Con destitución e inhabilidad general por el termino de 12 años, fueron sancionados nueve concejales del municipio de Villanueva, los cuales fueron investigados por la Procuraduría Regional de La Guajira, tras una denuncia presentada por la alcaldesa, Claudia Gómez Ovalle, quien consideró que los coadministradores habían violado claras disposiciones administrativas y también violentaron normas del Código Disciplinario Único.
El caso tiene que ver con la elección en noviembre de 2.014 de un personero, luego de que el titular del cargo Oscar Morón Guerrero, debió ausentarse ante un requerimiento de la Fiscalía. El escogido por los concejales fue el señor Ernesto Camilo Murgas Rosado, quien recibió la designación pese a que la alcaldesa ya había nombrado a Clara María Olivella Fernández, aprovechando que los concejales estaban en receso e interpretando que la ley le garantizaba que podía designar el remplazo del ausente.
Para esos meses de noviembre, diciembre del año pasado y el de enero del presente, hubo gran revuelo en el municipio toda vez que habían detenido al personero. Lo paradójico, fue que Villanueva no se quedó sin personero, sino que ahora tenía dos: el del Concejo y el de la alcaldesa Claudia Gómez. La gente no sabía a dónde acudir para solicitar los servicios del representante del Ministerio Público. Cada uno había abierto oficina de atención del público y obviamente, la abogada Clara María Olivella Fernández, por ser la escogida por la alcaldesa, pudo ocupar el despacho en el edificio de la alcaldía, mientras que Ernesto Camilo Murgas, debió abrir oficina en otro lado. La gente no sabía a donde ir y eso causó mucha confusión entre los villanueveros.
Los concejales que fueron destituidos son: Luis Fernando Carrillo Contreras, Abel De Jesús Cortés Lúquez, Rafael Andrés Peláez Suárez, Janet del Pilar Restrepo Pabón, Wilder José Rumbo Brito, José Alfonso Díaz Plata, Emilio Antonio García Orcasita, Víctor Manuel Valdez Pacheco y Juan Carlos Olivella Rodríguez.
El cargo único por el que la Procuraduría regional los acaba de sancionar, es el de un probable prevaricato por acción al designar al personero Ernesto Murgas Rosado, siendo que ya la alcaldesa había hecho lo propio con María Clara Olivella Fernández, a través de un decreto de su despacho y en virtud a que el Concejo municipal se encontraba en período de receso cuando fue detenido el personero que arrancó el período que terminará en diciembre próximo.
Del proceso, que terminó en primera instancia, se desprenden dos casos más de importancia, el primero es el anuncio del procurador de abrir una investigación disciplinaria en contra de la alcaldesa Claudia Gómez, por algunas de las denuncias que fueron hechas por los concejales y el segundo, da cuenta de la difícil situación que ahora afronta el concejal Juan Carlos Olivella, quien apenas hace unos 15 días había recibido otra sanción de destitución e inhabilidad por doce años para ejercer funciones públicas. Al concejal en aquella investigación lo procesan porque supuestamente habría exigido dinero a un contratista para aprobar un proyecto de acuerdo para desarrollar una obra civil con costos millonarios.
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