Pese a que se espera que este lunes vuelva a instalarse la audiencia del juicio que se sigue contra las jóvenes Laura Moreno y Jessy Quintero por su presunta responsabilidad en el homicidio de Luis Andrés Colmenares, la apelación de un recurso de tutela por parte del fiscal Antonio Luis ante la Corte Constitucional podría ocasionar un cuarto aplazamiento en la accidenta lectura del escrito de acusación que permanece sin poder realizarse.
Si bien a juicio del responsable de la Fiscalía 11 de la Unidad de Vida expone que el Tribunal Superior de Bogotá se extralimitó en sus funciones debido a que a su juicio se habría anulado un acto procesal de facto como lo es la imputación de cargos y acusación en contra de las dos estudiantes de la Universidad de los Andes, lo cierto es que en el ambiente queda la duda sobre el tiempo aparentemente excesivo que se tomó González en presentar el recurso.
Recurso que ante la rotunda negativa dada a conocer en días pasados por la Corte Suprema de Justicia, podría ser apelado en última instancia ante el máximo tribunal constitucional; circunstancia que volvería a determinar el aplazamiento de la diligencia por cerca de dos o tres meses.
PREGUNTAS SIN RESPUESTA
En tal sentido, cabe preguntarse si en un principio fueron los representantes de la defensa a quienes se les señaló de ejercer lo que no pocos han dudado en calificar como “maniobras dilatorias”, no es ahora el fiscal quien apela a este tipo de recursos en vista de que pese a su enérgica exposición respecto a su tesis del homicidio de Luis Andrés Colmenares, cerca de siete meses después de haber hecho la imputación todavía no aparecen los autores materiales del hecho.
Razones a las que se suma el anuncio realizado por el Consejo Superior de la Judicatura en el sentido de formular pliego de cargos contra Aidé Acevedo, asesora legal de la familia del exnovio de Laura Moreno, quien aprovechando la relación de su marido con el entonces jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías, Armando Novoa, pretendió presionar el cambio de fiscal bajo el argumento de haber recibido malos tratos por parte de González.
Circunstancia que teniendo en cuenta la fecha en que el fiscal decidió interponer el recurso de tutela sin duda debió ser un factor a considerar por parte suya, toda vez que con el rechazo de la medida de aseguramiento proferido por la jueza Nury Esperanza Cervera contra Acevedo y Pilar Gómez, madre de Carlos Cárdenas, se presentaba una primera fractura dentro del complejo proceso que forzó la ruptura procesal del mismo.
Hecho que junto al consecuente cambio de fiscal del caso al parecer habría originado un nuevo e inesperado retraso dentro de una investigación en la que las conversaciones de Cárdenas con personas de su entorno familiar, su asesora legal y la propia Laura Moreno al parecer serían pieza clave para establecer la identidad de los responsables directos del presunto homicidio; circunstancia que en últimas motivó que el joven pasara a tener la calidad de indiciado dentro del proceso que se sigue contra Quintero y su exnovia a partir del pasado mes de diciembre.
INCERTIDUMBRE
Sin embargo, como si se tratara de una novela por entregas, días antes de la determinación del Tribunal Superior de Bogotá de echar por tierra el cargo de obstrucción a la justicia que pesaba contra Laura Moreno, la ahora exjueza Cervera dio a entender que el fiscal González la había amenazado.
Acusación a la que se sumó la declaración del abogado David Teleki en el sentido de que el representante del ente acusador lo agredió verbalmente a la salida del Tribunal y en el que pese a la acción de tutela presentada el pasado martes, expresó que la determinación no tenía por qué afectar el desarrollo del proceso.
Proceso que sin embargo sufrió un nuevo aplazamiento anunciado, no obstante a que por cuenta del mismo permanecen privadas de la libertad dos semanas, mientras que aumenta la incertidumbre por parte de la familia de Luis Andrés Colmenares, sindicada de haber reabierto el proceso con el fin de cobrar una inexistente y multimillonaria póliza de vida que el brillante estudiante habría suscrito en los Estados Unidos.
Será entonces la Corte Constitucional quien decida y tome la última palabra frente a una demanda que podría entenderse como un abierto intento de desacatar la sentencia de un Tribunal Superior de Justicia que sustentó su determinación al considerar que en virtud de las disposiciones legales vigentes y el sentido común, Laura Moreno no podía ser acusada de querer obstruir a la justicia al negarse a declarar en contra de sí misma.
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