Mi defensa a las regalías

Mensaje del honorable Representante Jimmy Sierra Palacio a los participantes en el Foro Territorial “Proyecto de acto legislativo 013 del 2010 por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones”-Hatonuevo, octubre 23 de 2010.

Jimmy Sierra Palacio

Ante tan distinguida audiencia congregada en este Foro Territorial organizado por la administración municipal de Hatonuevo, insisto en que es lesivo para entes territoriales productores como La Guajira, el proyecto de acto legislativo 013 del 2010 “por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones”.

Y ante ustedes, el pueblo: el constituyente primario, reitero, este sábado 23 de octubre de 2010, mi compromiso con la comunidad guajira de que no votaré tal acto legislativo cuando llegue a la plenaria de la Cámara de Representantes por cuanto, como hoy está presentado, se constituye en un grave atentado contra los derechos económicos y sociales del Departamento.

Deseo, en estos momentos, estar frente a ustedes para expresarles en viva voz mis planteamientos sobre el tema, pero obligaciones congresionales, visitas ministeriales y otras gestiones me han obligado a quedarme en Bogotá. Pero les hago llegar este documento, con mi pensamiento al respecto.

El proyecto de acto legislativo 013 es lesivo para La Guajira y todas las entidades productoras, no hay duda de ello.

Desde lo jurídico, cercena el espíritu del Constituyente del 91 que plasmó una Constitución amplia, democrática y participativa e hizo avanzar en el proceso de descentralización.

Mutila la descentralización y la autonomía, que son principios constitucionales.

Pero además, desconoce y trunca el derecho que tienen las comunidades indígenas a ser consultadas, de conformidad con el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en 1989, y que en Colombia quedó plenamente ratificado por la Ley 756 de 2002, en su artículo primero, el cual prescribe que en aquellos departamentos donde existan asentamientos indígenas y se exploten recursos naturales no renovables, esos indígenas deben ser consultados de manera previa.

Seguimos considerando, entonces, que este proyecto de acto legislativo debió llenar el requisito de la Consulta Previa ante las comunidades indígenas porque, en el caso concreto de La Guajira, afecta a la comunidad wayuu, especialmente en el desplazamiento que provocan los avances territoriales de la explotación del carbón en la región.

En términos generales, mediante el contenido del proyecto de acto legislativo 013 se margina la esencia de la Constitución del 91, la cual se está convirtiendo en una colcha de retazos. Y con el acto legislativo 013, de ser aprobado, se van a modificar los artículos 360 y 361 de la Constitución, los cuales les dan a las entidades productoras, entre ellas La Guajira, el derecho a participar de las regalías directas e indirectas.

Desde una visión financiera, el acto persigue centralizar los recursos de las regalías con el propósito de tapar el inmenso hueco fiscal que hoy presenta la Nación. Las cifras señalan que el país tiene un déficit fiscal del 4,5 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, lo cual equivale a la suma de 30 billones de pesos. Un hueco fiscal que la misma Nación ha consolidado, al haber concedido gabelas tributarias al sistema financiero y exenciones en extremo generosas a las multinacionales y transnacionales que, aproximadamente, representan unos 26 billones de pesos, contados desde el 2002, cuando se instituyeron, hasta la presente.

En aras de consolidar sus propósitos de reformar la Constitución y el régimen de regalías, el Gobierno nacional argumenta que los departamentos que más regalías perciben, son los que tienen las necesidades básicas insatisfechas más alta. Pero, la verdad es otra, concretamente en el caso de La Guajira.

En efecto, tenemos necesidades básicas insatisfechas, pero no por malos manejos de los recursos de regalías sino porque la ausencia del Gobierno nacional para “frentear” esas necesidades de La Guajira tiene carácter de histórica. La Guajira aún tiene que recrear recuerdos en las obras que ejecutó el General Rojas Pinilla hace más de cincuenta años, porque ninguna otra las bajó del pedestal de la recordación. Y con este ejemplo podemos simbolizar el tamaño de la deuda del Estado con La Guajira, la dimensión de su tradicional ausencia en inversiones para beneficio de la Región.

Como argumento contundente para sustentar la defensa de nuestros derechos sobre las regalías, hoy podemos afirmar que de 2008 a 2010 se ha registrado un importante avance en la solución a necesidades básicas de La Guajira, gracias a las regalías y al buen manejo que se han hecho de ellas. Y nadie podrá poner en duda que los recursos que se invierten en La Guajira para su desarrollo económico y social son, casi exclusivamente, recursos de regalías.

Otro hecho que derrumba el argumento del Gobierno nacional sobre lo malos manejos de la regalía como causa de necesidades básicas insatisfechas lo aportan las características geofísicas guajiras: la población indígena asentada en nuestro territorio es del 44,9 por ciento del total de sus habitantes y por esa razón municipios como Uribia y Manaure, los de mayor asentamiento de comunidades indígenas, son entes territoriales dispersos, con corregimientos distantes cinco y hasta diez horas de la cabecera municipal, lo cual dificulta las posibilidades de que se les pueda satisfacer necesidades como, por ejemplo, agua potable, acueducto y alcantarillado.

También dice el Gobierno que ha habido ineficiencia, pero insisto en que se debe separar lo que es el debate de la corrupción del debate de las regalías. No podemos permitir que haga carrera la versión del Gobierno en el sentido de que “donde se explotan recursos minerales y se perciben regalías ha habido corrupción”. Si vamos a hablar de la ineficiencia, hay que sostener que la más grande ineficiencia en el manejo de las finanzas públicas las presenta hoy el Gobierno, reflejada en un déficit fiscal de 30 billones, una vigencia futura comprometida de 30 billones de pesos y esa vena rota que representan las gabelas tributarias al sistema financiero y las multinacionales que suman 26 billones de pesos.

Sostiene el Gobierno que la Constitución precisa que el suelo es del Estado y en consecuencia las regalías son de todos los colombianos. Pero el esquema constitucional actual precisa que el Estado no solamente lo representa el Gobierno central sino todos los entes territoriales: departamentos, municipios, distritos. Y el artículo 360 de la Carta Magna les otorga a las entidades productoras el derecho de participar en regalías directas. Al enmendar la Constitución, el Gobierno no solo es irreverente ante el espíritu de la Carta Magna sino que nos despojará de lo que nos corresponde por derecho y por eso hemos dicho que esa acción constituye un zarpazo contra los intereses de La Guajira, como Departamento productor; de nuestros municipios productores, entre ellos Hatonuevo, sede de este evento.

También dice el Gobierno que en la distribución de las regalías hay que buscar equidad social, equidad regional y equidad inter-generacional y sustenta su propuesta de equidad social alegando que hay que contribuir con los municipios y departamentos pobres. Pero La Guajira, a pesar de tener regalías, tiene un alto índice de necesidades básicas insatisfechas y tiene comunidades pobres, por una sencilla razón: las regalías no han sido suficientes para satisfacerlas.

Y no lo decimos nosotros por decirlo, lo sostiene el estudio de Adolfo Meisel, que no sólo plantea que hay que cerrar los anillos de pobreza y que hay que buscar una equidad regional sino que sostiene que la regalía ha sido un mito y que los recursos de regalía no son suficientes: en 30 años de explotación de carbón, La Guajira ha percibido 3,7 billones por regalías, pero esta suma no ha sido suficientes para cubrir todas las necesidades básicas de sus habitantes.

Hablar hoy de una equidad inter-generacional sobre la base de que, como lo dice el Gobierno, hay que ahorrar para cuando llegue la época de las “vacas flacas”, no tiene asidero porque hoy no estamos en época de “vacas gordas”. Y la verdad es que el presupuesto del Departamento ha tenido que ser reducido en 70 mil millones de pesos, porque los recursos de regalías bajaron a consecuencia del descenso que ha sufrido el precio del dólar. Al bajar el dólar, baja el precio de la tonelada de carbón y eso se refleja en las finanzas del Departamento.

Entonces, si vamos a hablar de equidad inter-generacional y de equidad social y de equidad regional, hablemos también de equidad nacional: ¿Qué tanto le ha brindado la Nación a La Guajira y qué tanto hemos contribuido nosotros con la Nación?

Si hablamos de cifras, en 30 años de explotación carbonífera, La Guajira ha percibido 3,7 billones, mientras que la Nación, por concepto de impuesto a las regalías, más de 6 billones. Y si seguimos haciendo el ejercicio, resultará fácil demostrar que los entes territoriales sólo perciben ingresos no dinámicos, muy irrisorios ante los que percibe la Nación, como por ejemplo ingresos importantes como rete-fuente e Impuesto al Valor Agregado, IVA, por mencionar sólo dos.

De verdad, son irrisorios esos ingresos que perciben los municipios por degüello o por industria y comercio, los cuales no tienen el dinamismo de los tributos nacionales. Y en el caso concreto de La Guajira, por ser zona de frontera, por estar entre el mar Caribe y la frontera con Venezuela, surgen dificultades tributarias tales como que no podemos percibir grandes ingresos por concepto de cigarrillo y licores, debido a que existe la Unidad Especial Aduanera conformada por Uribia, Maicao, Manaure con su normatividad aduanera especial, y tampoco podemos percibir grandes recursos por concepto de sobretasa a la gasolina, porque hay un tratamiento preferencial, unas condiciones especiales para los indígenas, mediante la Cooperativa Atayawacoop, que tiene unos cupos para distribuir la gasolina en La Guajira.

No hay duda: La Guajira presenta una condición sui-generis, una condición diferente a la de otros entes territoriales, y con este proyecto de acto legislativo la situación empeorará, por cuanto seremos el Departamento más afectado entre todos los productores tanto de minerales como de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque no contamos con un sistema financiero estructurado, porque no hay las condiciones económicas, porque sólo percibimos recursos de regalías, gracias a las cuales hemos avanzado en el desarrollo social y económico del Departamento.

De acuerdo con la tabla de distribución de las regalías que ha presentado el Gobierno como estrategia para convencer a los departamentos no productores y a sus legisladores para que se congratulen con la iniciativa, la disminución de las regalías para La Guajira, una vez se apruebe el acto legislativo, será de ¡casi 357 mil millones de pesos! Es decir: hacia los años 2013 y 2014, de 750 mil millones ¡vamos a pasar a 350 mil millones de pesos! Esa tabla, pues, fue una estrategia para convencer a los departamentos no productores, los cuales, según los argumentos del Gobierno, se beneficiarán con el aumento de los recursos para financiar sus proyectos regionales.

Pero, en el marco de la equidad y el equilibrio que arguye el Gobierno nacional, miremos el presupuesto de 2010… Vamos a mirarlo y a globalizarlo… ¡Y qué tristeza, por Dios! Para la Región Caribe sólo representó un 16, 5 por ciento… ¿Será que allí hay principio de equidad proyectado desde la Nación hacia la Región Caribe?

Así las cosas, pues, no hablemos sólo de equidad social o inter-generacional, hablemos también de equidad nacional. Y yo he propuesto que si se trata de buscar la forma de cerrar anillos de pobreza y un equilibrio macro-económico en el país y una equidad entre regiones, metamos en una bolsa los ingresos corrientes, tributarios y no tributarios de todos y las rentas que pagan las empresas explotadoras tanto de minerales como de hidrocarburos y repartamos equitativamente. Así sí se daría una verdadera equidad, porque entrarían todos los recursos para hacer distribución igualitaria.

Sinceramente, no es necesario hacerle una enmienda a la Constitución si lo que el Gobierno pretende buscar es un equilibrio, una equidad en las regiones. Con un proyecto de ley se podía hacer tal distribución. Y no me canso de decirlo: nosotros, los guajiros, sí hemos aportado a la Nación y sí hemos hecho equidad.

El esquema actual de la ley 141 y la 756 del 2002, gracias a la figura jurídica del escalonamiento, nos obliga, por producir más de 32 millones de toneladas de carbón, a escalonarles el 75 por ciento a los demás departamentos y gracias a ese escalonamiento, a esos recursos de esas regalía, se han hecho obras no sólo en el Magdalena y el Atlántico sino en la misma Bogotá: ¡hasta la capital de la República han llegado nuestras regalías!

Si vamos a hablar de equidad no es justo que se afecte mediante el acto legislativo los ingresos de un Departamento como La Guajira que no percibe grandes recursos por concepto de ingresos corrientes como los percibe, por ejemplo, el Atlántico: más de 250 mil millones, mientras que para La Guajira sólo son 25 mil millones. Y pare de contar, para no referirnos a Antioquia.

Estamos de acuerdo con la Sostenibilidad Fiscal, es una misión loable para el país a fin de que no sea un país en quiebra, pero no es justo que se busque, mediante un acto legislativo, encimarla sobre los derechos económicos y sociales. Eso, para el Estado Social de Derecho que rige en nuestro país, es lesivo, porque priva al soporte humano del país de los derechos fundamentales que lo asisten en los temas económicos y sociales.

Con su propuesta, el Gobierno está poniendo los alcances tributarios por encima de los derechos colectivos, sociales y económicos del constituyente primario, el pueblo, que es la razón de ser de nuestra constitución del 91 cuando pasamos de un Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho: su fundamento es la protección al elemento humano, que debe gozar de todos los derechos económicos y sociales.

Pero además de la Sostenibilidad Fiscal, pretende el Gobierno imponer la figura de la Regla Fiscal, que es otro proyecto de acto legislativo que ya presentó y al cual ya se le dio primer debate en la Comisión Primera. Esa regla también va a ser lesiva para nosotros, porque es una camisa de fuerza que se le pone al Gobierno para obligarlo a ahorrar y disminuir el gasto público. Eso nos representa que una vez que estén aprobados el acto legislativo 013, la Sostenibilidad Fiscal y la Regla Fiscal, nosotros como departamento productor tendremos que aportar recursos a la Nación y presentar los proyectos para mendigar los recursos de regalía. Y lo más seguro es que, cuando nos toque acudir al Gobierno nacional para que de su presupuesto nacional respalde la ejecución de esos proyectos, va a decir que no hay espacio fiscal porque está obligado a disminuir el gasto público para mantener la Sostenibilidad Fiscal.

Obvio que es importante racionalizar el uso de los recursos de regalías, que es importante buscar el equilibrio macroeconómico, que es importante buscar la Sostenibilidad Fiscal, pero no por ello se tienen que perjudicar las finanzas de los departamentos productores. Por lo tanto, sigo proponiendo una reforma estructural que no afecte los derechos económicos y sociales.

El Gobierno puede hacer una reforma tributaria para fortalecer las finanzas territoriales…

El Gobierno puede revisar todos los beneficios al sistema financiero y los beneficios a las multinacionales y transnacionales…

Puede también revisar la legislación en temas de minería y en temas en los cuales hay una legislación dispersa y tratar de unificarla…

Y puede el gobierno revisar igualmente los conceptos de liquidación, recaudos y pagos de regalía, que no se vienen haciendo como debe hacerse…

Lo que no puede hacer es perjudicar a quienes realmente son beneficiados por las regalías.

Precisamente he presentado un oficio al Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación para que me aclaren cómo se están liquidando, cómo liquida el Ministerio de Minas, cómo recauda la Agencia Nacional de Hidrocarburos y cómo se paga el concepto de regalías.

Si lo que se busca es desarrollo y progreso, también se tiene que flexibilizar la destinación específica de las regalías. En ese sentido, tenemos que decir que La Guajira, más que ahorrar, debe invertir y sembrar regalías. Y una forma de sembrar regalías, es flexibilizando la destinación específica para que se pueda invertir no solamente en educación, salud y saneamiento básico sino también en proyectos de desarrollo económico a través de proyectos productivos y de inversión en la agro-industria, por ejemplo, aprovechando la represa del Ranchería; y en proyectos de energía alternativa, como la eólica y solar.

Sembrando regalías, invirtiéndolas en proyectos productivos, vamos a generar unas condiciones financieras y tributarias favorables para La Guajira, a fin de que en veinte o treinta años no dependamos sólo de regalías sino que seamos un departamento productivo, competitivo, sobre todo en esta era de la globalización.

Si hoy el Departamento Nacional de Planeación dice que La Guajira está por debajo del promedio nacional y tiene las necesidades básicas insatisfechas, sería un contrasentido obligarnos a ahorrar con recursos de regalías cuando tenemos más bien que sembrar. Y sea esta la oportunidad propicia para proponer, una vez más, que se haga revisión a las interventorías que realiza el Departamento Nacional de Planeación, las cuales no deben seguir siendo financieras sino técnicas, a fin de que se constituyan en un acompañamiento a los entes territoriales para que los recursos por regalías tengan un uso racional.

Al país le hemos demostrado, con cifras, que los recursos de regalías han sido focalizados e invertidos acertadamente durante los últimos tres años en La Guajira.

En educación, por ejemplo, mejoramos la cobertura: pasamos del 72 por ciento al 93 por ciento, mediante subsidios a la educación: 200 mil niños guajiros de la media y básica primaria estudian gratuitamente gracias a los recursos de las regalías. Gracias a subsidios que otorga el Departamento con recursos de regalías, la Universidad de La Guajira da educación superior gratuita a la juventud guajira y eso representa más de 4 mil millones de pesos. Además de los 14 mil millones de pesos que le invierte el Departamento a la Universidad de La Guajira por concepto de Ley 30. Igual se financia a muchos guajiros que estudian por fuera de Departamento. Y gracias a las regalías, se ha avanzado en calidad: se ha capacitado a los docentes, mediante un convenio entre el Departamento y el Icetex.

Hemos mejorado, no hay duda. Hasta hace poco, nos encontrábamos de antepenúltimos en las pruebas del Icfes, pero hoy hemos salido de ese lugar y la meta es alejarnos más y más.

También las regalías han hecho posible la ejecución de un programa contra el analfabetismo: La Guajira, por tener una alta presencia indígena en su población, se encontraba en casi 60 mil analfabetas. Hoy, transcurridos dos años y medio de la puesta en marcha de ese programa, la cifra está reducida a 30 mil, y se aspira a que en 2011 lo podamos bajar a 10 mil y que en cuatro años no haya un solo analfabeta en La Guajira.

En salud hemos aumentado cobertura: pasamos del 72 al 95 por ciento en los últimos tres años. La Gobernación ha invertido más de 30 mil millones de pesos, recursos provenientes de las regalías.

En La Guajira no se atomiza el presupuesto como de pronto suele pasar en algunos departamentos. En La Guajira, los recursos han sido concentrados en educación, salud y en el programa “La Guajira sin Jamushiri” que representa 15 mil millones de pesos: “La Guajira sin Jamushiri”, programa de recuperación nutricional mediante el cual hay una asistencia alimentaria a los niños entre cero y cinco años.

Además, tenemos que manifestar que los recursos están concentrados para desarrollar macro-proyectos como:

*Infraestructura educativa, que permitirá construir más de quince mega-colegios a fin de mejorar las condiciones de los estudiantes, que puedan estudiar con dotación adecuada, con comodidades, en medio de un ambiente sano que les permita producir.

*Infraestructura deportiva, con la cual se van a recuperar y a construir más de treinta escenarios deportivos.

*Infraestructura turística, la cual permitirá recuperar vías de penetración para potencializar el turismo como otro generador de beneficios y que es una de las ventajas comparativas que tenemos.

Está demostrado con cifras, pues, cómo hemos mejorado cobertura y cómo hemos disminuido esas necesidades básicas insatisfechas.

Por supuesto, nos falta hacer mayores esfuerzos para cristalizar otros macro-proyectos en torno a los cuales existe preocupación por parte nuestra y así se lo manifestamos a la Directora Nacional de Regalías y al Ministro de Hacienda:

*La circunvalar, que nos cuesta 700 mil millones de pesos.

*El Acueducto Regional, que es llevar el agua potable desde la Represa del Ranchería a nueve municipios: San Juan, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania, Maicao y a Uribia y Manaure, que es su mayor connotación social: agua potable a los wayuu en la Alta Guajira; cuesta 300 mil millones de pesos.

*La vía de la Competitividad, desde Tomarrazón hasta Distracción, fundamental para implementar la producción agrícola de las 17 mil hectáreas de cultivos que regará la Represa del Ranchería. Esa vía nos va a permitir sacar los productos para exportarlos, en un proyecto que generará 20 mil empleos y que dinamizará la economía de La Guajira, dentro de los procesos de agro-industria planteados mediante la siembra de regalías si se flexibiliza la destinación.

*Y un proyecto macro que dejó el Presidente Álvaro Uribe: “La Vía de la Cara Bonita” y que el Gobernador Pérez Bernier llama “La Vía de la Soberanía”, que pasará por Maicao, Uribia, Manaure y Mayapo, una vía importante porque potencializa el turismo que es una de las fuentes que tiene La Guajira para generar ingresos propios y poder hacerse auto-suficiente y dinamizar y fortalecer su economía. Allí está demostrado con cifras que en La Guajira sí se ha hecho un uso racional de los recursos de regalías.

Hoy, el proyecto de acto legislativo ya ha sido aprobado en sus dos primeros debates, de los ocho correspondientes: ha sido aprobado en Comisión Primera y en plenaria del Senado. Y conforme está aprobado, le falta mucho. Le han hecho simplemente un maquillaje al texto original presentado por el Gobierno, porque sólo elevaron de rango tanto al Fondo de Compensación Regional como al Fondo de Desarrollo Regional que son los fondos que van a nutrir a estos departamentos productores con necesidades básicas insatisfechas.

Pero en definitiva, esa no es la solución. Lo que tenemos que evitar es que pasemos de ser propietarios a beneficiarios. Es decir, que al ser aprobado el proyecto de acto legislativo nos veamos obligados a mendigarle a la Nación en procura de la ejecución de proyectos regionales, eso es lo que hay que evitar.

Vamos a trabajar para que ese proyecto de acto legislativo no pase en la forma como está concebido. Tenemos que entender que se puede hacer una distribución y se puede buscar una Sostenibilidad Fiscal y se pueden buscar unos principios de equilibrio macroeconómico sin necesidad de hacerle una enmienda a la Constitución.

En el peor de los caos, si no podemos hundir el proyecto de acto legislativo, nos queda la opción de demandarlo por no haber cumplido un requisito como es la Consulta Previa y esperar que la Corte Constitucional lo declare inexequible.

Si esto no sucede, nos tocaría, durante los debates al proyecto de ley que va a reglamentar el acto legislativo, buscar la manera de que a los entes territoriales productores, municipios y departamentos, no se les desmejoren ostensiblemente sus ingresos de regalía como hoy lo tiene planteado el acto legislativo.

No hay duda: el paso del proyecto por Cámara tendrá una connotación distinta, porque habrá defensa de los intereses regionales. Y yo asumiré la defensa de los interés de La Guajira.

Por esto, quiero manifestarle una vez más a los guajiros, que pueden seguir teniendo la certeza de que he llegado a la Cámara de Representantes para defender los intereses de La Guajira y que pueden seguir conservando su sentido de credibilidad en mi capacidad de gestión. Y hoy le manifiesto a mi pueblo que no creo oportuno salir a discutir con un medio de comunicación escrito como Diario del Norte, aunque considero, con todo el respeto, que me prejuzgó cuando se adelantó a decir que Jimmy Sierra Palacio votará afirmativo el acto legislativo 013. He demostrado hasta la saciedad que he defendido los intereses de La Guajira, los intereses de las regalías, y pruebas documentales las hay, como la declaración que publicó El Espectador de Bogotá el 12 de julio, ocho días antes de mi posesión, en la cual manifesté que la intención del Gobierno era centralizar los recursos, y lo dije antes de que se radicara el proyecto de acto legislativo en el Congreso.

El Canal del Congreso, por televisión, ha transmitido paneles, entrevistas, declaraciones, de mi posición clara, concisa, vertical, contundente, sobre el tema de regalías.

El periódico El Heraldo, TV-Noticias y Televista de Barranquilla lo mismo que los medios de prensa de La Guajira: La Noticia, Causa Guajira, Guajira Gráfica, incluso el Diario del Norte, el periódico que hoy me prejuzga diciendo que voy a votar positivamente, publicaron muchas gestiones y muchas declaraciones que hice en defensa de los recursos de regalía.

Radio Santafé también en Bogotá me dio la oportunidad de manifestar cuál es mi posición.

Y desde un comienzo le he hablado de frente al Gobierno, señalándole, en Palacio y en oficinas ministeriales, que su propósito es centralizar el manejo de las regalías para tapar el inmenso hueco fiscal que carga, sin que le importe de a mucho el futuro de las regiones.

Ahora, quiero ser claro y preciso al sentirme en el deber moral de explicar, en estos precisos instantes, mi situación como liberal frente a los estatutos de mi Partido. Sucede, pues, que los preceptos liberales son más rigurosos que los del Partido del U y el Partido Conservador y otras colectividades políticas. Infortunadamente, el Partido Liberal no contempla dentro de sus estatutos la objeción de conciencia para actos legislativos o proyectos de ley de carácter regional o nacional sino simplemente para casos de muerte y casos eclesiásticos o religiosos. Hoy, los parlamentarios liberales de las regiones productoras estamos buscando con el presidente de la Dirección Nacional del Partido, doctor Rafael Pardo, una figura jurídica con el propósito de que podamos apartarnos de la aprobación del proyecto de acto legislativo sin ser perjudicados, sin que eso nos genere una investigación o un proceso en el seno del Partido. Y no solamente es la posición de Jimmy Sierra Palacio sino de los Representantes de Santander, Arauca y Casanare. Juntos, hemos sentado nuestra posición de que no vamos a votar el proyecto de acto legislativo y de que tendremos que acogernos a una figura jurídica que tampoco nos afecte por no votar favorablemente, ya que de pronto la bancada liberal sí lo hará.

Reitero ante el pueblo guajiro que cuando, en plenaria de la Cámara, llegue el momento de votación del proyecto de acto legislativo 013 “por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones”, Jimmy Sierra Palacio no lo votará.

Y lo más probable es que me retire del recinto, del Salón Elíptico, no sin antes dejar constancia de mi posición del porqué no lo voto: porque es lesivo para La Guajira, uno de los entes territoriales productores de recursos naturales no renovables, cuya explotación genera regalías. Unas regalías a las cuales el Gobierno nacional pretende darles un soberano zarpazo.