Por: Verónica Abril Gómez
“Toda persona tiene derecho a la educación” Art 26 de la declaración universal de los derechos humanos.
El proyecto de ley propuesto por el Ministerio de Educación Nacional, busca modificar la Ley 30 de 1992, mediante la cual se reglamenta la educación superior, esta propuesta ha generado grandes controversias y desacuerdos en la comunidad universitaria y ha estado mediada por protestas y manifestaciones de rechazo. Aunque todos coinciden en que es hora de reformar la norma para que responda a las nuevas dinámicas sociales, económicas, tecnológicas, demográficas y culturales que vive el país, existen posiciones del Gobierno y el sector universitario que chocan y motivan, con y sin fundamentos, disturbios o marchas violentas como las vistas las recientes semanas en varias ciudades del país como Cali, Bogotá, Cartagena y Medellín.
El aumento de la cobertura ha sido una de las grandes deficiencias del sector. Aunque el número de estudiantes en las universidades pasó de 1’040.000, en el 2002, a 1’750.000, en el 2009, en el país hay 3’200.000 jóvenes que no acceden a la educación superior. Además, cada año 600.000 nuevos bachilleres salen a demandar formación profesional.
Sin embargo con frecuencia me cuestiono ¿Qué tan necesario es aumentar la cobertura cuando no se avanza paralelamente en calidad? Necesitamos urgentemente una reforma para alcanzar una competitiva mundial y para eso necesitamos tener docentes con formación académica adecuada, desarrollar actividades de investigación y contar con laboratorios, infraestructura y tecnología de punta que permitan formar profesionales de alta calidad a nivel mundial.
Lo que más preocupa al estudiantado es que la propuesta no acaba con las instituciones públicas pero las obliga a comportarse como agentes del mercado, borrando toda diferencia con las instituciones privadas. “La propuesta del gobierno considera la Educación Superior como servicio transable en el mercado y no como un derecho humano, un bien de mérito de todas y todos los colombianos” explica Camilo Romero, además la propuesta limita la autonomía universitaria y plantea unas inversiones en la educación que para las universidades, no serían suficientes para asumir la cobertura estudiantil necesaria en el país.
Es importante que cada estudiante y docente se informe de la ley y no deje en manos ajenas un tema tan primordial como lo es la educación. Lo principal no es salir a la calle sin fundamentos donde nadie debate, nadie propone. Para ser parte del cambio se debe opinar basándose en argumentos propios, ya que pienso que el paro estudiantil no es un buen mecanismo de presión para la consecución de los objetivos por que no posee la fuerza ni los argumentos suficientes para funcionar como un actor democrático capaz y menos de sentar al gobierno nacional en una mesa de negociación en torno a la reforma de la ley 30.
De la educación depende el futuro de nuestro país y el futuro está en nuestras manos.
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