Nuevos casos de irregularidades en contratos de alimentación escolar

Córdoba, La Guajira, Santander y Meta presentan “dispersión de recursos” en la ejecución de la alimentación escolar.

El Ministerio de Educación anunció medidas para un mayor control del Programa de Alimentación Escolar (PAE). La financiación de la estrategia será ahora compartida entre la cartera que dirige Gina Parody y las alcaldías y las gobernaciones. 

“Esta decisión se toma luego de evaluar que muchas entidades no aceptaron recibir los recursos del Ministerio en el presente año, pero sí ejecutaron recursos propios o de regalías en programas paralelos, presentándose desarticulación, falta de control en la operación y en ocasiones doble atención en una institución educativa”, indicó el viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Víctor Saavedra en rueda de prensa. 

“No sé hasta qué punto se puede hablar de corrupción”, aseguraron fuentes del Ministerio a esta publicación. Lo que sí es seguro es que en departamentos como Córdoba, La Guajira, Santander y Meta existe una “dispersión de recursos”. Estos mismos voceros aseguraron que existe un fenómeno en el que “el número de comidas no se corresponde con el número de matrículas de estudiantes”. 

En la Guajira, por ejemplo, el número raciones cuadriplica al número de estudiantes con matrícula oficial que asciende a 64 mil. El departamento, que “no aceptó operar los recursos del Ministerio destinados al PAE” de acuerdo con el viceministro, contrató un operador independiente por valor de 49 mil millones de pesos. Saavedra aseguró que “Existe un alto riesgo de corrupción en el departamento”.

En el caso de Córdoba, sí se recibieron los recursos del Ministerio, pero se contrató adicionalmente dos operadores por valor de 32 mil millones de pesos. 

Para el viceministro estas irregularidades en la implementación del programa son “preocupantes”. De ahí que se vayan a tomar medidas de cara al año que viene para evitar la “contratación paralela”. “El ministerio no ejecutará más los recursos del PAE, serán las gobernaciones las que tendrán que  hacer una bolsa común de todos los recursos para ejecutarlos”.  

Esto se articulará por medio del Decreto 1852, expedido el pasado 16 de septiembre, por el que se sientan las bases para una “responsabilidad compartida”. Una cofinanciación entre los diferentes actores: recursos transferidos por el Ministerio, los del Sistema General de Participaciones, regalías y los que asignen las Secretarías de Educación territoriales. 

Por el momento, el Ministerio está investigando varios departamentos, entre ellos los mencionados.  Los responsables de la cartera no se atreven todavía a tachar públicamente estas irregularidades de corrupción, pero si hablan de “alta probabilidad de desviación de fondos”. 

Esta situación contrasta con la que caracteriza a Medellín y Bogotá en términos de inversión destinada a la alimentación escolar. Las dos ciudades “financian en gran medida el PAE”, en palabras de Saavedra. La primera gasta 48 mil millones de pesos, mientras que la capital hace lo propio con 300 mil millones. 

En el caso de Cali, la recomendación es que “debe hacer un mayor esfuerzo a este respecto dado que es uno de los municipios más ricos del país”, concluyó el viceministro. 

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