En dos días, el Ministerior Público, anunció oficialmente las investigaciones adelantadas contra los exgobernadores del Departamento y los exalcaldes del Distrito por presuntas irregularidades en el manejo del PAE y contratación de unas obras en la comuna 10 de Riohacha.,
La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra los exgobernadores (e) de La Guajira, José Jaime Vega Vence (2022 – 2023) y Diala Patricia Wilches Cortina (2023), por presuntamente omitir realizar las gestiones necesarias para la planeación y oportuna operación del Programa de Alimentación Escolar durante la vigencia 2023.
La Entidad sostuvo que posiblemente se presentaron retrasos en los 12 municipios no certificados de La Guajira para atender a la población estudiantil infantil no étnica y de la indígena, por no estar culminado el trámite contractual, a pesar de ser situaciones que pudieron estar previstas antes del inicio del año escolar.
Tambiénse incluyó como parte de la investigación al exsecretario de Educación, Adaulfo Adolfo Manjarrez Mejía.
Los exalcaldes de Riohacha
Por su parte, la PGN también formuló pliego de cargos contra el saliente alcalde de Riohacha (2020 – 2023), Ramiro Bermúdez Cotes, y el exalcalde Juan Carlos Suaza (2018 -2019) por presuntas irregularidades en el proyecto para llevar alcantarillado y pavimento flexible a más de 10.000 habitantes de la Comuna 10 de esa ciudad.
El Ministerio Público pudo verificar en su investigación, deficiencias técnicas en los estudios y diseños del proyecto que habrían generado un retraso de seis años en la ejecución, a pesar de haber sido advertidas previamente.
También que varias actividades nuevas, no aprobadas en el proyecto inicial, como la reparación de conexiones domiciliarias de acueducto y gas natural, obras de drenaje y dificultades en la expropiación o compra de varios predios necesarios para dar continuidad a la instalación de las redes, han ocasionado sobrecostos y demoras.
Desde que comenzó a ejecutarse, en diciembre de 2017, el proyecto ha tenido cuatro adiciones en tiempo y una suspensión preventiva de giros por parte del Departamento Nacional de Planeación, lo que ha causado que a la fecha presente un avance físico de apenas 53.23%.
“Considera el despacho que dentro de la actuación obran suficientes pruebas de cuyo análisis se puede establecer la existencia de posibles conductas irregulares constitutivas de falta disciplinaria y presunta responsabilidad en la comisión del comportamiento enunciado”, se advierte en el Auto.
Los cargos formulados contra los funcionarios en mención, están relacionados con la posible omisión de funciones al no haber adelantado los trámites necesarios para la expropiación o compra de predios y adición de recursos para la interventoría y así garantizar la culminación de las obras, entre otros, calificadas provisionalmente como Graves a título de Culpa Grave.
Más preocupaciones de la Procuraduría
El ente de control también anunció que convocó de manera urgente a una mesa de trabajo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a las carteras de Defensa y Vivienda, así como otras entidades del orden nacional, para verificar el estado actual del Plan de atención al departamento de La Guajira.
Dentro de temas que se abordarán este miércoles en las instalaciones del ente de control, está las dificultades en la ejecución de la estrategia de atención en la Guajira por parte del Gobierno Nacional, especialmente, en lo que respecta a la implementación de acciones de acuerdo con las órdenes impartidas en la sentencia T-302 de 2017, en la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua potable para la población Wayuu de los municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia.
En la mesa de seguimiento también se verificará los avances a las acciones encomendadas a la UNGRD, dentro del “Plan Nacional de Gestión ante el Fenómeno el Niño” y las tareas conjuntas encargadas a Mindefensa, a través del Ejército Nacional dentro del mismo marco de acción.
La Procuraduría recordó a las entidades convocadas que la asistencia a estos espacios de trabajo es de carácter obligatorio y que, ante justificación para su no comparecencia, las personas delegadas para asistir deben tener amplio conocimiento sobre los temas a abordar, así como poder de decisión.
Carrotanques sin uso
Otro de los temas que preocupan a la Procuraduría es el desuso de 40 vehículos tipo carrotanque, adquiridos por la UNGRD, que, al parecer, se encuentran parqueados y que no están cumpliendo la misionalidad de transportar agua en la región.
Al respecto, el Ministerio Público señaló que realizará una visita de inspección este miércoles 21 de febrero al Batallón Matamoros del Ejército Nacional, ubicado en Uribia (Guajira), para verificar cuántos vehículos tipo carrotanque se encuentran estacionados en esa unidad militar y las razones para que estén allí; los responsables de la guarda y custodia de los vehículos y el tiempo que llevan los automotores en dichas instalaciones.
Finalmente, se analizará en esa visita, si al Ejército Nacional se le asignaron funciones para el alistamiento y operación de los vehículos, quién asignó estas funciones y dónde están los cronogramas de operación de los vehículos y su fuente de financiación.
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