Anomalías en obras en la Guajira tiene en líos a Acuavalle

Aunque recibió $7.500 millones de anticipo para hacer acueducto en La Guajira, las obras no se ven. La empresa también ha tenido problemas en el Valle por algunas obras en municipios como Yumbo.

Un posible detrimento patrimonial cercano a los $8.000 millones, diez hallazgos administrativos, de ellos 7 disciplinarios, uno fiscal y tres penales, son, entre otras, las irregularidades que habría cometido la firma Acuavalle en el convenio que firmó para la construcción de acueductos y alcantarillados de 21 municipios de La Guajira, en donde -hasta ahora- se dice no ha circulado la primera gota de agua.

En un informe elaborado por una comisión de la Contraloría General de la República y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, los investigadores determinaron que Acuavalle habría desviado los $7.500 millones de anticipo que se le dieron dentro del Convenio 008 del 2 de junio de 2008, firmado con Corpoguajira para el acceso de agua potable y alcantarillado de 20.231 habitantes.

El acuerdo, según se conoció, le fue otorgado a Acuavalle amparado en el Convenio 221 de 2007, el cual tenía un valor total de $16.000 millones, que pretendía disminuir los índices de morbi-mortalidad asociados a la problemática ambiental de los habitantes, sobre todo, de las zonas rurales de este departamento.

Pero el problema no se trató únicamente de incumplimientos, en la medida en que el documento que reposa en el escritorio de la contralora General, Sandra Morelli, que es la base para el eventual inicio de un pliego de cargos de responsabilidad fiscal, establece que los investigadores indagan sobre los desvíos de no menos $150 millones, de los cuales se dice que $14 millones se destinaron al “funcionamiento de la oficina con la razón social Sánchez & Giraldo”; $7 millones para la dotación de dicha oficina; $635.000 en un sistema de aire acondicionado, entre otras presuntas irregularidades.

Adicionalmente, en el proceso de fiscalización, la Contraloría determinó que hasta ahora Acuavalle ha dejado de ejecutar el 85% del Convenio, razón por la cual se analiza si se emprende el juicio de responsabilidad fiscal en contra de la empresa de Servicios Públicos del Valle.

La historia

En el momento en que Corpoguajira comenzó a evidenciar la falta de acciones de Acuavalle en la ejecución del Convenio, en 2009, buscó los mecanismos legales para la liquidación bilateral del Convenio. No obstante, en el documento se indicó que los representantes de Acuavalle no aceptaron las condiciones para acabar con el acuerdo.

Esta situación determinó que Corpoguajira solicitara el acompañamiento de los organismos de control y desde esa época se iniciaron los procesos de indagación de la Fiscalía y la Contraloría.

En este sentido, el director de Corpoguajira (quien está vinculado al proceso fiscal), Arcesio Romero Pérez, dijo a medios regionales que en su administración “no se ha autorizado el pago de pasajes, arriendos, compra de equipos de oficina, actas parciales ni de recibido final de obras a la firma Acuavalle; ya que estos gastos siempre fueron rechazados por la interventoría” y recordó que fue él quien pidió el acompañamiento de los organismos de control y judiciales.

De acuerdo con lo informado, en la indagación preliminar se encontraron 10 hallazgos administrativos, del los cuales 7 tienen presunta connotación disciplinaria, uno fiscal y tres penales.

Las observaciones de la Contraloría en contra de Corpoguajira se deben a que, según las pesquisas, se determinó que la “Corporación se limitó a considerar la naturaleza de la Empresa de servicios públicos, sin que efectuara una evaluación que le permitiera concluir que la opción presentada por Acuavalle fuera la más conveniente; ni siquiera se verificaron otros factores de escogencia como cumplimiento organización, equipos, plazo y precio”.

El documento añadió además que la Corporación no tuvo en cuenta opciones diferentes a Acuavalle, lo que, a juicio de la Contraloría, violaría “las reglas que ella misma estableció en el pliego de condiciones” del convenio en cuestión.

Por esta razón, el organismo de control fiscal vinculó al proceso preliminar y elevaría pliego de cargos en contra de la ex directora de Corpoguajira, Ana Cecilia Castillo, el actual director, Arcesio Romero; el ex gobernador José Luis González Crespo, el actual mandatario, Jorge Eduardo Pérez Bernier; y el entonces gerente de Acuavalle, Alex Pascual Loango.

Adicionalmente, para el organismo de control es claro que el director Romero Pérez contrató la interventoría para el seguimiento del convenio con Acuavalle sólo un año después de la firma del mismo, el cual se dio a través del contrato 039 del 2009. Esto, a juicio del ente de control, tipificó una falta de tipo administrativo, en la medida en que en tres años de ejecución del convenio, no tuvo control alguno.