No nos llamemos a engaño. No hace falta autolapidarnos con la respuesta de buscar detalles a lo Hércules Poirot, en la espiral de las hipótesis, para tratar de solucionar el acertijo en que se ha convertido la extraña muerte de Luis Andrés Colmenares. Un caso que se replica en todas las ciudades del país.
Un caso entre miles, en la Bogotá y la Colombia de presuntos homicidios no resueltos, lugar cada vez más común en los anaqueles judiciales del país, en la cual cabe Cartagena, en cuyas entrañas los homicidios se ha disparado tanto como el arsenal mismo utilizado para acometerlos en los últimos cinco años. Y aquí que pienso en una larga estela de asesinatos, casos no resueltos cometidos en esta ciudad: un ingeniero, una fiscal, un funcionario público, el líder político de un gobierno distrital, una alumna, un abogado, en fín. Todos aquí en Cartagena. Ningún autor pagando.
En la triste historia por entregas de Colmenares quien pierde, y es mi opinión, sigue siendo la familia del joven, porque el proceso parecería que avanza, de manera insalvable, hacia la impunidad si sigue como va.
Se trata de esa buena historia para la rapiña mediática y jurídica, un caso como se dice "con todos los juguetes": Con apellidos de postín de por medio, unas niñas 'bien' con caudal económico, varios abogados de pedigrí y un grupo familiar costeño al que le ha tocado ir perdiéndolo todo en busca de la verdad de unos hechos que terminaron con la muerte del hijo, orgullo de la familia.
La muerte del excelente estudiante de 20 años, de Ingeniería Industrial y Economía de Los Andes al tiempo, es un claro ejemplo de que las pruebas en eso que llaman la inteligencia puede no ser prenda de garantía para un fallo condenatorio, aunque estén bien sustentadas. Recuerdo el caso en el que a través de un cabello un investigador logró dilucidar, 20 años después, cómo fue asesinada una niña en un condado gringo, resarcidas las víctimas y castigados a cadena perpetua los torturadores asesinos.
Ni pensemos en que esos milagros se den en Colombia, tampoco en Cartagena. Parecería que la demostración de pruebas se ha convertido en una truculencia acomodaticia de hechos en la que con el paso del tiempo, las víctimas pasan a ser victimarios.
Volviendo al caso, como que se olvida que los Colmenares son las víctimas. Pero esa condición, en la maraña de hechos sucedidos durante el proceso, desde la fatídica noche del 31 de octubre de 2010, hasta aquí, parece que se difumina y se borra.
Para quien llegue a esta altura del caso, le parecerá que el padre de la víctima, por el tono airado, por su beligerancia ante los jueces, es quien merecería estar preso.
A ese padre le importó un bledo la última audiencia y salirse de la camisa en medio de la sesión, para gritarle a uno de los peritos forenses, contratados por las indiciadas, y ante la juez del caso, que dejara la "charlatanería" al tratar de demostrar con conceptos médicos y científicos que el joven murió por el golpe que recibió en el cráneo tras la caída, que él mismo se propicio, en el Caño El Virrey y que de paso, dicho golpe fue el que le produjo las otras contusiones y golpes. O que el resto de magulladuras fueron producto del arrastre que la corriente de agua le hizo al cuerpo, a pesar de que la profundidad o altura del causal era de unos 10 a 15 centímetros, según múltiples versiones.
Genial. Vaya explicación científica!. No nos sigan diciendo, pues, que somos tan estúpidos, que nos faltan cuatro dedos de frente para entender.
Cabe recordar aquí que un grupo de bomberos buscó desde las 4 de la mañana del 1 de noviembre de 2010 el cadáver y solo lo hallaron 16 horas después, cuando ya habían revisado el lugar donde apareció. También que las cámaras del sector desaparecieron y no hay registros y que además, una de las indiciadas presentó siete versiones diferentes sobre la supuesta caída del joven. Paradójicamente, en este caso hay testigos falsos condenados; un Fiscal separado del caso que tuvo que renunciar; un joven absuelto por falta pruebas muy cercano a las indiciadas.
Habrá pruebas contundentes, y debe haberlas en manos de alguien, pero que si las sabe o las guarda un testigo, no tendrá ni la más mínimas ganas de revelarlas, por temor a recibir una condena.
Y es lamentable, en términos generales de que haya una apatía desde la ciudadanía de quererse someter a los vaivenes de la justicia, por miedo de quedar como implicado en algún caso.
Creo que en el Código Penal, las pesquisa, la recopilación de pruebas y la organización de las mismas, en suma “la inteligencia”, junto con los seguimientos de casos en Colombia, ameritan un replanteamiento.
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