta región del departamento. Esta cifra es 17 veces superior a la media nacional y constituye un importante motivo de preocupación.
No conformes con el mal
manejo de los contratos multimillonarios para el programa de alimentación escolar, (PAE), también se
adjudicaron cinco contratos por valor de 16.000 millones de pesos para el
transporte de agua en camiones cisterna. Sin embargo, las comunidades locales
han denunciado que no están recibiendo el agua que durante décadas anhelan.
En la administración de Henríquez,
durante el periodo referido, se firmaron 35 contratos adicionales por valor de
160.000 millones de pesos, pero lamentablemente los fondos no se utilizaron
para mejorar la tasa de mortalidad infantil en Uribia, en esta, una de las zonas más vulnerables de Colombia en
materia de mortalidad de niños indígenas.
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