Lo que no cuenta ENEL

Por: Johana Barney
Ivestigadora de INDEPAZ

Mucho se ha especulado sobre el futuro de la transición energética en La Guajira con la salida de ENEL, las versiones que circulan en los medios tienen como única fuente a la empresa y a sus aliados. Pero según reza el viejo adagio, una historia tiene como mínimo dos versiones y justamente esa otra versión es la que guarda relación con las comunidades indígenas, alas cuáles se les está responsabilizando de su salida.

Es así como hace unos días, cuando se supo la noticia de la suspensión indefinida del proyecto Windpeshi, y mientras diferentes representantes políticos de La Guajira lamentaban esta situación, en los diferentes chats de la comunidad indígena Wayuu se celebraba con júbilo dicho retiro. ¿Pero qué ha pasado en todos estos años para que la salida de una empresa se celebre de esa manera? Para dar esa respuesta debemos retroceder varios años. 

Según el seguimiento que se le ha hecho desde INDEPAZ, ENEL cuenta con varias pretensiones de parques eólicos en la Guajira colombiana. De 5 parques que aun parecen mantener, tres de ellos reportan conflictos con las comunidades. Pero de estos 5 solo 1 de ellos está en fase de construcción. Y ese es, justamente, el mencionado Parque Eólico De Windpeshi.

La versión del territorio

Para el año 2017 la empresa ENEL cerraba las consultas previas con las 12 comunidades del área de impacto, determinada entre otras cosas por ellos mismos. INDEPAZ, posteriormente, visitó a esas comunidades y constató que si bien habían tenido problemáticas para llegar a esos acuerdos, se habían decidido a apostarle a la empresa y estaban tratando de llevar a buen término el parque eólico. Aun así, se pudieron identificar algunas deficiencias dentro de las consultas previas; por ejemplo, el taller de impactos ambientales había quedado absolutamente incomprendido. La información les fue entregada en un libro donde se reunían los estudios de impacto ambiental, en español y en con el lenguaje técnico propio de esos documentos, los hallazgos de dichos estudios nunca les fueron explicados. La norma, dentro de la misma consulta, reza que esa información debía ser entregada en el idioma de la etnia y que no se debe escatimar recursos para lograr su entendimiento. 

 Otra falta grave, y corazón de la gran problemática social, es que el manual de interrelacionamiento cultural, documento que debe ser considerado como la hoja de ruta entre comunidad y empresa, le fue encargado a la universidad de La Guajira con posterioridad al cierre de las consultas, y la comunidad que debe ser por obligación uno de sus autores, no se había dado ni por enterada de su existencia, tanto que aún hoy no se conoce dicho documento. Sin esa vital información, que debía ser construida con el territorio, ENEL se aventuró a navegar con los ojos vendados en medio de una tormenta. 

Otras faltas a la debida diligencia fueron detectadas, por ejemplo, las comunidades nos informaron que la empresa ya les había permitido la contratación de asesores externos, quedando en evidencia que la empresa ENEL les había instado a no tenerlos hasta ese momento, argumentando que no los necesitarían y que los mismos traerían dificultades de comunicación entre empresa y comunidad. Pero ya a esas alturas, año 2019, las consultas previas habían quedado protocolizadas, por lo que la contratación de esos asesores seria solo cosmética, a menos que buscara tapar la falta grave de haberles solicitado no tenerlos durante la fase de detección de impactos donde si hubieran sido de gran utilidad.

ENEL en el 2019, gana en la subasta de energías renovables (CLIP-19) un cupo para su proyecto y se propone a acelerar aún más, para cumplir con su cronograma de entrega. Cabe suponer que, por esta causa, no se aceptó, por ejemplo, repetir las consultas previas, cambiarlas al también establecido en la constitución, Consentimiento, previo, libre e informado. Tampoco se contempló el modelo asociativo propuesto y siguieron con el esquema de entregar, en proyectos productivos, algunos beneficios, que dadas la situación de abandono de las comunidades asemejaba a una coaptación de las obligaciones del Estado. En las protocolizaciones se puede leer beneficios como agua, luz (en paneles solares), proyectos productivos, arreglos de cementerios, etc. 

Por ejemplo; tomando el acto de protocolización de una de las comunidades del área de impacto, se puede hacer la siguiente claridad, sóbrela distribución de beneficios y la implicación real para cada uno de sus habitantes. También cabe recordar que dichos beneficios nunca son entregados en dinero, en cambio, se usa el modelo de proyectos productivos presentados por la comunidad, según sus necesidades, a la empresa. 

Con el tiempo, algunas de las 12 comunidades que inicialmente se incluyeron en las consultas previas, comenzaron a insistir, a través de paros, en la revisión de estas, argumentando que tenían deficiencias. Es posible que con un buen manual de interrelacionamiento y con un taller de impactos bien elaborado y comprendido, estas situaciones se habrían podido tramitar, pues la empresa comienza a cometer errores que afectarían a largo plazo la sostenibilidad del proyecto, uno muy diciente fue el de aceptar la división de las comunidades, aceptando, por ejemplo, uno muy diferente fue el de aceptar la división de las comunidades, aceptando, por ejemplo, darle beneficiosa los achones. 

Esta falta al parecer simple es en realidad una falla de orden estructural, pues los achones por principio no tienen derecho al territorio, y al otorgarles los mismos derechos que los ancestrales se estaría incentivando beneficios individuales y no colectivos. 

Otros problemas, como eran de esperarse, surgieron cuando la empresa comienza sus obras en el territorio. ENEL hace varias subcontrataciones, entre las cuales nos encontramos con la empresa CJR, quien es acusada, por las mismas comunidades, de hacer captaciones ilegales de agua en el acueducto de Uribia, donde el abastecimiento de agua por parte de las empresas está terminantemente prohibido dada la situación de estrés hídrico que sufre el departamento y sus comunidades. Por otra parte, la empresa Operaciones y Montajes de La Guajira, subcontratada su vez por CJR, encargada de construir la carretera de acceso al parque, también es acusada por parte de las comunidades cercanas al proyecto de no hacerles consulta previa por la adecuación de la carretera. Cabe recordarles aquí a las empresas y a los lectores que todo lo que ocurre al interior de un resguardo indígena y sobre todo si genera impacto, debe ser consultado con sus comunidades. La construcción de la nombrada carretera posee otra serie de acusaciones, dudas sobre la procedencia del material y sus debidas licencias ambientales, de nuevo sobre la captación ilegal del recurso hídrico, daño sobre los cauces de algunos ríos, contaminación por levantamiento de material particulado, rompimiento del tejido social y familiar, etc.

 

Así las cosas, la empresa continua con su proyecto, usando a las alcaldías de Uribia y Maicao para resolver los conflictos que se le iban presentando, dicho por los mismos funcionarios, “ellos fueron tratados como bomberos, con su muy limitado personal, en un proyecto que parecía andar repartiendo fósforos”. 

Llega entonces el 2023, a cuatro años de la adjudicación en subasta del proyecto (2019), ENEL anuncia ante la CREG un avance físico de tan solo un 55%, con un significativo retraso de 608 días según la fecha de entrada en operación. Aun así, la auditoría indica que el proyecto no se encuentra en situación de incumplimiento grave o insalvable y les permite mover su fecha de entrada de operación del 28 de febrero del 2022 al 1 de diciembre del2023 (UPME, 2022).

Pero en mayo de este año, la empresa ENEL anuncia, después de haber levantado el último paro, que, dada la situación de inseguridad jurídica de su proyecto, se ven obligados a desistir de su construcción, aduciendo, que dichos retrasos les han conducido a un sobrecosto del 50% de la obra según lo proyectado. 

Volvemos así a la raíz del problema, ¿se hicieron las consultas con todas las comunidades impactadas? ¿Se manejaron de la manera correcta las denuncias de las comunidades sobre las empresas subcontratas por ENEL para el desarrollo de la obra? ¿Se deberían hacer modificaciones en la delimitación de las zonas de impacto de los proyectos, teniendo en cuenta el desconocimiento del territorio por parte de las empresas a la hora de determinarlas? ¿Qué responsabilidad recae en el Ministerio del Interior en el desconocimiento de la territorialidad Wayuu? ¿La determinación de compensaciones que se viene realizando es un trato digno con las dueñas del territorio y del viento? Acá llegamos al corazón del corazón, y es la pregunta; ¿saben acaso esas empresas, en su mayoría extranjeras, como se determina y tramita de manera justa un proyecto en el territorio indígena Wayuu? 

Estos y otros interrogantes deberán ser analizados y corregidos por parte de las empresas y del gobierno mismo antes de seguir hablando de aceleramiento de la transición energética justa. Y es que suena cuando menos irónico y cuando más xenofóbico y peligroso acusar a una comunidad históricamente olvidada de ser, de nuevo, el palo en la rueda de loque se considera desarrollo.