El pasado 18 de agosto las Comisiones
de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 y a los Decretos Leyes 4633, 4634,
4635, de 2011, integradas por la Procuraduría General de la Nación, la
Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y Representantes
de las Víctimas, hicieron entrega al Congreso de la República de los informes
de seguimiento a la política de atención y reparación integral a víctimas
étnicas y no étnicas en cumplimiento de la obligación consagrada en las citadas
normas.
En
estos informes se concluye que a pesar de los avances registrados, a escasos 4
años de terminar la vigencia de la Ley y los Decretos Leyes, persiste el grave
incumplimiento en la implementación de las medidas de atención, asistencia y
reparación integral, así como lo relacionado con el derecho a la participación,
y la restitución de derechos territoriales. El panorama es aún más preocupante
frente a la garantía de los derechos de las víctimas étnicas, pues la
estructura institucional no responde a sus necesidades geográficas,
cuantitativas, culturales y poblacionales.
En
el marco de la Ley 1448 de 2011, los recursos financieros que no dependen del
Sistema General de Participaciones se han reducido, a lo que se suman las
restricciones financieras del Estado en la actual coyuntura; lo cual hace
improbable un incremento de recursos para la reparación integral, que respecto
de la medida de indemnización apenas alcanza el 7% de la población.
La
ausencia de un plan financiero específico (CONPES) para la población víctima
étnica ha sido un obstáculo estructural para la puesta en marcha de los
Decretos Ley. Tanto así que la restitución de derechos territoriales
correspondió escasamente al 4% del presupuesto de inversión apropiado por la
Unidad de Restitución de Tierras para la vigencia fiscal de 2016. Asimismo, la
Agencia Nacional de Tierras ha informado que con la asignación presupuestal
actual, requeriría 78 años para superar las cuestiones no resueltas en materia
étnica y agraria.
Además
de las limitaciones presupuestales actuales, aún persisten problemas en la
coordinación y articulación de las diferentes entidades del Gobierno que
integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas y, más
aún, entre la nación y las entidades territoriales. Por tal razón, la Comisión
hace un llamado para que se implemente el modelo de corresponsabilidad y
se fortalezca el compromiso de las diferentes entidades en el cumplimiento de
sus obligaciones legales para contribuir a la reparación integral y
transformadora de las víctimas del conflicto armado.
Las
dificultades presupuestales y de articulación y coordinación impiden avanzar en
resultados. A la fecha ninguno de los 522 procesos de reparación colectiva
incluidos en el registro ha culminado. Se ha iniciado un proceso de
reelaboración de los planes de reparación colectiva por la incapacidad material
de cumplir con los compromisos incluidos en los planes y en algunos casos
persisten las críticas porque la implementación de las medidas no consulta con
las necesidades reales de las víctimas y las particularidades de sus
territorios.
En
materia de reparación individual los informes resaltan el escaso avance en la
indemnización administrativa de las víctimas, aún falta el 93% de la población víctima por
acceder a esta medida, así como de la incipiente aplicación de criterios para
darle prioridad a los adultos mayores, a quienes sufren discapacidad por cuenta
del conflicto o enfermedades catastróficas.
Las
medidas de prevención y protección carecen de enfoque diferencial étnico, pues
las evaluaciones de riesgo, las medidas adoptadas y los tiempos de respuesta no
tienen en cuenta las complejidades de los territorios, contraviniendo los
principios de oportunidad y eficacia que deben aplicarse en los programas de
protección. Se reitera la preocupación por la situación de vulnerabilidad,
amenazas y homicidios de los defensores de derechos humanos y líderes
sociales. Según las cifras de la Defensoría del Pueblo, la cifra de homicidios
entre el 2016 y el 5 de julio de 2017 asciende a 186 personas.
De
otra parte las
víctimas de violencia sexual aún siguen señalando falencias básicas en la
atención en salud física y psicosocial. La Estrategias de Recuperación
Emocional y el Programa de Atención Psicosocial Integral a las Víctimas no
tienen mayor cobertura y su implementación se retrasa cada año por aspectos
contractuales y presupuestales.
En
los informes se resaltan que en algunos casos persisten las limitaciones a la
participación de las víctimas; pese a la existencia formal de espacios y
mecanismos, estos son escasos y no se cuenta con los recursos para su
funcionamiento. Además, víctimas resaltan que su incidencia es poco efectiva en
la toma de decisiones.
Por
orden de la Corte Constitucional, la Unidad de Restitución de Tierras elaboró
un Plan Estratégico para la restitución de todos los predios despojados. Sin
embargo, se evidencia con preocupación la no inclusión explícita del tema
de derechos territoriales de las comunidades étnicas y la falta de medidas para
impulsar los procesos cuando se encuentran en la etapa judicial, teniendo en
cuenta que en esta etapa también se presentan cuellos de botella.
Ahora
bien, dado el atraso que se presenta en el proceso de restitución de derechos
territoriales y que la URT y la Mesa Permanente de Concertación definirán
los criterios, zonas, casos, y, tiempos para la focalización y puesta en marcha
de las medidas de restitución (Decreto- Ley 4633 de 2011; Art. 145); así como
la complejidad del proceso (p.e. la consulta previa) se hace necesaria la
estructuración de un Plan Estratégico para el proceso de restitución de
derechos territoriales de sujetos colectivos.
Por
último se hace un llamado para que el Gobierno Nacional y las entidades
territoriales, en el marco del sistema de corresponsabilidad, avancen en la
implementación y cumplan con sus obligaciones legales contempladas tanto
en la Ley 1448 como de los Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011 y se
destaca la oportunidad que representa el fin del conflicto y la implementación
del Acuerdo Final para avanzar en la satisfacción de los derechos de las
víctimas y en la trasformación de sus condiciones de vida.
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