Fiscalía denuncia posibles
irregularidades en proceso que sigue a la exgobernadora Oneida Pinto.
La Fiscalía General alertó a los
Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la posible
existencia de irregularidades que presenta el proceso penal que hace curso en
un juzgado de Maicao, que investiga la posible responsabilidad de Pinto Pérez,
en delitos graves contra la administración pública.
Para el órgano acusador (Fiscalía
General) , ya se había detectado irregularidades que ameritan el cambio
de radicación del proceso lo cual que se adelanta en Maicao lo fue negado por
el Tribunal superior de Riohacha.
Ayer la Unidad Investigativa del diario
El Heraldo, publico la información acopiada por la fiscalía en la que indica en
uno de sus apartes: : Que el juzgado de primera instancia remitió al Tribunal
la solicitud de cambiar el lugar del proceso el 19 de julio pasado y el
recibido del Tribunal se suscriba el 24 de julio. Sin embargo, el reparto se
efectuó el 21 de julio. Es decir, se hizo el reparto del magistrado del caso
antes de que el oficio del juzgado llegara al Tribunal. Pero, además, la misiva
que envía el juzgado va dirigida con nombre propio al magistrado Jaime Antonio
Móvil Melo y, coincidencialmente, el reparto le corresponde al mismo togado.
El diario El Heraldo también conoció
las razones expuestas por el juez penal que lleva el caso para el cambio de
radicación.
El fiscal 28 Anticorrupción, Carlos
Castañeda, en la audiencia de acusación ante el Juzgado Segundo Promiscuo de
Maicao pidió que el proceso saliera de la península por cuatro razones de las
cinco estipuladas en la ley para solicitar que un caso cambie de radicación.
El investigador enumeró concretamente
los declarantes que estarían amenazados en lo que tiene que ver con su
seguridad e integridad personal: Xiomara Sánchez (vinculada al proceso y
testigo), Yan Kéller Hernández (vinculado y testigo como exalcalde de Albania)
y Hernando Pérez (testigo que se niega a declarar).
El 3 de agosto de 2017, el magistrado
ponente Jaime Móvil Melo decidió negar la solicitud de cambio de radicación
solicitada por el fiscal 28 Anticorrupción, que buscaba sacar de Maicao el
proceso de la exgobernadora y llevarlo a Bogotá.
En la providencia, el juez no da
respuesta a las consideraciones de la Fiscalía y se limita a rebatir el motivo
quizá más grave: las amenazas a dos de los testigos, lo que deja por fuera
además a los otros dos testigos que también dicen sentir temor por su vida.
Nativos de la Sierra Nevada denuncian
presencia paramilitar en el macizo montañoso, varios centros ancestrales han
sido incinerados.
Las autoridades tradicionales de la
comunidad arahuaca han solicitado la atención del gobierno nacional, ante la
ola de amenazas e incineración de sus Kankaruas y centros de ritos
tradicionales.
Según las denuncias hechas en Bogotá
ante los medios nacionales, desde el pasado mes de febrero están siendo por un
grupo compuesto por unos cien hombres armados que incursionaron en la comunidad
de Umuriwun y a invadir sus territorios. Dijeron que “no tenían ningún problema
con quemar el pueblo”, señaló uno de los líderes.
En un comunicado, los indígenas
señalaron que los hombres agredieron a los arahuacos presentes en el sitio y
quemaron espacios sagrados utilizados por los indígenas. “Desde entonces, el
pueblo permanece sitiado por estas personas entre las que se han identificado desmovilizados
de las Autodefensas Unidas de Colombia”, señala la comunicación.
Este año han sido atacados e
incinerados cuatro pueblos Arahuacos en la Sierra Nevada.
Los hechos corroboran la delicada
situación de orden público que se vive en los pueblos originarios de la Sierra
Nevada, así lo anota la procuraduría general de la nación que la semana
anterior solicito a la fiscalía general priorizar las investigaciones por la
incineración de 4 pueblos indígenas.
En un comunicado “El Ministerio Público
condena cualquier tipo de violencia contra los pueblos indígenas, y cualquier
intento de desanimar las luchas valientes y pacíficas que han emprendido por la
recuperación y protección a sus culturas y formas de vida”.
Para el Ministerio Público este
incendio representa no sólo la pérdida de estas invaluables construcciones
ceremoniales, sino también “la destrucción de siglos de memoria y de sagradas
dimensiones de sabiduría”.
No es la primera vez que el pueblo
Kankuamo ve destruidas sus kankurwas, por lo que la Procuraduría pide celeridad
en los resultados de las investigaciones, tanto de la Fiscalía General como de
las autoridades propias de los pueblos indígenas. El pasado 10 de enero de 2015
en Chemesquemena y el 14 de febrero de 2016 el pueblo Kankuamo fue víctima de
situaciones similares, que en otras culturas equivale al incendio de una
catedral o de una mezquita.
Policía incauta 210 kilos de dragas
pertenecientes a los Pachenca.
En cumplimiento de la “Operación Poseidón
Fase V”; uniformados de la policía logran ubicar una caleta enterrada con
estupefacientes, en hechos ocurridos en el sector de Rio claro zona rural del
municipio de Dibulla.
La acción de la policía se lleva a cabo
en todo el departamento procura contrarrestar el tráfico de alucinógenos,
permitió ubicar en un sector enmontado lo que sería un sitio para la
elaboración de alcaloides; en el lugar enmontado los uniformados encontraron 14
canecas plásticas que contenían en su interior 210 kilogramos de base de
cocaína y 56 litros de alcaloide.
Según el informe oficial del comando de
la policía, los insumos incautados iban a ser procesado para su dosificación,
distribución y comercialización en los principales municipios del Departamento.
La policía atribuye la propiedad de la
droga a la organización de los Pancheca, quienes dejan de percibir unos
novecientos millones de pesos, afirmo el alto oficial en un boletín de la
institución.
Gobernación de La Guajira anuncia
interés en recuperar la plata del Dengue.
Ahora el departamento inicio un proceso
que busca recuperan unos cuatro mil trecientos millones de pesos del leonino
convenio con la ONG Olfis de Bucaramanga, contrato que tiene enredado a varios
funcionarios de la administración del exgobernador José María Ballesteros
Valdivieso.
Gregorio Gutiérrez Torres, dijo
en su calidad de jefe de la oficina jurídica del departamento, trabaja una
estrategia que le permita a la administración departamental la recuperación de
los dineros girados hasta el momento al controvertido contrato que está en la
mira de la fiscalía general de la nación.
Es de anotar que el departamento cuento
con el apoyo del gobierno nacional que atreves del organismo de la defensa
jurídica del estado, viene asesorando a la gobernación en los procesos
judiciales que cursan en los juzgados civiles de Riohacha.
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