Las preocupaciones que trae el
gobierno del presidente gustavo Petro y que traerá como resultado el decreto de
declaratoria de emergencia va enfocado en las tareas que la sentencia T-302 ha
ordenado a las autoridades nacionales, departamentales, territoriales y sus
instituciones para atender la mortalidad de los niños de La Guajira.
Las principales preocupaciones del gobierno están enfocadas en garantizar el suministro de agua potable para el consumo de las comunidades de la alta Guajira, en ese sentido se busca acaban con la crisis
que durante décadas ha afectado a los habitantes de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao.
En el caso específico de las altas
cifras de desnutrición, mortalidad y problemas de salud en los niños, el gobierno
busca unificar criterios, para brindar una atención de calidad a los niños del
departamento y se mejore su bienestar general.
Por último, debido a la falta de
concertación entre las comunidades y las empresas que implementarían los
sistemas de energías renovables como la eólica, el presidente Gustavo Petro ha manifestado
insistentemente su preocupación, puesto que, los proyectos desempeñan un papel
preponderante frente a las estrategias de transición enérgetica, uno de los
pilares de su gobierno.
¿Le pondrán trabas a la iniciativa?
Referente a la constitucionalidad del
decreto que permitiría al presidente determinar los recursos necesarios para
adelantar estas acciones, expertos manifiestan que quedará difícil que la Corte
Constitucional no le dé aval, porque como se conoce, es la misma Corte la que
ha solicitado la atención institucional a las comunidades de La Guajira.
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