Pimpinas con gasolina son ofrecidas en la vía de La Guajira al Cesar. Un negociante con 39 años en el oficio asegura que sus ingresos mensuales alcanzan entre 2 y 3 millones de pesos.
Solo en cinco ciudades de departamentos fronterizos con Venezuela, las finanzas del Estado han dejado de recibir unos $25.000 millones entre enero y agosto de este año.
La creciente inseguridad y el desabastecimiento de alimentos fueron los argumentos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para cerrar la frontera con Colombia, en los pasosde Cúcuta, Norte de Santander, y Paraguachón, en La Guajira.
“Se le acabó el pan de piquito a los contrabandistas, que se llevaban la comida del pueblo del Zulia y el combustible que ataca a la moneda en Maicao”, dijo el mandatario chavista al justificar su decisión respecto a los alimentos y a la gasolina que de su país llega a Colombia.
Tales señalamientos fueron refutados por el presidente Juan Manuel Santos, quien expresó que los problemas venezolanos obedecen a su modelo económico.
“No estoy destruyendo la Revolución Bolivariana, la Revolución Bolivariana se está autodestruyendo (...) por sus resultados, no por cuenta de los colombianos, ni por el presidente de Colombia”, le reviró Santos.
Pero, ¿qué hay detrás de la nueva andanada de Maduro, que desde 2013 es común que suceda en cada agosto, mes en el que anuncia medidas anticontrabando?
Venezuela calcula que solo en el contrabando de combustible pierde unos USD3.600 millones anuales, pues se trata de hidrocarburos subsidiados, mientras que más de 6.000 toneladas de alimentos salen a través de la frontera.
En cuanto a Colombia, el contrabando desde Venezuela es una parte de esta actividad ilícita que, de acuerdo con el director de la Dian, Santiago Rojas, le deja al país pérdidas anuales de entre 2 y 3 billones de pesos en impuestos, pues se calcula que las mercancías que ingresan al país de manera ilegal suman cada año USD6.000 millones.
Al convertir esta cantidad en pesos de acuerdo al valor actual del dólar ($3.100) esta se traduce en más de$18 billones. Si se tiene en cuenta que el Producto Interno Bruto (PIB) del país fue de $516 billones en 2014, significa que el contrabando le cuesta a Colombia más de 3 puntos del PIB.
Mafias en las fronteras
Mercedes Pulido, exsecretaria adjunta de las Naciones Unidas y exministra de la Mujer y la Familia durante el gobierno del fallecido presidente Luis Herrera Campins, concluye que no hay novedad en la decisión de Maduro y señala que el traspaso ilegal de mercancía en la frontera no es un problema solo de Colombia y Venezuela.
Recuerda que antes de que se formara la Unión Europea, los países que hoy la integran enfrentaron diferencias, como los altos montos de capitales fugados de Italia a Suiza, así como el tráfico de la industria automotriz.
“En el caso colombo-venezolano hay otros elementos: una diferencia cambiaria muy fuerte, dos modelos económicos opuestos y una realidad de mafias, que no lo puedes ubicar solo como grandes negocios”, advierte.
Víctor Maldonado, directivo de la Cámara de Comercio de Caracas, comparte esta posición, y “condena” el argumento del cierre de frontera por el contrabando, el cual niega como un problema. Considera que es una estrategia de Maduro para enfrentar a los ciudadanos de los dos países, que ha desembocado en un conflicto político sin salida.
“Estamos conscientes de que una frontera viva trae ganancia, pero que provoca problemas y lo que debería ocurrir es hacer un inventario de fortalezas y debilidades binacionales. Sabemos lo que traen la guerrilla, la delincuencia asociada al narcotráfico y los grupos paramilitares, pero creo que ninguno de esos problemas debería provocar el cierre de la frontera”, sostiene. Y opina que “lo que hay que buscar son soluciones conjuntas”.
Como lo señala todo el sector productivo venezolano, Maldonado sostiene que el desabastecimiento se debe al sistema de control de cambio impuesto por el Gobierno, lo que ha disparado el contrabando. “No hay materia prima para producir”, indicó en referencia a que las importaciones de insumos están prácticamente paralizadas desde hace tiempo y eso forma parte de medidas internas del sistema económico venezolano que ha creado una diáspora y distorsiones.
Desempleo y 'bachaqueo'
Una persona puede comprar en el Táchira o el Zulia un producto a precio regulado y, por el creciente desempleo y la escasez –esta según la consultoría venezolana Ecoanalítica se ubicó en 2014 en 67%– puede ofrecerlo a pocas cuadras a tres veces su precio o traerlo a la frontera con Colombia para ganarse unos buenos bolívares.
El bachaco es una hormiga cortadora de gran tamaño que puede sobrevivir a la aridez del llano o a la humedad de la selva venezolana. De este insecto surge el adjetivo ‘bachacos’, que se le atribuye a quienes se dedican a echarse a cuesta cincuenta veces su peso y tamaño para mover mercancías de contrabando, sean comestibles o medicamentos entre los dos países.
“Son los propios venezolanos los que sacan alimentos para venderlos en Colombia”, advierten compradores que llegan a la calle 13 de Maicao, La Guajira, donde en las aceras se comercializan una amplia diversidad de productos del vecino país.
Un ejemplo del ‘bachaqueo’ de los venezolanos lo constituye la captura, en las últimas horas, de Douglas Chacón, hermano de Hebert Chacón, el alcalde madurista de Guajira, municipio limítrofe con Colombia.
Un informe del diario la verdad.com señala que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le halló a Chacón 1.400 kilogramos de harina de maíz, 288 de pasta, 243 de mayonesa, 1.620 jabones y 1.140 yogures que presuntamente iba a vender en la frontera.
Olga y Ana Luisa son dos venezolanas que dicen que no han podido ir a su país desde el cierre porque temen hacerlo por las trochas. “No hemos traído mercancía para vender y es lo único que hacemos para sostenernos”, aseguran.
“Aquí toda la vida se ha vivido del contrabando, antes llegaban camiones llenos y ahora solo se puede traer poco a poco, pero siempre ha entrado”, afirma Graciela Ipuana una wayuu que hace muchos años vive de dicha actividad.
Además del ‘bachaqueo’ que se hace en pequeñas cantidades, incluso utilizando motos, testimonios recogidos en la frontera guajira indican que hay otros “grandes negociantes” que traen alimentos en camiones. “Todo con el consentimiento de las propias autoridades venezolanas”, dijo un comerciante guajiro.
Gasolina por millones
De toda la cadena de contrabando el de la gasolina que viene de Venezuela es el que mueve miles de millones de bolívares y pesos.
El combustible entra por La Guajira y Cesar.
El capitán Pedro Isaza, comandante de Policía Fiscal y Aduanera en Cesar, precisó que “tenemos identificadas 192 trochas que conforman la ruta del contrabando”.
La gasolina viene de Maracaibo hasta llegar al sector de La Majayura, donde está Montelara, explicó Isaza. “Allí hay toda una red de contrabandistas que se encuentran con el frente 59 de las Farc y le pagan para que les permita el ingresar de los vehículos a territorio colombiano”, recuerda el oficial.
Esta actividad ilícita multimillonaria era manejada, hasta hace poco, por Marcos Figueroa, alias Marquitos, quien tuvo que huir a Venezuela luego de que dictaran en su contra orden de captura por varios homicidios. Esta decisión también cobijó a su amigo el exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, preso en Bogotá. Marquitos fue arrestado en Brasil y está en trámite su extradición. (Ver Proceso a Marquitos)
Ya en La Guajira, los contrabandistas de gasolina toman camino por las trochas, las cuales conducen a Maicao, Uribia y otras poblaciones en el norte y sur de ese Departamento, donde arman las “caravanas de la muerte”. Aquí aparecen las bandas criminales que les cobran otra “vacuna” a los contrabandistas ofreciéndoles “seguridad”.
Para llevar esa gasolina al Cesar, antes del cierre de la frontera, se agrupaban entre 50 y 100 vehículos que viajaban a toda velocidad, sin respetar límites ni las señales de tránsito, hasta llegar al municipio de La Paz, donde se organizaban para distribución a otros departamento de la Costa.
Productos venezolanos que se venden en la calle 13 de Maicao.
Se estima que tres millones de galones de gasolina de contrabando ingresaban cada mes al Cesar, lo que le representaba ganancias por más de $17.000 millones a las bandas dedicadas a este negocio.
Las pérdidas para el fisco de Valledupar ascendían a unos $10.000 millones por el no pago de la sobretasa de la gasolina.
Frente a estos millonarios negocios, Maldonado insiste en que antes que generar problemas entre los dos gobiernos lo que se necesita es “trabajar de manera conjunta para hacer frente a todas las redes, de alimentos, combustibles y otros productos, que operan en la frontera”, con lo cual muestra que está de acuerdo con lo expresado con Santos, quien le dijo a Maduro que, justamente, debían unirse para combatir todos los grupos ilegales que operan en la zona limítrofe.
El dirigente gremial venezolano señala que “no hay economía que pueda soportar el regalo de la gasolina, que incentiva a comprarla para venderla a precios internacionales”, por lo que considera que mientras el Gobierno venezolano siga regalándola “será el propiciador y patrocinador de grandes mafias”.
Concluyó que una escasez por encima de alimentos y otros productos de consumo diario por encima del 40%, la caída del PIB venezolano en 8 puntos, “no tiene que ver con el contrabando, sino con una política económica viable”.
El procesos de Marquitos
El Supremo Tribunal de Brasil negó a la defensa del capo guajiro Marcos Figueroa, alias Marquitos, una solicitud para que anulara la audiencia en la que el capturado rindió declaración dentro del proceso de extradición iniciado a solicitud del Gobierno de Colombia, y la Fiscalía General de la Nación.
El abogado alegó que durante el interrogatorio, ante el juez instructor Livio Marcus Gómez, no tuvo oportunidad de ejercer su defensa y de hablar con su cliente, lo cual fue desestimado por el magistrado Luiz Fux, quien tiene a su cargo el pedido de extradición.
Luego de esta decisión desfavorable para el señalado narcotraficante guajiro, capturado en Boa Vista, Brasil, en octubre de 2014, el proceso fue enviado a la Procuraduría General de Brasil con el fin de que esta se pronuncie sobre el trámite que debe resolverse en los próximos meses.
El tráfico ilegal de ganado y carne expone a Colombia
José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán.
Así funciona una de las modalidades de contrabando de ganado y carne en la frontera: un venezolano compra un animal en Colombia con bolívares adquiridos con tasa oficial. Ese animal puede costarle 3.000 bolívares. Lo transforma en carne en Venezuela y luego los traficantes traen el producto de contrabando a Colombia. El pago lo reciben en pesos y después lo cambia en dólares. Esas divisas las llevan al vecino país y las convierten en bolívares, con el mercado del ‘dólar negro’. Por el animal que compró en 3.000 bolívares termina recibiendo 407 mil bolívares.
“Es un negocio redondo”, subraya José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán. “El negocio es controlado por quienes ejercen su dominio en el territorio: las Farc, mucho más que las Bacrim pues son aliados”, agrega.
La modalidad es practicada hace más de una década y su mutación es de acuerdo a la divisa. Al Gobierno y a los ganaderos colombianos les preocupa el contrabando y cómo afecta al comercio de Arauca, Santander y Cesar, La Guajira, departamentos que comparten frontera con Venezuela, y también les preocupa el riesgo del status sanitario del país. “Es lo más complicado y delicado. Si un animal con fiebre aftosa ingresa desde Venezuela y se lo transmite a otro eso, inmediatamente, nos levanta el status que tenemos. Nos cierra las exportaciones de carne y productos lácteos de forma inmediata”, asegura Luis Humberto Martínez, director del ICA.
Hace un año ingresaron de contrabando unos cerdos provenientes del vecino país con peste porcina clásica y al ICA le costó todo un proceso sacrificar esos animales. En ocho meses de 2015, la Dian y las autoridades han reportado 19 aprehensiones de animales vivos en la frontera, que han sido valoradas en $278 millones. Para el mismo periodo de 2014 fueron 14 incautaciones por $420 millones.
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