En una sentencia de segunda instancia, el Consejo de Estado a través de la Sección Primera, confirmó la sentencia a la acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación y proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, ordenando al Gobierno nacional a concluir el proyecto Represa del Ranchería.
El proyecto estratégico pretende abastecer los acueductos de 9 municipios en La Guajira y los sistemas de riego en los distritos de Ranchería y San Juan del Cesar.
La acción popular fue interpuesta por el ente de control, alegando el incumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental, así como la vulneración a la existencia del equilibrio ecológico, del aprovechamiento racional de los recursos naturales y en la falta de acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y potable para el consumo humano en los municipios de San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Maicao, Manaure y Uribia.
El fallo del máximo organismo de lo administrativo ordena a las autoridades involucradas con competencias en el documento "Hoja de Ruta para la Terminación del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería”, elaborada por la Agencia De Desarrollo Rural, a ejecutar las gestiones interinstitucionales proyectadas y necesarias para finalizar el proyecto, que permitan alcanzar los propósitos planteados desde hace más de 15 años.
El fallo ordena a la Agencia de Desarrollo Rural – ADR- a iniciar los trámites administrativos, financieros y presupuestales necesarios tendientes a la terminación total del proyecto multipropósito
Finalmente, el Consejo de estado referenció
que la Presidencia de la República- Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República – DAPRE, deberá coordinar con las entidades
demandadas y demás entes competentes, incluir el proyecto del Acueducto
Regional o Subregional, en la alianza por el Agua y la Vida que viene
implementado en virtud de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos -CIDH-, priorizando el proyecto de ejecución
de las obras necesarias para conectar los acueductos a la represa El
Cercado.
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