Conclusiones y recomendaciones del informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre la incidencia de grupos armados ilegales en el departamento de La Guajira.
El estudio de la dinámica de la violencia en La Guajira está atado sin duda a la identificación de factores históricos, actores armados legales e ilegales y dinámicas sociales que han confluido en este departamento y que corresponden también a procesos regionales que afectan a departamentos como Cesar y Magdalena, zonas de frontera y porciones de territorio venezolano, en lo que hemos venido a llamar como zona estratégica.
Cuando se habla específicamente de La Guajira, es necesario describir algunas de sus particularidades más relevantes que han incidido en la configuración de un contexto de la ilegalidad afable al afianzamiento de grupos armados ilegales en la zona, entre las que se destacan: conformación poblacional mayoritariamente indígena procedente de la etnia Wayúu; ventajas geoestratégicas definidas en términos de recursos naturales y posición geográfica favorable para el comercio internacional; economía local débil sustentada en una producción netamente extractiva que deja pocos dividendos para la reinversión; fuerte actividad contrabandista, que ha generado una ancestral connivencia entre actores legales e ilegales; y deterioro de los términos de interacción entre el departamento y el Estado colombiano, materializados en el evidente bandono
estatal que ubica a La Guajira dentro de los departamentos con más bajos índices de desarrollo del país.
Adicional a esto, la historia de la sociedad guajira ha puesto en evidencia la construcción de una serie de valores que asimilan como legítimas, prácticas que están por fuera de la ley. Se trata de un caso claro de divorcio entre la ley y la cultura. Esto se debe a que, en gran medida, la base económica de la región ha estado constituida por el desarrollo de actividades que están legalmente proscritas, como es el caso del contrabando, el narcotráfico y el uso de armas de fuego, todas conductas auspiciadas como factor de prestigio
y estatus social. Estas prácticas sin duda han colaborado en la construcción de un imaginario social que vincula el respeto social con la posesión de armas y el dinero. Esto explica el amplio reconocimiento que dentro de la sociedad guajira despiertan figuras como la del contrabandista, especialmente entre los sectores menos favorecidos pues, en muchos casos, estos personajes cumplen roles y funciones de benefactores sociales.
El contexto de ilegalidad manifiesto en La Guajira desde tiempo atrás ha traído consigo dos hechos visibles en materia de orden público: grupos armados ilegales han prosperado en la zona favorecidos por redes de contrabandistas y poblaciones e instituciones locales altamente sensibles a la penetración/cooptación de estos grupos. Así mismo, y en concordancia con la variable anterior, el narcotráfico se ha erigido como una de las actividades más rentables de la región, absorbiendo gran parte del entramado social y desencadenando
ciclos de violencia protagonizados por diversos actores criminales.
En efecto, en la historia reciente de La Guajira y de la zona estratégica han coincidido en presencia y se han sucedido en dominio, grupos armados ilegales como FARC, ELN, AUC y BACRIM. En la actualidad, mientras los grupos guerrilleros buscan recuperar el territorio perdido ante los paramilitares y aprovechar el poco margen de maniobra que tienen en el terreno, las BACRIM se consolidan como el actor armado de mayor protagonismo en estos departamentos. Esto último tanto por el tamaño y sofisticación de sus redes armadas, de inteligencia y de base (en comparación con grupos guerrilleros) como por sus capacidades instaladas y poder de fuego, que los sitúan como los mayores responsables de hechos delictivos cometidos en áreas rurales y urbanas de la zona estratégica (asesinatos selectivos, extorsiones, desplazamientos) y con consecuencias evidentemente negativas para las comunidades locales.
Acorde con su naturaleza y lógica de acción, las BACRIM conservan muchos rasgos de los antiguos paramilitares en cuanto a sus formas de financiación y su participación en el negocio del narcotráfico. Sin embargo al estudiar sus repertorios de violencia, sus características varían ligeramente pues se han concentrado en estrategias armadas que privilegian delitos como los homicidios selectivos y la micro-extorsión, en reemplazo de las masacres y extorsiones a grandes empresarios de la región ejecutadas por los otrora grupos paramilitares.
En cuanto al balance de fuerzas, en el futuro cercano se proyectan tres posibles escenarios a saber:
1) Mantenimiento Status Quo: se sostiene, en el corto y mediano plazo, el escenario de seguridad planteado anteriormente en donde encontramos: Urabeños intentando asegurar control en la mayoría de zonas en las que hacen presencia; Rastrojos ganando terreno a través de una estrategia de expansión agresiva; Bacrim de la Alta Guajira ejerciendo su papel de intermediador; y otras bandas y grupos guerrilleros desempeñando un rol secundario o residual.
2) Control compartido entre Urabeños y Rastrojos: altos índices de violencia en el corto plazo (periodo de acomodamiento, absorción de otras estructuras armadas y afianzamiento de territorios por parte de estas dos bandas) sucedidos por altos grados de connivencia entre éstas en el mediano y largo plazo.
3) Control exclusivo de Urabeños o Rastrojos: alguna de las dos bandas se hace con el control total del departamento. Mientras, a la luz del estudio de la FIP, este escenario sería protagonizado por Los Urabeños considerando su afianzamiento en la zona, nueva información de terreno y otras fuentes consultadas por la FIP durante 2011 hablan del potencial de dominio que tienen Los Rastrojos a mediano plazo como consecuencia de su expansión agresiva en la zona durante los últimos meses.
La reactivación de las FARC y las disputas entre BACRIM por territorios, zonas de cultivo, rutas estratégicas y puertos para el transporte y salida de narcóticos dentro de la zona estratégica, delimitan un escenario futuro complejo para las comunidades asentadas en estos territorios. El escalamiento de la violencia aunado a la debilidad de las instituciones estatales y la falta de condiciones económicas y sociales óptimas para la población, representan serias amenazas para el bienestar de gran parte de la sociedad
Recomendaciones en materia de investigación y coordinación institucional:
• La Gobernación debe promover la realización sistemática (una vez al mes) de los Consejos Departamentales de Seguridad convirtiéndolos en un espacio de interlocución entre la fuerza pública y demás organismos de seguridad con las instituciones civiles públicas para abordar asuntos de seguridad en la región.
• Bajo el liderazgo de las autoridades departamentales y con el apoyo del sector empresarial, se debe desarrollar una estrategia para armonizar de manera permanente las relaciones entre los organismos de seguridad (Policía, Ejército, DAS y otros) y aquellas instituciones que tienen la tarea de hacer monitoreo sobre los niveles de riesgo que afectan a las comunidades cuando son generados por los grupos armados ilegales. Para tal efecto los Consejos Departamentales de Seguridad, con invitación de representantes de la sociedad civil, pueden ser el escenario idóneo para implementar esta estrategia.
• Convocar al sector empresarial para que apoye investigaciones sobre temas de interés para la formulación de políticas públicas, municipales o regionales, de seguridad ciudadana tales como el nivel de penetración de las organizaciones criminales en las instituciones públicas regionales y/o locales;
Recomendaciones en materia de información:
• Estimular al sector empresarial para que continúe apoyando investigaciones sobre temas de interés para la formulación de políticas públicas, municipales o regionales, de seguridad ciudadana. Ejemplo de temas que podrían ser objeto de investigación son: el nivel de penetración de las organizaciones criminales en las instituciones públicas regionales y/o locales; la identificación de los mecanismos de control de los GAI sobre la circulación de información (intimidación directa a los medios de comunicación, autocensura forzada por falta de garantías de seguridad y otros que afecten a las comunidades).
• Crear un observatorio del delito de alcance regional, adscrito al departamento o a alguna entidad académica
de la región Atlántica, de manera que se pueda medir y monitorear los procesos y hechos de violencia (distribución geográfica, intensidad y alcance de la violencia). Los productos de dicho observatorio (análisis, monografías municipales, sistematización de información estadística y otros) se constituirían en insumos para los tomadores de decisiones en materia de seguridad ciudadana.
• El gobierno nacional, en coordinación con organizaciones sociales y comunidades locales, debe diseñar un programa que apunte a la reconstrucción social de la violencia en la zona. Una suerte de cartografía social para la región que permita identificar/ubicar con precisión y a lo largo del tiempo, hechos de violencia (como masacres) y víctimas dentro del departamento de La Guajira. Con una recopilación juiciosa de los hechos pasados más significativos del departamento es posible hacer una medición del impacto social de la violencia, iniciar las investigaciones pertinentes para judicializar a los responsables, reparar a las víctimas y generar garantías de no repetición.
• La Fiscalía General de la Nación debería construir mecanismos muy concretos para que las legítimas prácticas culturales de los wayúu sean armonizadas con los procedimientos de búsqueda de información necesaria para la debida judicialización de los hechos de violencia.
Recomendaciones en materia de políticas de reconciliación:
• Los procesos de reconstrucción social y de memoria, al incluir todos los puntos de vista y las interpretaciones que se dan en la zona sobre los hechos de violencia pueden hacer una importante contribución a la reconciliación.
Recomendaciones en materia de políticas sociales:
• Más allá de las cuestiones de seguridad, es necesario desarrollar planes y programas de inversión social que le otorguen sostenibilidad a los avances que en materia de seguridad se puedan lograr; de especial importancia son las inversiones que puedan tener impacto en disminuir el reclutamiento forzado que se presenta la región.
Recomendaciones en materia de transformación del entorno social:
• Definir estrategias para superar el dilema de acción colectiva que plantea la pervivencia de contextos de ilegalidad de la zona; estrategias en función de la superación del dilema de “quién da el primer paso” que apunten a incentivar acciones colectivas que rompan con las causas generadoras de esos contextos.
• Fortalecer la institucionalidad para el control de los ciudadanos incumplidos vía autoridades municipales, de policía, comisarías de familia y MASC (Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos);
• Definir planes de inversión social apuntalados a la integración de la población local en la formalidad económica y social.
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